La vigencia de la Constitución de 1999, desde el referendo consultivo del 15 de diciembre, ha sido un motivo recurrente de lucha unitaria de las fuerzas democráticas para derrotar el proyecto chavista, sobre todo después de la reforma que pretendió imponer Chávez en 2007 y que fue rechazada por la mayoría. Es lo único que nos queda para unificar un país viable, con instituciones destruidas, para aglutinar en un espacio común un marco de convivencia consensuado de los más diversos intereses y opciones ideológicas democráticas.
Defenderla es afianzar la democracia. Pisotearla es instaurar la dictadura, o peor, un régimen tiránico, usurpador e ilegítimo. Es lo que hacen a diario los funcionarios del Estado forajido en que han convertido Venezuela el crimen organizado transnacional, el saqueo descarado del tesoro público, el robo del valioso patrimonio artístico de la nación y la transgresión como norma de conducta generalizada.
No olvidemos que, pese a la defensa de la Constitución como arma pacífica contra la tiranía, existe clara conciencia de abogados constitucionalistas, políticos y ciudadanos estudiosos de la materia, de que muchos de sus pasajes deben ser reformados, no solo por errores de técnica jurídica sino por el contenido de algunos artículos que contradicen su espíritu y letra. No debemos olvidar que no satisfizo a más de la mitad de la población autorizada a votar por ella.
No se debe olvidar que su aprobación se hizo en medio de torrenciales aguaceros y el desplome de las montañas costeras cercanas a Caracas sobre amplios sectores de las poblaciones del Litoral, que arrasó con casas, vehículos, avenidas, animales y sobre todo, muchísimas personas que no imaginaron la gravedad de las inundaciones y la fuerza feroz de las aguas y el barro que descendía y arrastraba todo a su paso.
Fue una gran tragedia nacional de la cual aún quedan secuelas muy graves que produjo no solo muerte y desolación, muchos huérfanos y pérdidas materiales, sino el desplazamiento forzoso hacia otras regiones del país de un número significativo de familias residentes de esas zonas, entre quienes se cuenta la del hoy legítimo presidente encargado de la república, Juan Guaidó.
Tampoco se debe olvidar que la aprobación de la nueva Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, para liquidar la Constitución de 1961, se hizo irrespetando procedimientos de ley que esta misma Carta Magna contemplaba para ser derogada, y con manejos irregulares que aún hoy ponen en cuestión la legitimidad de origen de la Constitución de Chávez.
No olvidemos igualmente que el porcentaje de electores participantes en la consulta fue de aproximadamente 40% del total de votantes, es decir, menos de la mitad del electorado, con una abstención de más del 55%. De un total de 10.940.596 según el censo electoral, la propuesta de Chávez para “refundar la república” mediante una asamblea constituyente, obtuvo el respaldo de 3.301.475 electores, es decir, el 71,78% de los votos escrutados, que no llegaron al 40% del total, al tomar en cuenta los votos nulos.
El inmediatismo, la ceguera y la seducción que produjo sobre la mayoría de la población el verbo encendido del teniente coronel, caudillo elocuente y mesiánico, conspirador desde su ingreso a la Academia Militar y cargado de promesas redentoras de dignificación, profundización de la democracia, transparencia en la gestión pública y lucha contra la corrupción, fascinaron a muchos, incluso académicos, intelectuales connotados, empresarios privados y jóvenes, que aspiraban a ampliar sus espacios de poder.
Algunos, de buena fe, consideraron oportuno apoyar a quien aseguraba tener el equipo y las condiciones para saldar una deuda social acumulada que había invisibilizado pobreza y exclusión, y enderezar el rumbo de la democracia, extraviada entre el pragmatismo oportunista, el clientelismo populista y el desprestigio de los partidos políticos que en la segunda mitad del siglo XX condujeron el proceso de modernización de Venezuela, apalancados en un Estado dirigista y paternalista, asistencial, con estructuras clientelares orientadas hacia el bienestar social, sobre la base de la renta petrolera, cuyo modelo parecía agotado.
Así llegamos a estos 20 años de mentira, manipulación y engaño, con un control totalitario de la sociedad, con un poder hegemónico comunicacional que pervierte la mente de los incautos o los más pobres, ya ni siquiera asidos a la mano del Estado, sino a mínima sobrevivencia, cuando no hambre, enfermedad y desesperanza. No hay perdón humano para tanto horror.