Durante los últimos tres días los bancos venezolanos prácticamente han detenido la aprobación de créditos. Cada solicitud es revaluada y se exigen nuevas garantías a las empresas que compiten por los pocos préstamos que todavía fluyen a través del sistema financiero, en una economía donde la industria trabaja a 19% de su capacidad y el PIB no ha dejado de caer desde 2014.
Por Víctor Salmerón | Infobae
El recorte del crédito es una política deliberada del Banco Central de Venezuela a fin de reducir los préstamos para la compra de dólares y contener la escalada de la moneda estadounidense que, desde el punto de vista de las autoridades, es la principal causa de la hiperinflación que estalló en noviembre de 2017 y aun no cesa.
El pasado 28 de octubre entró en vigencia una resolución del Banco Central que impacta a los créditos comerciales: la categoría que abarca dos tercios del total de préstamos porque incluye el financiamiento al comercio y los créditos de corto plazo a empresas o particulares.
La resolución relaciona los préstamos con la fluctuación del dólar: si en el mercado oficial aumenta el precio del dólar, también se eleva el capital y los intereses a pagar por el crédito. De esta manera, el Banco Central busca desincentivar el financiamiento para la compra de divisas, pero al mismo tiempo golpea a las empresas y los comercios que necesitan créditos para adquirir materia prima, pagar salarios o cancelar importaciones.
Costos elevados
Cálculos efectuados en la tesorería de uno de las principales entidades financieras del país precisan que si una empresa recibe un préstamo a un mes de plazo y en ese período la cotización del dólar aumenta 25%, la empresa tendría que cancelar al banco el equivalente a una tasa de interés anual de 307%.
Si el precio del dólar aumenta, algo que tiene una alta posibilidad porque el Banco Central financia al Gobierno creando dinero en cantidades récord, muy pocas empresas estarán en condiciones de generar ingresos suficientes para cancelar los créditos.
En las últimas dos semanas la cotización del dólar en el mercado oficial aumentó 30% después de que el gobierno utilizó dinero creado por el Banco Central para pagar deudas con empresas que, inmediatamente, se deshicieron de los bolívares comprando divisas.
En este entorno, la banca ha limitado el crédito a las pocas empresas que pueden colocar dólares en garantía o están en capacidad de trasladar el incremento del costo del préstamo al precio de sus productos.
“El crédito comercial quedará virtualmente limitado a exportadores o a empresas cuyos bienes y servicios resistan el aumento de precios derivado del traslado de costos financieros”, dice en un su último informe la consultora Síntesis Financiera.
La firma Ecoanalítica explica que “lo que el gobierno parece perder de vista es que, al limitar el crédito a las empresas, también les restringe acceso a una fuente de recursos que les permite mantener su operatividad, sobre todo en medio de un entorno hiperinflacionario”.
La mayor contracción del crédito profundizará la recesión en momentos en que la economía acumula una caída de 57,6% entre el primer trimestre de 2013 y el primer trimestre de 2019 y todo apunta a que a lo sumo solo podrá restarle velocidad a la escalada del dólar, pero no detenerlo.
Economistas coinciden en que la disparada del dólar, cuya cotización se ha triplicado en los últimos cuatro meses, obedece a que la oferta de divisas es ínfima y la demanda muy elevada gracias a un caótico manejo de las finanzas públicas donde el gobierno no ahorró durante el período de los altos precios del petróleo, se endeudó masivamente hasta perder el acceso al financiamiento internacional y no realizó las inversiones necesarias para mantener la producción petrolera, que aporta nueve de cada diez dólares que ingresan al país.
Plástico derretido
La reducción del préstamo bancario no se limita a las empresas y los comercios, también está impactando a todos los sectores del país como la agricultura y los particulares, estableciendo un límite bastante bajo a las tarjetas de crédito.
La causa es que junto a la medida que relaciona los préstamos con el dólar, el Banco Central ha incrementado en seis oportunidades la proporción de los depósitos que las entidades financieras no pueden prestar y deben almacenar como reservas, al punto que actualmente las obliga a congelar 57% de todo el dinero que gestionan y la totalidad de las nuevas captaciones.
En vista de que disponen de menos fondos para prestar, los bancos han disminuido drásticamente el financiamiento, en medio de una hiperinflación que en los primeros nueve meses del año disparó los precios 4.680% de acuerdo con las cifras oficiales.
“Desde hace cuatro meses el banco no me aumenta el límite de mi tarjeta de crédito y como los precios parecen un cohete prácticamente ya no me sirve para nada: antes la utilizaba para hacer mercado, comprar ropa o pagar la mensualidad del colegio de mi hijo, ahora me alcanza para comprar un refresco de dos litros”, dice Gabriela Montilla, una bioanalista de cincuenta años.
La firma Global Scope precisa que en septiembre de 2018 los bancos utilizaban 38% de sus depósitos para otorgar créditos y actualmente apenas emplean 16%.
Tesorerías secas
La obligación de inmovilizar buena parte de los depósitos mantiene bajo presión a un grupo de entidades financieras que se han quedado sin suficientes fondos para cubrir sus operaciones y recurren continuamente al mercado interbancario, donde los bancos se prestan unos a otros para obtener oxígeno.
Las pocas entidades financieras que están en condiciones de prestarle a otras exigen astronómicas tasas de interés: en enero los préstamos en el mercado interbancario se realizaron a una tasa de interés promedio de 13% y al cierre del pasado 30 de octubre este indicador se ubicó en 140%, un nivel inédito que refleja la inestabilidad en la que se desenvuelve la banca venezolana.