Un hombre señalado como pieza clave en la desaparición de los 43 estudiantes mexicanos de Ayotzinapa fue liberado por un juez, lo que desató el martes la condena de familiares de los jóvenes que denuncian deficiencias en la investigación.
Según abogados de los familiares de los estudiantes, quienes tienen acceso al expediente que por ley se mantiene en reserva al ser un asunto penal, el juez federal a cargo de la causa absolvió a Gildardo López Astudillo, alias ‘El Gil’, que fue liberado el sábado pasado.
Este individuo fue capturado en septiembre de 2015, un año después de la desaparición de los 43 estudiantes de la escuela de maestros rurales de Ayotzinapa, en el sureño estado de Guerrero, donde ocurrieron estos hechos que desataron una ola mundial de indignación.
“Es la primera sentencia absolutoria dictada en el caso y confirma el fracaso judicial de la investigación”, señala un pronunciamiento de familiares de los jóvenes y de organizaciones sociales que los han acompañado y asesorado legalmente.
Suman más de 40 los detenidos que han sido liberados por distintas deficiencias en la investigación de este caso, especialmente el uso de tortura para obtener confesiones. Pero López Astudillo es el de mayor perfil.
El pronunciamiento subraya que uno de los factores que influyó en que las pruebas de las acusaciones contra López Astudillo fueran desestimadas es que el detenido habría sido víctima de “violaciones graves a derechos humanos” tras su arresto.
Las investigaciones fueron iniciadas en 2014 por el fiscal designado por el presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), en el anterior gobierno. Tras la llegada del izquierdista Andrés Manuel López Obrador a la presidencia y la entrada en funciones de un nuevo fiscal, se prometió reencauzar la investigación.
Esta liberación demuestra que “la actual fiscalía general no ha tomado ninguna medida para corregir las deficiencias de dichas acusaciones”, añade el comunicado.
López Astudillo, quien tenía 36 años al momento de ser capturado, era cabecilla del cártel Guerreros Unidos en las ciudades de Iguala y Cocula (Guerrero) y según la acusación, era “el autor material” de la desaparición.
La noche del 26 de septiembre de 2014, los jóvenes acudieron a Iguala a secuestrar autobuses de pasajeros para usarlos para viajar a una protesta.
Según la hipótesis de la fiscalía durante el anterior gobierno, los estudiantes fueron detenidos esa noche por policías de Iguala coludidos con Guerreros Unidos, a los que habrían entregado a los jóvenes al creer que eran miembros de un grupo rival.
Los narcotraficantes habrían asesinado a los 43 estudiantes para luego incinerar los cuerpos y arrojar las cenizas a un río, de acuerdo con esa misma teoría.
Pero una investigación independiente de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos cuestionó duramente esta hipótesis.
AFP