«Una injusticia contra uno es una amenaza a todos», es una frase atribuida al Baron de Montesquieu. La «violación colectiva» que durante años ha sido sistemáticamente infligida a la nación venezolana por una coalición de dictaduras, regímenes autoritarios, cárteles de la droga y redes financieras criminales transnacionales es una injusticia que puede revelarse como un peligro para todo el mundo democrático occidental. Tal vez no sea el Brexit, la inmigración islámica o los diferentes movimientos separatistas los que ponen en peligro el gran proyecto de la Unión Europea, sino la erosión de algunos de sus valores fundamentales. La forma en que la diplomacia de la UE ha manejado el asunto de la liberación de Venezuela ilustra muy bien esta erosión en términos de dobles estándares. En democracia, la toma de decisiones institucionales estratégicas no se debe dar basada en sentimientos viscerales, sesgos ideológicos o simpatías personales. Debería más bien basarse en evidencia empírica, informes de inteligencia y principios fundamentales.
La naturaleza del régimen chavista
En los últimos 15 años, la oposición venezolana se ha dividido en dos posiciones sobre la naturaleza del régimen chavista y cómo lidiar con él. Por un lado, hay una posición que sostiene que no importa en qué consista un eventual acuerdo institucional –cualquier cosa escrita en un papel, incluidos los resultados de unas eventuales elecciones– el régimen, por su propia naturaleza, terminará no cumpliéndolo, a menos de que exista un poder disuasivo que lo obligue. Esta posición reconoce la complejidad de la naturaleza transnacional y criminal del régimen, poniendo en el centro del problema la presencia en Venezuela de factores perturbadores extranjeros, específicamente Cuba, pero también las FARC, el ELN e incluso Hezbollah. Bajo esta perspectiva, el asunto no es un problema entre dos facciones opuestas en un país, sino un caso evidente de violación de la soberanía de Venezuela por parte de países extranjeros y organizaciones criminales que apoyan un régimen ilegal y criminal. En vista de esto, esta posición aboga por la necesidad de una intervención disuasiva internacional que contribuya a restituir la soberanía venezolana, el estado de derecho y a proporcionar la viabilidad necesaria para que un gobierno de transición se aboque urgentemente al desastre humanitario. Solo sin el régimen en el poder y sin la presencia de cubanos en la estructura del Estado venezolano, se podrían celebrar verdaderas elecciones libres.
Por otro lado, la otra posición de la dicotomía ha siempre propuesto exclusivamente soluciones electorales a la crisis, limitando la naturaleza del régimen al dictador y su entorno en el poder ejecutivo (sin necesariamente considerar los otros poderes del estado bajo secuestro). Esta posición evita nombrar y/o considerar la presencia de los factores extranjeros que sostienen el régimen, como la dictadura cubana, la influencia rusa, las guerrillas colombianas (FARC y ELN) y los vínculos con grupos terroristas. En otras palabras, no existe un problema de pérdida de soberanía y colapso criminal en el país, sino un problema de alternabilidad con un gobierno autoritario y corrupto, con el cual se puede eventualmente cohabitar y colaborar, tolerando altos niveles de impunidad a la corrupción, las actividades criminales y las graves violaciones a los derechos humanos. Por lo tanto, esta posición no acepta ninguna perspectiva que considere alguna forma de intervención disuasiva. Basta con celebrar elecciones con el régimen en el poder ignorando el hecho de que todos los poderes usurpados del Estado venezolano y la estructura criminal transnacional seguirían dominando el país incluso si un candidato de la oposición llegase a ganar las eventuales elecciones presidenciales.
Esta dicotomía también ha estado presente en la comunidad internacional con diferentes alianzas y manifestaciones de apoyo a una u otra posición. Dado el colosal tamaño del fraude a la nación venezolana – sin precedentes históricos (según diversos estimados por el orden de los 400 -700 mil millones de dólares) – hay muchos intereses internacionales superpuestos, y vasos comunicantes entre políticos nacionales y extranjeros, empresarios, banqueros, operadores financieros, bufetes de abogados, funcionarios de organismos internacionales, ONGs, partidos políticos, ex presidentes, periodistas y medios de comunicación.
Cíclicamente, cada vez que el régimen ha sido desnudado y acorralado por la legítima lucha civil llevada a cabo por la sociedad venezolana, surge un mediador internacional que logra imponer un “diálogo” que, queriendo o no, proporciona tiempo y legitimación al régimen. En este contexto, la Alta Representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Federica Mogherini, siempre le brindó apoyo a lo que al final resultaron ser las intervenciones señuelo del José Luis Rodríguez Zapatero. Como ciudadano de a pie, le escribí dos veces a la Alto Representante para expresar a la UE mi preocupación por la inutilidad y la inadecuación de estas mediaciones bajo las condiciones del momento.
La primera de mis cartas fue en 2016 cuando la intervención de Zapatero contribuyó a suprimir el derecho de los ciudadanos venezolanos a expresarse en un referéndum legal constitucional. La segunda vez fue en 2017, cuando la Alto Representante anunció el apoyo del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE a una nueva intervención de Zapatero, que esta vez contribuyó a desmovilizar la rebelión nacional y a dividir una vez más a la oposición venezolana. Finalmente, el mundo, y en particular la gran mayoría de los venezolanos, incluidos los líderes de la oposición que cándidamente habían participado en esos diálogos, comprendieron la falta de transparencia y claridad en las motivaciones de Zapatero, y los efectos nocivos que traían sus intervenciones.
En 2019, la Alto Representante propuso una estrategia alternativa para continuar apoyando la idea de unas elecciones con el régimen usurpador aún en el poder, y sin ningún reconocimiento explícito de la naturaleza transnacional y criminal de la tragedia venezolana. En esta dirección nació el Grupo de Contacto Internacional para contrarrestar la iniciativa hemisférica liderada por el Secretario General de la OEA, Luis Almagro. Mientras tanto, el exprimer ministro Zapatero desapareció de la escena, mientras que su ethos se veía herido debido al escándalo de su anterior embajador durante el período de Chávez, de quien se descubrió fue participe en una de las innumerables redes de corrupción chavistas. Al apoyar estas iniciativas de diálogo en el pasado reciente, la UE ha contribuido cíclicamente a dividir y aislar a la oposición política en Venezuela al obligarla a aceptar un diálogo que decepciona las aspiraciones y el mandato otorgado a la oposición por la mayoría de la sociedad civil que eligió al parlamento venezolano.
El resultado de la última reunión del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE (17/06/2019) revela una de dos cosas: o bien, la Alto Representante y el Consejo aún no están claros, o no han alcanzado un consenso, sobre la naturaleza del régimen venezolano, o, la actual diplomacia de la UE está sucumbiendo a una política de doble estándares.
Venezuela, Cuba y Sudán
Cualquier ciudadano venezolano de buena voluntad podría sentir envidia por el tratamiento que el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE le otorgó en su última reunión al caso sudanés en comparación con Venezuela. Además de Sudán, en esta reunión Venezuela y Cuba también estuvieron en la agenda. En el documento final, Venezuela fue despachada en cuatro líneas. El Consejo expresó una preocupación (genérica) por la situación política y humanitaria y reiteró su llamado a una solución negociada que conduzca a elecciones presidenciales libres, justas y creíbles, sin elaborar en cuales podrían ser las implicaciones en el contexto actual. Por otro lado, fácilmente se podría tomar la declaración completa de una página sobre Sudán y sustituir en todo el documento la palabra «Sudán» por «Venezuela».
Se obtendría así una declaración precisa y necesaria, de la cual la sufrida nación venezolana estaría eternamente agradecida. En esa declaración, el Consejo elogia cómo los civiles sudaneses “han exigido clara y valientemente un nuevo camino para su país, uno de democracia, pluralidad política, seguridad y prosperidad”. ¿Acaso los ciudadanos venezolanos no han sido lo suficientemente valientes para la UE? El documento continúa diciendo que «Un Sudán pacífico, unido, democrático y próspero sigue siendo crucial, incluso para la paz y la estabilidad de la región, y es una prioridad para la Unión Europea». ¿Con sus 600 000 ciudadanos europeos, Venezuela no es acaso una prioridad para la UE y para la estabilidad de la región? En Sudán, la UE condena enérgicamente los brutales asesinatos de civiles y atribuye inequívocamente la responsabilidad al régimen sudanés, instando a que «todas las violaciones de los derechos humanos y los abusos cometidos deben ser investigados de manera independiente y transparente, y los perpetradores de esos crímenes deben rendir cuentas por sus actos». En el caso de Venezuela, con los más de 700 presos políticos venezolanos, miles de casos de ejecuciones extrajudiciales y horribles torturas documentadas en la Corte Penal Internacional (y por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos), el pueblo venezolano nunca ha escuchado una declaración semejante de la Alto Representante y del Consejo de Asuntos Exteriores de la UE. Por el contrario, en Venezuela, se les pide a los perpetradores de esos crímenes que organicen y participen en unas elecciones que serán presuntamente libres. En el caso sudanés, el documento pide el cese inmediato de ejecuciones extrajudiciales y arbitrarias, torturas y desapariciones. Además, el Consejo exige que los civiles arrestados sean liberados de inmediato y que se eliminen las restricciones impuestas a la libertad de reunión y la libertad de los medios de comunicación. Por último, en Sudán, la UE expresa sus preocupaciones y exige que «los obstáculos para la entrega oportuna de la asistencia humanitaria deban eliminarse de inmediato» para proporcionar asistencia humanitaria a más de 8 millones de personas necesitadas, pero para la crisis humanitaria venezolana, quizá incluso de mayores proporciones, la UE pide elecciones presidenciales bajo esas condiciones desastrosas.
Sin reconocer la explotación económica por parte de Cuba en Venezuela y la activa participación de ese país en la sistemática represión perpetrada por el régimen venezolano, el Consejo de hecho defiende a Cuba de las sanciones de los Estados Unidos que tienen, entre otras cosas, la intención de presionar al régimen cubano para que cese sus violaciones a la soberanía venezolana.
La diplomacia noruega y los diálogos de Barbados
Los diplomáticos noruegos estaban entre los principales intermediarios en la reciente negociación de paz entre el expresidente colombiano Juan Manuel Santos y el grupo guerrillero FARC. No fue nunca un secreto que el presidente Santos estaba en campaña para ser nominado al Premio Nobel de la Paz mientras las negociaciones aún estaban en desarrollo. Independientemente de cómo se quiera interpretar los resultados de ese proceso de negociación, de hecho, se le otorgó el premio al presidente Santos. Esto podría de alguna manera lucir como si las instituciones noruegas indirectamente se dieran un premio a sí mismas. La paradoja no se detiene allí. En el período de las negociaciones, el presidente Santos arrestó en Colombia al líder estudiantil venezolano Lorent Saleh para entregarlo ilegalmente al régimen venezolano, que luego lo encarceló y lo torturó cruelmente durante cuatro años. Mientras Noruega otorgó el Premio Nobel al hombre que entregó al joven activista a sus torturadores, el Parlamento Europeo otorgó a Saleh el Premio Sajarov por su lucha y por las torturas recibidas. Un denominador común en la intermediación diplomática noruega en Colombia y la que ahora se propone para Venezuela ha sido el apoyo incondicional y hasta la participación de Cuba en tales negociaciones.
Al igual que la Alto Representante Mogherini, la diplomacia noruega también conceptualiza el caso venezolano como si fuera un problema de dos partes simétricas en discordia, que se pueden conciliar mediante técnicas convencionales de resolución de conflictos. Metodológicamente, un estudiante de Relaciones Internacionales debería considerar dos cosas: primero, la transparencia de las intenciones y la neutralidad del mediador. Segundo, la naturaleza de la «disputa», si es realmente una disputa, lo que tenemos de frente. Primero, para ser calificado como un mediador eficaz y neutral, y para ser convincente en este sentido, Noruega tendría que presentar una declaración pública que explique en detalle las relaciones pasadas y actuales de la compañía estatal noruega Statoil con el régimen venezolano y su alianza estratégica con la compañía rusa Rosneft para la certificación de las reservas de gas costa afuera de Venezuela. En segundo lugar, y aún más importante, los diplomáticos noruegos deberían hacer explícitas las premisas con las que entienden la naturaleza del caso venezolano. ¿Se trata realmente de un malentendido entre dos partes simétricas? Lo que realmente se necesita de la buena voluntad de la comunidad internacional no es la mediación en un diálogo con resultados ya predeterminados. Lo que se necesita es una misión internacional de determinación de hechos para despejar dudas sobre la verdadera naturaleza del régimen que rige en Venezuela e informar adecuadamente la toma de decisiones internacionales en el Consejo de Seguridad de la ONU. Dicha misión internacional debería despejar dudas entre otras cosas sobre:
– La extensión del control cubano sobre el régimen venezolano y la presencia de agentes cubanos en los servicios de inteligencia, en la gestión de la represión y la tortura, en las fuerzas armadas y en el sistema de identificación nacional.
– El control de los grupos guerrilleros colombianos de vastas extensiones del territorio venezolano y su participación en actividades criminales e ilegales en alianza con el régimen y las Fuerzas Armadas de Venezuela.
– La veracidad y extensión de las actividades ilegales en Venezuela de las organizaciones de Medio Oriente consideradas como grupos terroristas.
– La cantidad y diversidad de grupos paramilitares armados por el régimen.
– El estatus de los miles de casos ya documentados de violaciones de derechos humanos.
– La extensión de la crisis humanitaria y migratoria.
– La magnitud del saqueo internacional a la nación venezolana y la ubicación de los fondos (muchos de los cuales se encuentran en bancos europeos)
Según el nuevo informe presentado recientemente por la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Sra. Michelle Bachelet, y ahora respaldado por la resolución del Parlamento Europeo del 18/07/2019, no existe un solo derecho humano conceptualizado, que el régimen venezolano no haya violado sistemáticamente durante años. Estos incluyen los derechos civiles y políticos, la libertad de opinión y expresión, los derechos económicos y sociales, el derecho a la alimentación, el derecho a la salud, detenciones arbitrarias, tortura y los malos tratos, asesinatos, tortura sexual y abusos, ejecuciones extrajudiciales por parte de las fuerzas de seguridad, el derecho a la identidad, entre otros. El informe es dramático cualitativa y cuantitativamente. No es que estas violaciones fuesen desconocidas.
De hecho, el año pasado, el ex Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Zeid Raad Al Hussein, ya había emitido un alarmante y perturbador informe con el título «Violaciones de los derechos humanos en la República Bolivariana de Venezuela: una espiral descendente sin un final a la vista”, el cual fue inexplicablemente subestimado. ¿Suena esto como que si hubiese dos partes simétricas en discordia, que pueden negociar sus diferencias para alcanzar un consenso sobre verdaderas elecciones libres? ¿Por qué ha sido tan difícil para el Consejo de Asuntos Exteriores de la UE alinear sus políticas con las resoluciones del Parlamento Europeo?
¿Qué es exactamente lo que la UE y la diplomacia noruega respaldarían o propondrían en estos diálogos o negociaciones?
Si todos estos hechos son verdaderos, además del desiderátum no bien especificado de unas «elecciones libres» ¿respaldarán la UE y Noruega la permanencia en el poder de los funcionarios del Régimen en toda la estructura del Estado que están involucrados en violaciones graves de derechos humanos, corrupción y otras actividades criminales, mientras se organizan estas elecciones en medio de una devastadora crisis humanitaria de proporciones históricas? ¿Puede haber «elecciones libres» con agentes cubanos infiltrados en el Estado venezolano? ¿Son las supuestas elecciones libres un fin en sí mismo?
¿Creen la UE y Noruega que tales asuntos no comprometen la restauración plena de la soberanía del país, el retorno al estado de derecho, el pleno respeto de los derechos humanos y la posterior reconstrucción de las instituciones democráticas, la infraestructura y el tejido social del país?
Luis Emilio Bruni es profesor de la Universidad de Aalborg (Dinamarca). Ingeniero ambiental egresado de la Penn State University, con maestría en relaciones internacionales de la Universidad Central de Venezuela y PhD. en semiótica y teoría de la ciencia de la Universidad de Copenhague. Entre 2011 y 2017 fue elegido presidente de la Asociación Nórdica de Estudios Semióticos por tres periodos consecutivos y actualmente dirige un laboratorio de semiótica cognitiva en la Universidad de Aalborg.