El último intento de la primera ministra británica, Theresa May, de poner fin a meses de bloqueo parlamentario sobre su controvertido acuerdo de Brexit parecía el miércoles condenado al fracaso, tras decepcionar tanto a proeuropeos como a euroescépticos.
Haciendo concesiones que rompen con algunas de las líneas rojas que ella misma se marcó al iniciar la negociación con Bruselas hace dos años, May propuso el martes a los diputados una cuarta votación del acuerdo que incluya, entre otras cuestiones, la posibilidad de decidir sobre la convocatoria de un segundo referéndum.
Tras el plebiscito de junio de 2016, en el que 52% de británicos votó a favor del Brexit, Reino Unido debería haber abandonado la Unión Europea el 29 de marzo.
Pero el Parlamento rechazó estrepitosamente tres veces el Tratado de Retirada que May firmó en noviembre con Bruselas, lo que empujó a la primera ministra a aceptar un aplazamiento “flexible” del Brexit: hasta el 31 de octubre, aunque el país puede salir antes si halla una solución al bloqueo.
La primera ministra, que llegó al poder en 2016 con la misión de llevar a cabo la salida británica de la UE, tiene sin embargo los días contados.
Descontentos con su gestión, sus propios diputados conservadores la obligaron la semana pasada a aceptar que anunciará una fecha de dimisión en cuanto se celebre este cuarto voto, independientemente de su resultado.
Todo esto contribuye a un ambiente de caos político que está haciendo estragos en las empresas británicas: el miércoles las autoridades ordenaron la liquidación de la acería British Steel, con unos 4.500 empleados, que reconoció tener graves problemas de liquidez debido en particular al impacto de la incertidumbre del Brexit en su actividad.
“Un ritual doloroso”
La “nueva” propuesta de May, que sus detractores califican como más de lo mismo con algunos retoques, no convenció ni a los conservadores defensores de un Brexit neto ni a los laboristas partidarios de mantener estrechos lazos con la UE.
Así, en la víspera de unas elecciones europeas que Reino Unido nunca debiera haber celebrado, la primera ministra enfrentará a mediodía los ataques de diputados de todos los bandos, en la habitual sesión semanal de preguntas en la cámara baja del Parlamento de Westminster.
“Se han convertido en un ritual doloroso en un proceso tortuoso: la primera ministra presenta una visión para el Brexit y los diputados hacen cola para demolerla en la Cámara de los Comunes”, resumía la BBC.
En el plan presentado el martes, May incluyó -además de la posibilidad de un segundo referéndum- un voto sobre una eventual unión aduanera temporal y garantías de que se protegerán los derechos de los trabajadores y la protección del medio ambiente.
Son todas ellas reivindicaciones de la oposición laborista, pero que esta, quien negoció sin éxito con el gobierno durante seis semanas, considera implementadas de forma deficiente.
“La primera ministra tiene que aceptar hoy que lo que anunció ayer no va a funcionar y retirar la votación”, prevista para una fecha imprecisa a principios de junio, lanzó el miércoles en las ondas de la BBC el laborista Keir Starmer, responsable del dosier Brexit en el principal partido de oposición.
Según la prensa británica, hay incluso voces en el gobierno de May que intentan convencerla de no someter el plan al Parlamento para evitar una nueva humillación.
Preguntado al respecto, el ministro de Medio Ambiente, Michael Gove, dio a entender que la decisión se podría revisar: “creo que en el transcurso de los próximos días reflexionaremos sobre la forma en que la gente ve la propuesta que se ha presentado”.
Y uno de los más fervientes opositores a May y a su acuerdo de Brexit entre sus propias filas conservadoras, el ex ministro de Relaciones Exteriores Boris Johnson, fustigó la idea en Twitter.
“Ahora nos piden que votemos sobre una unión aduanera y un segundo referéndum. El proyecto de ley va en contra de nuestro programa, no votaré por él”, escribió Johnson, que ya se declaró oficialmente como candidato para suceder a May en las riendas del partido, del gobierno y de la negociación con Bruselas.
AFP