La Alianza Nacional Constituyente Originaria (ANCO), organización no partidista de la Sociedad Civil, hace del conocimiento público nacional y de la comunidad internacional, su posición ante la criminal crisis de subsistencia humana que hoy afecta a toda la población y desplazado cerca de cuatro millones de connacionales, así como el quiebre institucional de la República y su colapso como nación, que hace que la ciudadanía clame por una solución inmediata que ponga fin al régimen ilegitimo de Nicolás Maduro.
Ante el lento y confuso desarrollo de la ruta concebida: Cese a la Usurpación, Gobierno de Transición y Elecciones Libres, urge a las fuerzas democráticas del país darle a la estrategia un contundente golpe de timón, proponiendo nuevas alternativas que renueven la fe del pueblo venezolano en las vías constitucionales y democráticas para enfrentar la crisis.
Para ANCO, resulta intolerable que todavía exista un gobierno ilegitimo, ejercido a la fuerza, después de cinco meses de haberse seguido la ruta establecida en el Artículo 233 Constitucional y aún se mantenga Nicolás Maduro detentando el poder de manera ilegítima, ganando tiempo para prolongar la creciente agonía y padecimiento de los venezolanos. Todo esto nos obliga, tal cual insta y conmina el Secretario General de la OEA, Dr. Luis Almagro, a que los venezolanos asumamos directamente nuestra histórica responsabilidad en la solución de los graves problemas que afrontamos en defensa de nuestros Derechos Humanos, la sobrevivencia de la República y el Estado de Derecho que le es inherente.
La nación, así como la Comunidad Internacional, lucen expectantes, ante una serie de actuaciones de naturaleza contradictoria, que han aumentado la incertidumbre sobre la certeza de concretar la secuencia de la ruta anunciada, dándoles estatus político a quienes carecen de ello, por ser una criminal banda delincuencial que ha secuestrado al país y sus instituciones; actuaciones orientadas a legitimar la impunidad del régimen y su permanencia en el poder, privilegiando mediante ilógicas negociaciones dirigidas a participar en un proceso electoral parlamentario o general que conduzca a una transición, donde el régimen mantendría enclaves de poder, como la ilegitima Asamblea Constituyente, el ilegal Tribunal Supremo de Justicia, el actual alto Mando Militar, Fiscal General, etc, que les garantizarían adicionalmente hacer uso de los miles de millones sustraídos a la nación, transitar con éxito en la política y aprestarse en breve tiempo a retornar al poder, cercenando toda posibilidad de un Gran Cambio urgente y necesario para el país, privilegiando intereses particulares por sobre el interés supremo de la República, lo cual resulta ética y moralmente inaceptable para los venezolanos.
Adicionalmente los fracasos del ingreso de la ayuda Humanitaria por la frontera del Táchira y la supuesta toma de la Base Miranda de la Carlota, y la desacatada Ley de Amnistía, evidencian entre otras acciones, una imprevisión en la aplicación de la Ley del Estatuto para la Transición, hechos que seriamente evalúa la Comunidad Internacional que “hasta ahora” nos acompaña.
Además se ignora a la gran mayoría de los venezolanos, que aspiran que se desaloje el régimen con ayuda de la fuerza internacional, arguyendo la Responsabilidad que tienen los Estados de salir en la protección de los ciudadanos venezolanos (R2P) victimas que somos de delitos de Lesa Humanidad por parte del régimen, y que se apruebe a la brevedad la autorización contenida en el 187#11 Constitucional que da luz verde a misiones militares extranjeras de paz para el acompañamiento de Ayuda por lo que rechazamos cualquier iniciativa de transición que implique: convivencia o coexistencia, de impunidad o perdón de los crímenes y delitos cometidos por la tiranía.
En tal sentido el pueblo venezolano, fundamentado en el principio de Autodeterminación de los Pueblos y como depositario y titular del Poder Originario y de la Soberanía Popular en quien reside, debe ser resarcido en su derecho a determinar el destino de la nación en democracia y paz, (Artículos 5, 70, 333, 347 y 350 constitucionales). Como ciudadanos no investidos de autoridad y corresponsables del destino de la nación, nos sentimos en el deber de señalar caminos que coadyuven a solucionar la gravísima crisis institucional que atraviesa el país. En tal sentido,
Proponemos:
Que el pueblo ejerciendo directamente su Soberanía y Poder Originario, y asumiendo su deber de colaborar de manera efectiva con el restablecimiento constitucional, según lo contemplado en el artículo 333 de nuestra Carta Magna, decida mediante un PLEBISCITO sobre la continuidad de Nicolás Maduro Moros en el Poder. Este plebiscito se aplicaría a los venezolanos dentro y fuera del país y nos determinaría avanzar en el establecimiento de un Gobierno de Transición que inicie la reinstitucionalización y estabilización del país, el rescate de la democracia y la organización de unas Elecciones libres.
De esta manera los venezolanos manifestamos ante el mundo nuestra autodeterminación de ejercer directamente nuestra soberanía (artículos 5 y 70 de la Constitución), con la seguridad de que difícilmente pueblos y gobiernos democráticos se opondrán al mandato emitido por el pueblo soberano, origen supremo de las leyes, razón y soporte de la democracia. Para que esta solución pueda ser efectiva y viable debe estar convenida previamente con la Comunidad Internacional, cuyo apoyo será fundamental. Y en este sentido se deberá contar con ese compromiso internacional de apoyar al pueblo venezolano para lograr el estricto cumplimiento al mandato expresado en las urnas después de realizado el plebiscito.
Solicitamos al Ciudadano Presidente (E) Juan Guaidó Márquez, acoja esta propuesta electoral, incluyente, plural, y pacífica, expresión concreta de la Soberanía Popular; convocando a la brevedad este Plebiscito en ejercicio pleno de la Presidencia de la República, acorde con los artículos 7, 137, 232 y 236, a objeto de que en el marco de sus atribuciones constitucionales, junto a la Ciudadanía y Comunidad Internacional, se logre pleno restablecimiento del orden constitucional, económico, social y democrático, lo que representaría la salvación del país.
Preciso es señalar que El Plebiscito no está dentro del elenco de competencias del Poder Electoral, y ello en razón de que constituye uno de los “medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su Soberanía” (Art. 70 constitucional) y escapa -como fenómeno social, político y democrático- a la convocatoria y organización de los organismos del estado (CNE) ya que, a ella -la soberanía- están sometidos (Art. 5, aparte único). En tal sentido solicitamos el apoyo técnico de las organizaciones internacionales (OEA, UE) para garantizar un proceso plebiscitario libre y auténtico de acuerdo con los estándares internacionales. Asimismo, la convocatoria plebiscitaria de ninguna manera excluye que el Gobierno de Transición derivado de la decisión soberana del pueblo, solicite el auxilio de la Comunidad Internacional para ayudar a garantizar el orden interno y la paz necesaria requerida para convocar al país a unas elecciones libres.
La Alianza Nacional Constituyente Originaria, ANCO, reafirma su compromiso militante con las grandes mayorías venezolanas que aspiran a un país distinto, realmente descentralizado, privilegiando las autonomías regionales y de los municipios, como sujetos de su propio desarrollo local y nacional; donde el ciudadano ejerza a plenitud sus deberes y derechos; y en ese compromiso reiteramos nuestra firme disposición de adelantar oportunamente, junto a los venezolanos, para darnos un nuevo pacto social, en el que todos nos sintamos interpretados y dispuestos defenderlo, y que garantice ese Gran Cambio Necesario que reclama la República en el marco de un Nuevo Proyecto de País, que ANCO ha impulsado desde su fundación, para salir definitivamente del actual estado populista, centralista, rentista, militarista; y proyectarnos hacia un futuro próspero, desarrollado y moderno.
“En una palabra, mi querido general, yo no conozco más partido de salud, que el de devolver al pueblo su soberanía primitiva para que rehaga su pacto social. Vd. dirá que esto no es legítimo: y yo, a la verdad, no entiendo qué delito se comete en ocurrir a la fuente de las leyes para que remedie un mal que es del pueblo y que sólo el pueblo conoce. Digo francamente que si esto no es legítimo, será necesario a lo menos, y, por lo mismo, superior a toda ley: pero más que todo es eminentemente popular, y, por lo mismo, muy propio de una república eminentemente democrática.”
Simón Bolívar
Carta dirigida a Santander, Octubre de 1826
ALIANZA NACIONAL CONSTITUYENTE ORIGINARIA, ANCO
Caracas, junio 2019
Nota de Prensa