A sus tribunales de control llegan, casi sin excepción, los casos políticos de mayor interés para el Gobierno de Nicolás Maduro: el atentado con drones, la intentona del 30 de abril, entre otros. Pero esa confianza depositada en ella por el chavismo parece guardar una proporción inversa a su desempeño como abogada litigante, salpicada de incidentes en medio de una larga racha de reveses. Hasta llegó a estar arrestada por la forja de un documento. Ahora es el brazo ejecutor de sentencias prestablecidas.
La primera vez que Carol Bealexis Padilla Reyes se metió en problemas por un documento del Instituto de Previsión Social del Abogado (Impreabogado) fue en 1998. En aquel entonces, en el marco de una averiguación penal, el organismo emitió un escrito en el que aseguraba que Johann Francisco Arretureta Guevara, un hombre de 37 años al que acusaban de extorsión por hacerse pasar por letrado sin serlo, efectivamente no era profesional del Derecho.
La joven Padilla, quien apenas dos años antes había recibido su título de abogada de la Universidad Santa María (USM) de Caracas, intentó salvar a quien muchos años después se convertiría en su marido: falsificó un documento, junto a la hermana de este, en el que Impreabogado supuestamente certificaba a Arretureta como abogado. Lo enviaron al tribunal que llevaba la causa, la jueza y el inspector detectaron la irregularidad, y a ellas no les quedó otra opción que reconocer su autoría, por lo que resultaron detenidas preventivamente.
Pero la carrera de Padilla, entonces de 25 años de edad, no se truncó por ese incidente. Todo lo contrario: a más de dos décadas de distancia, es hoy la jueza por cuyas manos, en fase de control, han pasado los expedientes de los más recientes y renombrados casos políticos, entre otros, el del atentado fallido con drones contra Nicolás Maduro, del 4 de agosto de 2018, y el intento de golpe de Estado del pasado 30 de abril de 2019. Esos y otros casos no solo tienen en común a la jueza Padilla. Aunque con protagonistas distintos, también comparten irregularidades y un retraso crónico.
En 2017 Padilla se convirtió en brazo ejecutor de la que catalogan como una “dictadura judicial”, aunque posiblemente no lo sea por mucho tiempo más. De hecho, ya ha comenzado a perder poder. A principios de agosto de 2019, le quitaron uno de los tres tribunales que controlaba: el 2º de Primera Instancia en Función de Control en materia de delitos de Terrorismo con Jurisdicción Nacional, por lo que quedó a cargo del 1º de control de terrorismo y del 20º de Primera Instancia en Función de Control de Caracas.
Su nombre, sin embargo, ya se sumó a la lista de otros “juristas del horror”, jueces que estuvieron en su posición antes, algunos de ellos con antecedentes penales, como ella, que se mostraron leales al Gobierno hasta llegada la hora -en algunos casos- de caer en desgracia: como Alí Paredes, quien conoció los casos de la jueza María Afiuni y del narcotraficante Walid Makled, y que tras condenar a este fue detenido por la policía política; Miguel Graterol, quien llevó los casos del exalcalde Antonio Ledezma y del otrora estudiante Lorent Saleh, y terminó siendo destituido por otro caso; el mismísimo Maikel Moreno, quien jugó un rol importante en el caso del excomisario Iván Simonovis, y quien también después fue destituido de un tribunal de apelaciones por haber cometido “graves errores judiciales inexcusables” en la liberación de unos sospechosos de homicidio, aunque luego fue reenganchado y hoy en día preside el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ); o Gumer Quintana, quien llevó el caso del fiscal asesinado Danilo Anderson, y también fue suspendido de sus funciones a posteriori.
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