El Procurador Especial de Venezuela, José Ignacio Hernández, respondió a las acusaciones en su contra por su participación como testigo experto en el juicio por la demanda de la empresa canadiense Crystallex tras su expropiación durante el gobierno de Hugo Chávez.
“Yo me separé del caso en marzo de 2019. Yo no he tenido que ver en las decisiones de este caso. Me inhibí precisamente para evitar cualquier señalamiento de conflicto de intereses. El testigo experto no es abogado de las partes. Nunca defendí la posición de Crystallex en el juicio ni promoví sus intereses. El testigo experto es básicamente un profesor de derecho público que de manera independiente le explica al Tribunal ciertos puntos del derecho venezolano”, dijo Hernández en entrevista en el programa Código 58 que transmite TVVenezuela.
El Procurador Especial designado por la Asamblea Nacional se calificó como un perseguido político.
“Hay que recordar que mi nombramiento fue anulado por la ilegítima Sala Constitucional que acordó de manera ilegítima dictar medidas en mi contra. Este anuncio de quien usurpa el cargo de Fiscal General, este señor que recordemos fue designado por la espuria ANC, no tiene autoridad de ningún tipo. Este anuncio de una investigación no es más que una clara demostración, otra más, de que en Venezuela hay una persecución política en contra de las legítimas autoridades de Venezuela. Lo lamentable es que algunas personas se sumen a esta persecución”, manifestó.
José Ignacio Hernández recordó que “todos los alegatos, todos los argumentos y toda la estrategia fue gestada bajo el régimen de Nicolás Maduro”, al referirse al juicio en Delaware, por la demanda de Crystallex.
Aunque está inhibido del caso, como abogado explicó el Gobierno del presidente Juan Guaidó podría plantear como nuevo argumento ante el Tribunal de Primera Instancia los cambios hechos en las juntas directivas de PDVSA y de CITGO.
“El Tribunal de apelaciones señaló que visto que el Gobierno del presidente Juan Guaidó introdujo nuevos alegatos relacionados con los cambios que aseguran la autonomía y la independencia de PDVSA y de CITGO, esos nuevos hechos podrían ser planteados por el Gobierno legítimo de Venezuela de nuevo ante el Tribunal de Primera Instancia. Esto significa que si todos los recursos que caben contra esta decisión, incluso ante la Corte Suprema de Justicia, fallan, y el caso vuelve al Tribunal de Primera Instancia, el Gobierno legítimo de Venezuela podrá explicar por qué ya no es posible sostener que PDVSA y la República conforman una unidad política vistos los cambios luego de que el presidente Guaidó asumiera la Presidencia de la República”, indicó.
El Procurador Especial reiteró que todas las reclamaciones legítimas van a ser reconocidas y sus pagos se enmarcarán en el proceso de renegociación de la deuda.
“El Gobierno del presidente Guaidó no pretende reescribir la historia convalidando las políticas de expropiaciones que se realizaron en el pasado. La reconstrucción económica de Venezuela solo es posible si hay un proceso de renegociación”, señaló en la entrevista en TVVenezuela.
Nota de prensa