Ayuda del gobierno local o nacional del país donde se encuentren, apoyo del Consulado venezolano en algunos casos y solidaridad de propios y extraños, son las opciones con las que han contado familiares de criollos que en la búsqueda de un futuro mejor en otras naciones encontraron la muerte por diversas causas, para poder repatriar sus restos. Pero no todos los cuerpos retornan al suelo patrio para descansar en paz y su última morada termina siendo el territorio que los acogió, algunas veces en calidad de personas no identificadas.
Es una de las caras más trágicas de la diáspora venezolana que recorre el mundo y uno de los temores de expertos en el sentido de no contar con un registro duro que permita comprender la magnitud de la tragedia y tomar los correctivos necesarios.
“La crisis migratoria venezolana ha ido creciendo, hay 5 millones y medio de venezolanos fuera del país, pero hay otros fenómenos que pasan desapercibidos, son invisibilizados como por ejemplo las mujeres que han fallecido en el exterior en los últimos años en el proceso migratorio o al llegar al sitio de destino. Es muy difícil trazar toda la migración porque muchos no se pueden registrar, los datos existentes en una investigación que hemos realizado son la punta del iceberg para denunciar una situación porque no se pueden totalizar los casos por falta de información. Hay muertes en el exterior que se quedan en un limbo y no queda registro”, advirtió Diego Battistessa, investigador del Instituto Universitario de Estudios Internacionales y Europeos Francisco de Vitoria, Madrid, España, durante el programa radial La Voz de la Diáspora.
El docente expresó que es alarmante el hecho de que en los últimos dos años y medio se hayan contabilizado a través de informaciones de medios de comunicación de los distintos países, 120 casos de damas muertas fuera de las fronteras venezolanas bien sea asesinadas, por accidentes viales o de otro tipo o por motivos de salud y no haya un revuelo internacional al respecto. “Si tuvieran nacionalidad europea ya se tendrían comisiones de la ONU (Organización de las Naciones Unidas) en tema de género para investigar”, rechazó.
Es por informaciones de prensa internacional que se puede conocer en algunos casos si los cadáveres de estas mujeres o de hombres, niños y ancianos fueron devueltos a territorio nacional para ser sepultados, quién o quienes colaboraron para que fuera posible o si debieron quedarse por falta de recursos.
Es el caso de Carlos Mendoza Villanueva de 20 años y Eduardo Flores Gutiérrez de 19 años, quienes murieron en Valparaíso en Chile el 13 de agosto de este año luego de un derrumbe en la zona.
Autoridades de la región informaron que el traslado de los jóvenes a su ciudad natal de Valencia, estado Carabobo, sería costeado por el Gobierno de Chile.
Otro accidente reciente involucró a tres adultas y dos niñas en Quito, Ecuador. Rosemary, Rossimary Ángeles y Tailin Mendoza de 26, 24 y 4 años (las dos últimas), además de Eliscar Camacho de 19 años, amiga de las víctimas, resultaron asfixiadas por inhalación de monóxido de carbono en la vivienda donde se hospedaban al dejar una hornilla de la cocina encendida. Desde Maturín, Monagas, la madre de las hermanas mayores y abuela de las pequeñas, Yeira Mendoza, hizo un llamado a la gobernadora Yelitza Santaella y a Nicolás Maduro para que la ayudaran a traer a Venezuela los restos, pues la repatriación cuesta alrededor de 15.000 dólares.
“El traslado de mi hermana se tramitó por el Consulado del país (en Canadá). Nos ayudó también que la conocía mucha gente que colaboró (económicamente) e incluso desconocidos que se conmovieron con lo que le ocurrió”, comentó Shirley García, hermana de Charlie García de 36 años, asesinada (por ahorcamiento) en Montreal en 2015. En su momento, familiares de la joven músico informaron que la Embajada de Venezuela en el país norteamericano y el Consulado en Montreal aportarían 1.500 dólares cada uno a los fondos recabados para la repatriación, también hubo una recaudación por redes sociales. Los restos de Charlie descansan en el Cementerio del Este.
Lejos de casa En la localidad de Riohacha en Colombia, Sonia Bermúdez, quien se identifica como médico forense dirige y administra un cementerio llamado Gente como Uno en terrenos de su propiedad, donde brinda cristiana sepultura a cuerpos sin identificar en la zona. La mujer con larga trayectoria en el oficio reveló que en principio se trataba de víctimas del conflicto guerrillero pero en los últimos años está tendiéndoles una mano a venezolanos cuyos familiares no cuentan con recursos para repatriar el cuerpo o a cadáveres sin reclamar.
Bermúdez indicó que las causas de muerte van desde accidentes viales hasta eventos de salud como trabajo de parto o infartos y que entre finales de 2017 y principios de 2018 había enterrado al menos a 30 criollos en el declarado oficialmente como camposanto en 2017. Las autoridades locales han colaborado con la donación de cuatro hectáreas de tierras municipales aledaños para su ampliación.
“Ella se está haciendo cargo de algo que debería corresponder a los consulados, es un tema del Gobierno de Venezuela que debería tener fondos para repatriar los cuerpos de quienes se vieron obligados a salir del país para un futuro mejor y que encontraron la muerte”, expresó Battistessa.
El sociólogo experto en temas de migración, Tomás Páez, también cuestionó que pese a formar parte de sus funciones la administración de Nicolás Maduro no se ocupe de representar a los venezolanos en el exterior y se encargue de prestar apoyo en situaciones como los fallecimientos.
“Hay que agradecer en el alma a todos los países América Latina por la forma en que han recibido a la migración venezolana sin papeles, vacunándolos porque si no es así se crearía una pandemia en la región producto de que en Venezuela no hay vacunas, hay redes de alimentación, de apoyo, con la cooperación regional, que uno podría decir: pudiera ser mejor, pudiera ser mayor sí, porque si uno calcula la inversión que se hizo con la migración Siria lo que se ha hecho con la venezolana es muy poca y es un llamado a una mayor participación (…)Un millón 600 mil personas se han ido a Colombia, el equivalente a toda la migración que recibieron los 28 países europeos de la migración Siria, hay casi 900 mil en Perú y 350 mil venezolanos en Ecuador”, apuntó Páez.
Desde prensa de la Agencia de la ONU para los Refugiados Acnur se indicó que en algunos casos apoya si la persona fallecida se encuentra en algún campamento o si el deceso se produce en tránsito a pie luego de cruzada la frontera con los países vecinos, pero en general el trámite de repatriación, sugiere, debe hacerse en los consulados. El registro de tales eventos manejados por un equipo jurídico son confidenciales “salvo que sea una figura pública o una persona vinculada con un grupo armado”.
De acuerdo con autoridades de la Guajira en Colombia en declaraciones al diario El Tiempo, la zona fronteriza es donde más impactan los costos del traslado o el funeral de criollos. Un reporte de medicina legal de Arauca reportó 23 venezolanos muertos hasta julio de 2018. Algunos de esos cuerpos no los había reclamado nadie, mientras que la alcaldía pagó la repatriación de 4 cadáveres al estado Apure, valorados en 1,2 millones de pesos cada caso.