Como fiscal militar sometió a civiles a juicios militares hasta que se le fue la mano con uno de los generales del golpe de Estado de abril de 2002 y fue amonestado. Como juez, pasó por tribunales en el estado Bolívar y en el Distrito Capital con más penas que glorias, entre ellas haber firmado la boleta de excarcelación de la heredera de un imperio mediático que ordenó asesinar a una estudiante universitaria. Pero siempre logró su reenganche en el sistema judicial venezolano. Ahora llega al Ministerio Público apadrinado por el ex juez y fiscal Jimai Montiel, en lo que es un nuevo paso firme en la politización de la Fiscalía.
Del fugaz paso del abogado Esaul Olivar por los tribunales del estado Bolívar entre los años 2006 y 2007, hay algunos recuerdos, ya no en las paredes del Palacio de Justicia local, donde solía pegar carteles con pensamientos de su agenda personal, sino en la memoria de quienes coincidieron con él. Los alguaciles, sobre todo, lo recuerdan sin especial cariño. Dicen que el entonces juez provisorio los acusaba injustificadamente de ser corruptos. A veces extendía la incriminación a algunos de sus colegas, una práctica que ha repetido en otras latitudes pero que también se le ha devuelto al recién designado fiscal superior del Área Metropolitana de Caracas.
Sus conocimientos del Derecho quedaron en duda durante el desempeño de los dos cargos provisorios para los que fue nombrado en sendos tribunales de esa entidad, al sur de Venezuela. Aún así, en 2008 fue nombrado juez provisorio en el Distrito Capital, donde estuvo apenas un mes en el Tribunal Cuadragésimo Sexto de Control, y el 21 de abril de 2014, un cuarto nombramiento como juez provisorio del Tribunal Cuarto de Ejecución de Los Teques, en el céntrico estado Miranda. Estos son los únicos cargos que tiene registrados el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) con su nombre, pero más recientemente, durante el año 2018, Olivar también se desempeñó como juez de Primera Instancia en Función de Ejecución de Sentencias y juez Segundo Penal de Control.
Aunque firmó la última de sus 258 sentencias el 25 de septiembre de 2015 –siempre de acuerdo con información publicada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y sistematizada como una base de datos por Armando.Info–, para el 1º de julio de 2019 seguía cotizando en el Instituto Venezolano del Seguro Social (IVSS) como empleado activo de la Dirección Ejecutiva de la Magistratura (DEM). Sin embargo, dos días antes de la consulta hecha al portal del IVSS para este reportaje, Esaúl Olivar había sido designado oficialmente fiscal superior del Área Metropolitana de Caracas, “un cargo de libre nombramiento y remoción”, según recordó el fiscal general de la República nombrado por la oficialista Asamblea Nacional Constituyente (ANC), Tarek William Saab, en la resolución número 1024, del 28 de junio de 2019.
De acuerdo con información del website de la Fiscalía venezolana, las fiscalías superiores tienen como competencia ejercer las funciones del Ministerio Público en la circunscripción judicial de cada uno de los 23 estados del país y el Distrito Capital. Entre las funciones de los fiscales superiores destacan la de coordinar y supervisar las actuaciones de los fiscales en las jurisdicciones respectivas, y asignar a los fiscales los casos que sean denunciados ante sus despachos.
Ahora Olivar es el superior jerárquico más importante que tienen los fiscales del Área Metropolitana de Caracas, ante los directores de línea del Ministerio Público. Además, es la autoridad más cercana que puede dictar traslados de fiscales, hacer inspección, dar órdenes de índole administrativa y procesalmente en los casos de la capital; y de él depende la Oficina de Flagrancia del Palacio de Justicia, en la cual los fiscales centralizan los casos que son objeto de presentación en los tribunales.
El portal del Ministerio Público venezolano todavía refleja el nombre de su predecesora, Shellys Yadira Bravo, como fiscal superior de Caracas. Pero quienes se vinculan con los tribunales venezolanos saben de la designación de Olivar y alertan de un nuevo paso en la politización de la Fiscalía General de la República, donde algunos fiscales reconocen obedecer instrucciones mientras que otros han optado por renunciar y denunciar que les decían que tenían que “acusar e imputar sin tener los elementos”.
Con el nombramiento de Olivar fue inevitable para muchos de los actores que se vinculan con la justicia rebobinar once años en sus memorias y recordar que, en principio, él no debía estar en el Poder Judicial. No desde que, el 2 de junio de 2008, emitiera una decisión favorable –que finalmente no se ejecutó– a Milagros de Armas, la heredera de un importante conglomerado de medios que ordenó el sicariato, en 2007, de una estudiante universitaria.
Quienes conocen sus antecedentes en el mundo militar, porque Esaúl Olivar es oficial retirado de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), y antes de ser juez fue fiscal militar, saben de una suspensión previa, vinculada a los hechos de abril de 2002, cuando fue momentáneamente depuesto el entonces presidente Hugo Chávez.
Pero aún sin el padrinazgo político que lo habría llevado a su primer cargo público, Esaúl Olivar siempre se las maneja para ser reenganchado, ahora de la mano del exjuez Jiami Montiel Calle, a quien el líder opositor Leopoldo López calificó como uno de sus “verdugos” tras recibir la ratificación de su condena en 2016.
Fuentes aseguran que Montiel Calle, no solo es “mano derecha” del presidente del TSJ, Maikel Moreno, sino que además es “muy amigo” de Saab y que, por esto, al ser este nombrado fiscal general por la ANC, en agosto de 2017, se lo llevó al Ministerio Público para que encabezara la Dirección contra la Extorsión y el Secuestro, luego la de Laboratorios Criminalísticos, y más recientemente la de Drogas.
Ahora, aseguran que es quien quita y pone a fiscales, como Olivar.
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