De aquellos polvos vienen estos lodos, reza el refrán castizo. Y traerlo a colación en estos tiempos de calamidad social grave en nuestro país, resulta lo más adecuado, sobre todo, cuando pensamos acerca del daño causado a la Nación por las expropiaciones llevadas a cabo por la tiranía.
Muchas son las ocasiones en que me he referido a las ideologías demenciales que han traído consigo hambre y desdichas a granel en los países en que han instaurado regímenes políticos.
El socialismo, en general, es una de ellas, con su carga de colectivismo e intervencionismo estatal, que en los casos más extremos conduce a situaciones aberrantes, conculcadoras de las libertades, por un lado, y por otro, destructoras de las bases económicas de la sociedad.
Tales ideologías son la causa primera de la locura expropiadora que se apodera de los regímenes socialistas. Los resultados de esta política son nefastos y están a la vista en los registros históricos.
Se parte de una idea tan sencilla como letal. La actividad económica debe ser tomada por el Estado, el cual representaría el interés de la sociedad en su conjunto, y así se evita que los propietarios privados egoístas se apropien de una ganancia que debe ser repartida entre todos, y quién mejor que ese ente para distribuirla en beneficio de todo el cuerpo social.
De este enfoque colectivista -“la propiedad es un robo”- han padecido muchos gobernantes, incluso no socialistas marxistas ortodoxos, como algunos gobiernos socialdemócratas.
En Venezuela, el chavismo es un ejemplo de esta ideología delirante.
Hugo Chávez expropió a diestra y siniestra mientras estuvo en el poder. Embriagado de poder y de dólares petroleros, expropió caprichosamente lo que se le ocurría (un ejemplo insólito: el Edificio La Francia en la Plaza Bolívar de Caracas, por cierto, propiedad de la Universidad de Oriente) y re-estatizó sectores que habían pasado a ser gestionadas más eficientemente por actores privados (SIDOR, CANTV).
La lista de empresas y actividades privadas que fueron arrebatadas de manera absurda a los sectores privados es larga. Van del petróleo, pasando por la manufactura hasta los servicios agrícolas.
Los fundamentos de racionalidad económica o de otra naturaleza, si las hubiera, no se encuentran por ningún lado, en ningún caso de expropiación. La explicación no es otra que la ideológica.
El daño causado a esos sectores y empresas es enorme. La acción del Estado chavista ha sido ruinosa con repercusiones directas en la sociedad en términos de productividad, inflación, escasez y empleo.
Sin embargo, peor es aún el daño patrimonial a la Nación que se deriva de los juicios entablados por los expropiados. Porque si bien quebrar unas empresas es una cosa de por sí perjudicial, otra secuela más grave es haber generado demandas mil millonarias, en las que el país ha salido con las tablas en la cabeza, porque no hay forma de defender en juicio, con argumentos jurídicos sólidos, evidentes arbitrariedades.
Nunca Venezuela había sido demandada ante entes jurisdiccionales y de arbitraje como lo ha sido en los últimos tiempos. Alrededor de 38 veces en el Centro de Arbitraje del Banco Mundial. Los costos de esos juicios son enormes, sin mencionar los mil millonarios montos de las condenas. Se dice que nada más en honorarios de abogados en el caso de Conoco Phillips, Venezuela ha debido pagar más de 40 millones de dólares, sin contar todas las expensas causadas por el proceso.
Activos internacionales valiosos de la República hoy están en riesgo cierto de perderse por una conducta irresponsable e injustificada de un régimen embriagado de poder e infectado con una ideología tóxica, que ha conducido a Venezuela a la crisis sin precedentes que vivimos.
Los causantes de este inconmensurable perjuicio al patrimonio de todos los venezolanos deberán pagar por ello. Y ese es sólo una parte del legado exterminador que dejó Hugo Chávez Frías.