No solo en el continente, también en otras partes del mundo habrá cuestiones que revisar, reordenar, investigar, eliminar, ajustar, impugnar o denunciar. Centenares de acuerdos, negociados, intercambios o tratos sin soporte legal, contrarios al interés nacional, violatorios de la Constitución y las leyes respectivas, que se hicieron con gobiernos o empresas de China, Rusia, Bielorrusia, Irán, Corea del Norte, Turquía, Vietnam, la India y algunos otros. Desde 1999 se han anunciado acuerdos, viajes de delegaciones, comisiones, intercambios, firma de contratos, obras diversas, creación de empresas y de proyectos de infraestructura, que no se hicieron, que se abandonaron al poco tiempo, que se interrumpieron o que se derrumbaron. ¿Podríamos tener tan siquiera una somera idea de cuánto han costado los viajes de Chávez, Maduro, centenares de ministros, miles de funcionarios, asesores, familiares, queridas, queridos, asistentes, amiguetes, guardaespaldas, niñeras, médicos, enfermeras, cocineros y más? ¿Tenemos derecho a saber a cuánto asciende el monto de los gastos incurridos por los constantes viajes de funcionarios venezolanos a Cuba? ¿O los de Padrino López a Rusia? O, a la inversa, ¿será posible investigar y saber cuánto han costado a la nación venezolana las visitas de las Marta Harnecker, los Juan Carlos Monedero, los Maradona, los Danny Glover, los Ramonet, las Hebe de Bonafini, las Eva Golinger y otros varios centenares de parásitos comunistas, usufructuarios de la industria petrolera venezolana?
A esto voy: realmente no tenemos una idea de la extensión y profundidad del modo en que se han dilapidado los bienes y los recursos venezolanos. Becas, donaciones, viáticos, ayuda, boletos aéreos, pagos de hoteles, de restaurantes, asesorías, contribuciones para los más diversos fines, alcanzan una cuantía única en el mundo: miles de millones de dólares. La destrucción del patrimonio nacional no se limita a los grandes hechos de corrupción: también se ha producido un desangramiento constante a través de estas prácticas burocráticas y frecuentes que, en otra escala, también son corruptas y abusivas.
En cuanto se produzca el final de la dictadura, no solo saldrán a la superficie los hechos menos visibles de la gigantesca operación de robo que es y ha sido la revolución bolivariana. También se producirá la aceleración del derrumbe de las otras dos dictaduras comunistas que se mantienen en Centroamérica: la de los hermanos Castro en Cuba –ahora mismo atendida por uno de sus funcionarios más serviles, Miguel Díaz Canel–, y la que encabezan Rosario Murillo, Daniel Ortega y el resto de los miembros del cartel Ortega-Murillo en Nicaragua.
La relación del chavismo-madurismo con Cuba se constituirá en el más abundante capítulo de la corrupción en estos veinte años. Probablemente no hay en la historia del mundo un caso semejante: que el poder gobernante de un país tenga como su principal política económica la de trasvasar, a través de toda clase de mecanismos, algunos de ellos abiertamente ilegales, la mayor cantidad de recursos financieros que sea posible.
Porque no se trata solo del regalo en crudos y combustibles. Eso es una parte, la operación más escenográfica de todas, que nos impide ver las demás. Chávez y Maduro le han entregado al castrismo el control y cuestiones clave relativas a la seguridad nacional, operaciones empresariales, importaciones, recursos ingentes a cambio de servicios o asesorías que no existían, se han financiado la reparación o reconstrucción y hasta la construcción de obras de infraestructura, que se disfrazaban en partidas de inexistentes proyectos de mantenimiento de autopistas, carreteras, escuelas y hospitales en Venezuela.
En una medida menor, pero haciendo uso de técnicas semejantes, el régimen, otra vez con dineros nacionales, de forma inconsulta, ilegal y secreta, ha financiado la dictadura de Murillo y Ortega, ha enviado escuadrones para reprimir y disparar a sus ciudadanos, ha creado mecanismos para lavar los dineros productos de la corrupción, ha sido impulsor de políticas semejantes para destruir los medios de comunicación y liquidar el derecho ciudadano a estar informado.
Primero se acabará la dictadura en Venezuela. Y, una vez que el menguado goteo de recursos se acabe de una vez por todas, le seguirán las de Nicaragua y Cuba.
Publicado originalmente en El Nacional