El Gobierno en funciones de España rechazó el sábado un llamamiento al diálogo del presidente de la comunidad autónoma de Cataluña sobre la ola de violencia provocada por el encarcelamiento de nueve líderes separatistas, mientras la policía se preparaba para nuevas protestas.
Barcelona sufrió el viernes su peor noche de disturbios urbanos en décadas, cuando jóvenes enmascarados bloquearon las calles con contenedores de basura en llamas y lanzaron piedras contra las fuerzas de seguridad. La policía respondió disparando repetidas descargas de granadas de humo y gas lacrimógeno.
El presidente del Gobierno catalán, Quim Torra, dijo a la prensa que la violencia de esta semana no reflejó la naturaleza pacífica del movimiento independentista catalán y pidió sentarse a conversar con Madrid.
“Instamos al presidente del Gobierno español en funciones a sentarse en una mesa de negociaciones a dialogar”, dijo a periodistas.
El presidente de España en funciones, Pedro Sánchez, le contestó que primero debe condenar rotundamente los disturbios.
“El Sr. Torra debe condenar rotundamente la violencia, cuestión que no ha hecho hasta el momento”, dijo Sánchez en una declaración, añadiendo que también necesita tender puentes con los muchos catalanes que no quieren la secesión.
El Gobierno de España en funciones reiteró que “el problema de Cataluña no es la independencia, que no se producirá, porque no es legal, ni la quiere la mayoría de catalanes, sino la convivencia”.
Unas 300 personas han sido detenidas en los enfrentamientos que han estallado en toda la región desde el lunes, cuando el Tribunal Supremo de España condenó a largas penas de prisión a nueve dirigentes catalanes que organizaron un referéndum prohibido sobre la independencia de Cataluña en 2017.
El grupo juvenil radical Arran llamó a una nueva jornada de protestas contra la “violencia policial” y para pedir la “libertad de todos los presos políticos”.
La policía dijo temer que se reeditaran los enfrentamientos y aconsejó a los comerciantes del centro de la ciudad que cerraran sus establecimientos durante la protesta.
El tema de la independencia es muy controvertido en Cataluña, una comunidad autónoma con unos 7,5 millones de habitantes que cuenta con su propia lengua, parlamento y bandera.
Una encuesta realizada en julio que muestra que el apoyo a la secesión es el más bajo en dos años, con un 48,3% de la población en contra y un 44% a favor.
Los principales partidos españoles se han negado sistemáticamente a permitir la celebración de un referéndum de independencia en la región, aunque los socialistas de Sánchez han dicho que están abiertos al diálogo sobre otras cuestiones.
Reuters