La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) se manifestó este miércoles en contra de una iniciativa legislativa en Perú, que pretende penalizar la difamación en redes sociales y que agrava las penas por este delito hasta con siete años de cárcel.
La presidenta de la SIP, calificó de “lesivo a la libertad de prensa” el proyecto presentado la semana pasada por el congresista Clayton Galván, del grupo parlamentario Cambio 21, que modifica un artículo del Código Penal peruano a fin de incluir el “uso indebido” de las redes sociales como delito de difamación.
La propuesta además aumenta la sanción por difamación a entre cuatro y siete años de cárcel, en ésta última situación en caso el delito se haya cometido a través de medios de difusión como libros, prensa o redes sociales. En cualquier forma, las sanciones propuestas implican cárcel efectiva.
Domínguez, al igual que el presidente de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP, Roberto Rock, destacaron a través de un comunicado de prensa que la propuesta es “incompatible” con lo suscrito en la Declaración de Salta Sobre Principios de Libertad de Expresión en la Era Digital.
En dicho documento se destaca que los gobiernos “no deben inhibir con regulaciones las expresiones de interés público en el espacio digital, tampoco imponer sanciones agravadas por el hecho que sean manifestadas en dicho espacio”.
Agregó la SIP que la “diseminación maliciosa o deliberada de desinformación proveniente de actores estatales o privados” no debe ser repelida, como se destaca en la Declaración de Salta, con “mecanismos de censura ni sanciones penales, sino con la adopción de políticas de alfabetización noticiosa y digital”.
La SIP pidió tomar en cuenta propuestas de organismos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que insisten en “trasladar al ámbito civil las denuncias por difamación con el fin de proteger aún más las libertades de expresión y de prensa”.
En ese sentido, el organismo, con sede en Miami (Florida), saludó otra propuesta legislativa peruana presentada en abril que quiere despenalizar los delitos contra el honor y fortalecer el ejercicio de las libertades de expresión e información.
“Trae esperanza para que Perú se inserte en un grupo de naciones en las que se toma esta medida en concordancia con las convenciones internacionales y la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión”, dijo Domínguez.
La SIP dijo que uno de los promotores de esta iniciativa, el congresista Alberto de Belaunde, ha explicado que lo que propone el proyecto de ley es que las denuncias por delitos contra el honor sean atendidas en procedimientos civiles, con lo que la “amenaza de prisión no seguiría afectando la labor de la prensa”.
Rock recordó que la SIP ya ha hecho notar “el incremento en Perú de denuncias contra periodistas investigativos como instrumento para amedrentar y fomentar la autocensura”.
Puso como ejemplos las demandas contra Óscar Castilla, director de Ojo-Público.com, Edmundo Cruz Vilchez, del diario La República y el periodista Pedro Salinas, éste ultimo sentenciado a un año de prisión preventiva y a una multa de 20.000 dólares.
EFE.