Para la diplomacia norteamericana y los opositores al régimen de Nicolás Maduro afincados en Estados Unidos, que son quienes más han defendido de forma coordinada la necesidad de un cambio de régimen urgente en Venezuela, el informe presentado ayer por la alta comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos aqueja de un grave problema: detecta violaciones gravísimas, «que afectan directa e indirectamente a todos los derechos humanos», pero no propone medidas urgentes para ponerle coto a estas. Así lo reseña abc.es
Por David Alandete
Dijo ayer el jefe de la diplomacia norteamericana, Mike Pompeo, que «Venezuela está en jaque a causa de una dictadura asistida por extranjeros no invitados por el pueblo y expoliadores». En sus primeras declaraciones sobre la crisis en el país caribeño tras el informe presentado a la ONU, el secretario de Estado pidió de nuevo que haya elecciones «libres y transparentes», es decir, sin la injerencia del régimen, que sembró de irregularidades las presidenciales de 2018.
Según dijo ayer en Washington el embajador venezolano en EE.UU., el veterano opositor Carlos Vecchio, «después de este informe, debemos entender claramente que la única forma de detener estas atrocidades es a través de un cambio de régimen y de responsabilizar a todos los que cometieron estos delitos». Bachelet, sin embargo, ha decepcionado a los opositores que encabeza Vecchio al limitarse a proponer que el régimen «adopte de inmediato medidas para cesar, subsanar y prevenir las violaciones de los derechos humanos», sin pedir la marcha inmediata de Maduro.
Cree la diplomacia norteamericana, que mantiene reuniones habituales con Vecchio y otros opositores, que la materia prima sobre la que trabajó Bachelet es pobre de por sí. El representante especial de EE.UU. para Venezuela, el embajador Elliott Abrams, le recomendó hace días a la alta comisionada que visitara las cárceles del régimen, incluidas las de la inteligencia civil –el Sebin– y militar –el Dgcim–, algo que esta no hizo.
Después, Abrams ha dicho que esperaba que en el informe se instara «como han hecho tantas democracias del mundo, a que se lleven a cabo elecciones libres como factor central para la solución de la crisis en Venezuela».
Aunque no ha sorprendido en Washington, en el informe de Bachelet, de 18 páginas y plagado de detalles sobre graves violaciones de derechos humanos, no se habla de elecciones en ninguna ocasión. Para EE.UU. no hay otro orden de hechos que el de que Maduro salga del país y quienes queden de su Gobierno acepten a Juan Guaidó como presidente legítimo y faciliten así, a medio plazo, la convocatoria de elecciones libres, no manipuladas ni controladas por el régimen. Según Abrams, «el obstáculo a la posibilidad de una resolución pacífica sigue siendo la negativa de Maduro a dar un paso al costado».
Cómplice silencio
Opina Pedro Mario Burelli, un veterano e influyente opositor afincado en Washington, que fue director de Pdvsa, que «el informe Bachelet es devastador y hace imposible seguir en la indolencia. El contenido desnuda a una tiranía que merece un trato mucho más contundente y definitivo de la comunidad internacional. Si bien la responsabilidad de los miles de crímenes que se denuncian es de Chávez, Maduro y sus personeros, el mundo ha observado con cómplice silencio la destrucción criminal de un país y el maltrato sistemático a sus ciudadanos».
Caracas marchó
Venezuela cumplió 208 años de su independencia, y el presidente interino, Juan Guaidó, aprovechó para convocar a una gran manifestación que reavive las protestas sociales a favor del cese de la usurpación. La marcha tuvo además el objetivo de denunciar el asesinato, mientras recibía torturas, del capitán de corbeta Rafael Acosta Arévalo por manos de funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim) cuando estaba detenido por una supuesta conspiración para atentar contra las vidas de Nicolás Maduro y Diosdado Cabello.
Una multitud comenzó a concentrarse al mediodía (hora local) en los alrededores de la oficina de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), ubicada en Caracas. Se tenía previsto marchar hasta la sede militar del Dgcim, pero una barrera humana de la Policía Nacional impidió el paso de los manifestantes.
El recorrido transcurrió con normalidad. Guaidó en su discurso aseguró que un alto cargo del Dgcim le habría dicho «ya basta», sin embargo, no reveló más información. Del mismo modo, reiteró que el régimen de Nicolás Maduro ha sido el responsable de la muerte del capitán Acosta: «¿Quién dio la orden?», preguntó.
«Funcionarios públicos y miembros de las Fuerzas Armadas, formalmente se convierten en cómplices de Nicolás Maduro», expresó. Asimismo, dijo que el país «no aguanta más, necesitamos un cambio de Gobierno» y que no es solo en Caracas que se protesta sino en los otros 24 estados del país.
«La gran pregunta: ¿por qué llevan a un capitán en silla de ruedas a un tribunal? ¿Para que lo vea el mundo?», cuestionó Guaidó con relación a la aparición de Acosta, horas antes de su muerte. «Aquí con nosotros hay muchos presos políticos hoy (…) vamos a sanar el país a nuestra tierra», agregó.
Conmoción por la noticia
La muerte del capitán desató una ola de protestas, incluida la de la alta comisionada de los Derechos Humanos de la ONU, quien expresó haber estado conmocionada por la noticia. Pues la muerte de Acosta ocurrió días después de que ella visitara Venezuela para constatar el estado de los derechos humanos en el país petrolero.
Todo apunta a que Acosta Arévalo recibió una brutal paliza que le provocó la muerte. Los hallazgos médicos filtrados por el director de actuación procesal del Ministerio Público en el exilio, Zair Mundaray, evidencian que el capitán de corbeta tenía fracturadas «dieciséis costillas, el tabique nasal y un pie; excoriaciones en hombros, codos y rodillas; hematomas en los abductores, lesiones similares a latigazos en la espalda y signos de pequeñas quemaduras en ambos pies, que se presumen de electrocución».
Fuentes militares conocedoras del caso revelaron a ABC que el mayor Alexander Gramko Arteaga, director de Asuntos Especiales del Dgcim, «es el ejecutor de las operaciones de tortura y procedimientos especiales» y que bajo su mando se realizaron las «desapariciones forzadas y ejecuciones contra los militares enemigos del régimen».