“Managua se ha vuelto una ciudad donde resulta más fácil agarrar una patrulla de policía que un taxi”, habrá dicho alguien con sarcasmo y poca exageración.
Por Fabián Medina Sánchez / Infobae
Las camionetPor Fabián Medina Sánchez / Infobaeas azul-celestes cargadas con efectivos de fuerzas especiales de la Policía, armas en ristre, inundan las calles de Managua. Patrullan a paso fúnebre. Atentos. Otras patrullas más permanecen apostadas en las rotondas, frente a algunas universidades, dentro y fuera de centros comerciales, hoteles, iglesias y la catedral, lugares que se han vuelto objetivos militares en una guerra que nadie más ve.
Basta que un grupo de ciudadanos se manifieste en la calle o, incluso, dentro de edificios privados, para que todo el dispositivo policial se active y se vea a las camionetas y motos policiales recorrer las calles como hormigas locas como si de capturar al mismo Osama Bin Laden se tratara.
Lo fácil que resulta “agarrar” una patrulla en Managua lo sabe el joven abogado Avil Ramírez Mayorga, quien el 24 de enero pasado salió solitario con una bandera de Nicaragua a colocarse en una calle central y a los pocos minutos fue llevado a la cárcel conocida como El Chipote. Unas seis horas después fue liberado.
“Agradezco profundamente sus muestras inconmensurables de solidaridad. Ayer en la noche fui liberado del Chipote y me mantengo con la misma fortaleza para seguir trabajando por una mejor Nicaragua para todos. Seguimos firmes y dignos. ¿Mi delito? Alzar nuestra bandera en alto”, dijo el joven en su cuenta de Twitter.
También lo saben la docente universitaria Ana Cecilia Hooker y el empresario turístico José Gonzalo Hernández Cáceres que fueron arrestados por la Policía el 19 de noviembre de 2018, después de alzar la bandera y entonar el Himno Nacional en una esquina de la norteña ciudad de Somoto. Acusados de “obstruir la vía pública” y “alterar el orden”, pasaron casi siete meses en la cárcel y solo pudieron salir mediante una ley de amnistía que promulgo el régimen de Daniel Ortega.
El abogado constitucionalista, Gabriel Álvarez, no la piensa mucho para diagnosticar el mal que padece no solo Managua, sino el país entero: “Estado de emergencia” de facto, como le llama la Constitución nicaragüense al “estado de sitio” o “de excepción”.
“En un estado de excepción se observan dos notas principales: por un lado, una suspensión de determinados derechos constitucionales y por otro lado un aumento de las facultades policiales en la administración pública. Las dos notas se observan en la cotidianeidad de los asuntos públicos, y como para hacer esto legalmente se sigue un procedimiento establecido en la Constitución, y eso no ha ocurrido, por tanto yo diría que sí, que estamos en un estado de excepción y es de facto”, explica el jurista.
El control policial ha obligado a los inconformes a buscar lugares protegidos para manifestarse, como los interiores universidades, centros comerciales y la catedral de Managua. Este domingo medio centenar de jóvenes se manifestaron en la Catedral con banderas azul y blanco y los rostros cubiertos, para evitar que los policías los identifiquen y lleguen luego a apresarlos a sus casas. El dispositivo policial rodeó la catedral, y atacó a los jóvenes con balas de goma y canicas.
“Ellos (el gobierno) han planteado una situación de estado de emergencia de facto porque interpretan acertadamente que sufren el rechazo y el repudio de la gran mayoría de la población nicaragüense que no les tiene temor y lo que han demostrado es una gran prudencia, una gran generosidad, una gran responsabilidad y no temor”, considera Álvarez. “Para evitar que la ciudadanía ejerza sus derechos políticos no les queda más alternativa que hacer caso omiso del derecho, para impedir esos derechos constitucionales, porque sienten que ponen en alto riesgo la estabilidad e incluso, la viabilidad de su gobierno”.
El defensor de los derechos humanos, Pablo Cuevas, interpreta esta militarización como un esfuerzo “para que las personas teman al Estado, al gobierno, y de esta manera callen y se sometan”. Pone como ejemplo las recientes alzas en los impuestos, la canasta básica y los combustibles que en países como Honduras detonan fuertes revueltas y en Nicaragua “poca gente se atreve a protestar”.
“Hay un estado de terror. Es un hecho”, dice Cuevas, quien es asesor legal de la Comisión Permanente de Derechos Humanos (CPDH). “Los usuarios vienen a nuestra oficina y nos preguntan si no hay policías de civil aquí en frente, si nos vigilan, porque eso es lo que está sucediendo, que la gente está siendo vigilada en sus barrios. Las organizaciones conocidas como CPC (Consejos del Poder Ciudadano), los gabinetes del Poder Ciudadano, su trabajo es estar espiando, estar vigilando, atentos a lo que hacen los demás ciudadanos y eso provoca terror”.
“Aquí hay una gran actividad de policías en las calles buscando cómo meter preso, golpear a alguien que va con su bandera o dice “patria libre” o cantar el himno. Tengo derecho a expresarlo, decirlo y no puedo hacerlo. Yo le podría preguntar a un ciudadano costarricense: ¿A vos te meten preso por ir con la bandera tica y cantar el himno nacional en un lugar público?”, dice el abogado.
Las estadísticas públicas no explican el incremento de la presencia policial. Solo dan algunas pistas. El informe de liquidación del Presupuesto 2018 del Ministerio de Hacienda, indica que la Policía tenía previsto capacitar el año pasado a 2.064 funcionarios, pero finalmente se capacitaron a 6,466. El aumento es notorio si se considera que en abril de 2018 estalló la crisis en Nicaragua que dejó más de 300 muertos y unos 600 presos políticos.
A la experta en temas de seguridad, Elvira Cuadra, le llama particularmente la atención un dato de ese informe: durante 2018 la Policía tenía programado atender a nueve mil “jóvenes en situación de riesgo”, como se les denomina a los jóvenes que integran pandillas o participan en actividades delictivas, pero se atendieron 102.573 jóvenes, sin que se explique por qué este inusitado incremento ni de dónde salieron los fondos para ello.
Algunos organismos de derechos humanos han acusado al régimen de Daniel Ortega de usar a jóvenes en riesgo para integrar las turbas y fuerzas paramilitares que atacaron las protestas, dirigidos por la Policía. Muchos de estos jóvenes habrían quedo integrados a la planilla de la Policía.
El sociólogo Cirilo Otero dice saber que hay un adoctrinamiento para los viejos cuadros de la Policía y los nuevos reclutas. “Hay unos discursos que la señora (Rosario Murillo) manda y los meten en una sala de videos, y escuchan por bastante tiempo y a veces repetidos los discursos que la señora emite. Son discursos de odio que plantean que la sociedad es su enemiga, que la sociedad los ve como criminales, como asesinos y por lo tanto la sociedad es peligrosa para esas personas que han tenido la responsabilidad de ser policías”.
Dice Otero que en parte eso explica el comportamiento que muestran los policías ahora en las calles. “El trato del policía es agresivo, te provoca. Te detienen con escopeta: ¿Para dónde vas? Y ahí estalla el conflicto. Es un estado de violencia infundido o creado precisamente con estos discursos de odio. Posiblemente ya no hay clase de derechos humanos o responsabilidad social en la escuela de policías”.
Sin respeto a las leyes, con una policía politizada y con los organismos de derechos humanos en el exilio o perseguidos, el ciudadano está indefenso. “Está totalmente desprotegido”, acepta Cuevas. “Las leyes son para eso, la Constitución es para eso, para proteger a los ciudadanos en el goce y uso de sus derechos constitucionales y humanos, pero en el actual contexto la Constitución Política y demás cuerpo normativo son solo enunciados románticos”.