Desde el Internado Judicial El Rodeo II, ubicado en Guatire, estado Miranda, el dirigente obrero de izquierda Rodney Antonio Álvarez Rodríguez, siendo trabajador de Ferrominera, se declaró en rebeldía. Le dice a la clase obrera y al proletariado mundial, que “me declaro en rebeldía, que he entendido que al reo que persigue este régimen es a la clase obrera, soy prisionero político, ya no le seguiré el juego a mis captores, no asistiré más a los tribunales, al palacio de la injusticia, ya no le seguiré el juego a la jueza Paolette Guevara ni al secretario del tribunal”. Así lo reseña infobae.com
Por Sebastiana Barráez
Álvarez explica a la manera brutal en que ha sido tratado, “me han recluido en varias cárceles del país, lejos de mi grupo familiar y de mis compañeros de vida, de trabajo”.
“Mi caso no reviste carácter penal. Como ciudadano tengo el derecho de demostrar mi inocencia, según lo que rezan las leyes burguesas del estado capitalista venezolano”.
Rodney se convirtió en un problema para la revolución bolivariana por la defensa que hacía de los derechos de los trabajadores de la empresa estatal Ferrominera ubicada en el estado Bolívar.
La empresa “me despidió, me quitó mi salario y los beneficios de los cuales gozaban mis tres hijos por contrato colectivo”, en la cárcel ha sufrido tres atentados contra su vida. “Hoy, producto de esto, me encuentro lisiado de mi mano derecha, sin que el estado que se jacta de que la cárcel del rodeo II es una cárcel modelo, no me ha garantizado ni seguridad y menos la atención médica”.
Narra que durante estos ocho largos años se han realizado pocas audiencias en el Tribunal 12 de Juicio donde “han podido declarar los testigos y expertos promovidos por mi defensa, quedando claro que no hay un elemento que me incrimine”. Las pocas veces que el juicio tiene un avance se interrumpe por culpa del juez y la fiscal.
El caso empezó el 9 de junio 2011, en el marco de una asamblea de trabajadores de Ferrominera del Orinoco, cuyo objetivo era elegir la comisión electoral del sindicato. Allí fue asesinado a tiros el obrero Renny Rojas, que según los asistentes a la asamblea y las cámaras de seguridad, el autor habría sido un directivo sindical y militante del PSUV.
Pero había interés en sacar del camino a Rodney y aprovecharon la situación para acusarlo. Lo hace Fiscalía y dos abogados privados financiados por el entonces gobernador del estado Bolívar y amigo personal de Hugo Chávez, general de división (Ej) Carlos Rangel Gómez, quien ahora vive en México. “Los abogados desistieron porque la gobernación ya nos les pagaba, manteniéndose como acusador únicamente el representante del ministerio público, quien no ha asistido a las últimas tres audiencias”.
Han sido ocho años negándole el derecho a la defensa. “El proceso se interrumpe y reinicia por octava vez. A los compañeros obreros que son claves como testigos y han declarado a mi favor, los han encarcelado”.
Cuenta que en la última audiencia el secretario del tribunal de la causa le dijo de manera alterada y con desesperación, ‘¿hasta cuándo Rodney? ¿Qué esperas tú? ¿Es que no quieres estar con tu familia? A ti te abandonó tu sindicato, tu primera defensa. ¿Hasta cuándo con esto? Nosotros estamos claro que tú eres inocente, que el asesino es Maican, pero la orden es que tú asumas los cargos y nosotros inmediatamente te damos un beneficio de libertad condicional bajo presentación, ya te falta poco, ya con ocho años que llevas, solo quedarás bajo presentación. De lo contrario te pudrirás aquí‘.
El perfil de sus captores
Destaca con cierta desolación que “echo mi mirada atrás para ver y recordar mis antecedentes, y solo recuerdo que soy hijo de proletarios, nacido en un barrio obrero del estado Bolívar, una vez cumplida mi mayoría de edad me fui a la fábrica a vender lo único que me ha pertenecido, mi fuerza de trabajo, a ganarme mi sustento, generando ganancia, plusvalía para el patrón”. Se pregunta si es por eso que lo condenan.
“Reviso la hoja de vida, los antecedentes de mis captores, de mi carceleros, y veo que el actual fiscal general, el abogado Tarek Williams Saab y su secretaria privada de despacho Dalia Vegas, son los mismos que en el 2009 cuando él era gobernador y su respectiva secretaria en el estado Anzoátegui ordenaron a un pelotón de 60 policías reprimir una manifestación de los compañeros de la empresa Mitsubishi que se encontraban reclamando un mayor salario, donde murieron por disparo los compañeros obreros Pedro Suarez y José Marcano”.
Dice que “el presidente del Tribunal Supremo de Justicia, abogado Maikel Moreno está incurso en el delito de asesinato primer grado contra un obrero en Ciudad Bolívar en 1987, así como el asesinato de un joven el 4 de mayo tres meses después del Caracazo de 1989, cuando dicho abogado era agente activo de la policía política Disip, ahora Sebin. Esos son mis captores, mis carceleros”.
Finalmente dice el obrero Rodney Álvarez “solo me resta decirles a mis captores, a mis secuestradores, en algún momento de la historia les corresponderá a ustedes sentarse, en el banquillo donde me tienen ahora, a rendir cuentas de todos sus actos y manos manchada de sangre de la clase obrera, y pueden estar seguro que se le brindara un juicio gratuito sencillo y expedito”.
El obrero Rodney Álvarez es un preso de un gobierno que se dice obrero. Se convirtió en objetivo de un gobierno intolerante, para quien la defensa de los trabajadores de Ferrominera constituye un agravio inaceptable. Por eso Rodney permanece preso desde hace ocho años.