El Parlamento de Nicaragua, controlado por el oficialismo, aprobó este sábado con carácter urgente una Ley de Amnistía que vendrá a absolver de responsabilidad a quienes han cometido delitos en el marco de la crisis que estalló hace más de un año y que ha dejado cientos de muertos y de detenidos, y decenas de miles en el exilio.
La iniciativa, propuesta por el grupo parlamentario sandinista, que es mayoría absoluta en el Congreso, concede “amplia amnistía a todas las personas que han participado en los sucesos acaecidos en todo el territorio nacional a partir del 18 de abril de 2018 hasta la fecha”.
La amnistía se extiende a las personas que no han sido investigadas, que se encuentran en procesos de investigación, en procesos penales para determinar responsabilidad y en cumplimiento de ejecución de sentencias.
Por tanto, según ordena la Ley, las autoridades competentes no comenzarán procesos de investigación, deberán cerrar los procesos administrativos iniciados y los procesos penales para determinar responsabilidad, así como la ejecución de sentencias.
Asimismo, las personas que se encuentran privadas de libertad al momento de la entrada en vigor de la Ley, deberán obtener su libertad de forma inmediata.
Las autoridades cancelarán los registros de antecedentes penales de todas las personas beneficiadas con la amnistía.
La norma cubre todos los delitos políticos y los delitos comunes conexos, exceptuando aquellos regulados en tratados internacionales que Nicaragua es Estado parte.
Las personas beneficiadas con la Ley deben abstenerse de perpetrar nuevos hechos que incurran en conductas repetitivas.
La inobservancia del principio de no repetición trae como consecuencia la revocación del beneficio establecido por esa Ley.
La iniciativa fue rechazada por los diputados opositores bajo el argumento que no ofrece justicia a las víctimas de las protestas contra el Gobierno de Daniel Ortega que comenzaron por unas impopulares reformas a la seguridad social.
También porque la Ley está basada en la tesis oficial en que las manifestaciones antigubernamentales se trató de un intento de golpe de Estado contra el mandatario.
A juicio de la oposición, con esa amnistía el Ejecutivo lo que pretende es liberar de acusaciones legales “a su gente”, entre los que mencionaron a la Policía Nacional y a los civiles armados que con las fuerzas de las armas levantaron los bloqueos en las vías que había instalado la oposición entre mayo y julio del año pasado para presionar al Gobierno.
Según el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), adscrito a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), el mayor responsable de la violencia que ha dejado cientos de muertos es el Gobierno de Ortega, que a mediados de 2018 se valió de policías y fuerzas “parapoliciales” con armas de guerra, para atacar a civiles.
La alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, se pronunció en contra de esa Ley, señalando que “el Gobierno tiene el deber de garantizar la rendición de cuentas y la justicia para las víctimas”.
“Las amnistías por graves violaciones de derechos humanos están prohibidas por el derecho internacional. Éstas generan impunidad, lo que puede llevar a más violaciones”, recalcó la alta comisionada.
Por su lado, el grupo Acción Penal, integrado por abogados que defienden a los denominados presos políticos, advirtieron que esa Ley “genera impunidad”, inseguridad jurídica, y limita los derechos y garantías individuales y colectivas de los opositores detenidos.
Esa Ley “constituye una estrategia política para beneficiar a personas que no se encuentran siendo procesadas o investigadas, pero que posiblemente pudieron haber incurrido en delitos en el contexto de la crisis política”, así como “un obstáculo para un verdadero proceso de justicia transicional en Nicaragua“, alertó.
Desde 1985 a la fecha se han aprobado 14 leyes de Amnistía en Nicaragua, 10 de ellas durante el primer gobierno sandinista (1979-1990).
La crisis de Nicaragua ha dejado al menos 325 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 594, y el Gobierno reconoce 199.
EFE