El giro del gobierno de Sebastián Piñera para iniciar un proceso de cambio a la Constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet no convencía a todos los dirigentes políticos ni lograba acallar este lunes las protestas sociales que entraron en su cuarta semana.
Miles de profesores y profesionales de la educación marcharon por la céntrica avenida Alameda, mientras que centenares de pobladores que exigen viviendas sociales se tomaron terrenos y bloquearon calles de mañana en la comuna de Peñalolén, en el este de Santiago.
Además, manifestantes de la salud y profesores entraron a los patios de la sede del Congreso en Santiago.
Para el martes, un centenar de organizaciones sociales llaman a paralizar el país. “El llamado es claro, se detiene toda la capacidad productiva del país”, dice una de las decenas de convocatorias que circulan en redes sociales.
“Marchamos por una educación mínima, porque se acaben las (privadas administraciones de fondos de pensiones) AFP, que suban el sueldo mínimo y por la dignidad de todas las personas”, dijo Natalia Valenzuela, 40 años, auxiliar de educación preescolar.
Las manifestaciones no ceden pese al giro que dio el domingo el gobierno del derechista Sebastián Piñera al anunciar su voluntad de empezar un proceso para redactar una nueva Constitución a través de un “Congreso Constituyente”, con amplia participación ciudadana y un plebiscito que lo ratifique.
“Hemos acordado iniciar el camino para avanzar hacia una nueva Constitución”, dijo el ministro del Interior, Gonzalo Blumel, tras una reunión la noche del domingo con los partidos de la coalición.
El ministro agregó que consideraban que la mejor fórmula para realizar este cambio es a través de un Congreso Constituyente, que cuente con “una amplia participación de la ciudadanía, y en segundo lugar que pueda tener un plebiscito ratificatorio”.
La actual Constitución, vigente desde 1980, ha tenido más de 200 modificaciones en más de 40 artículos, según dijo Piñera en una entrevista el sábado al diario El Mercurio.
El texto no reconoce, sin embargo, la responsabilidad del Estado de ofrecer como un derecho la educación y la salud, dos de las exigencias de los millones de chilenos que están en las calles manifestándose desde el pasado 18 de octubre.
– Reacción tardía –
El gobierno retomó la idea de un pacto social con todos los sectores sociales y políticos, tras las protestas de ciudadanos hastiados por un modelo económico abierto al mercado que, aunque exitoso, ha fracturado a la sociedad por la desigualdad en distribución de la riqueza y el acceso a oportunidades.
“Si bien es cierto que el Gobierno ha reaccionado tarde, es un tremendo paso”, dijo el opositor presidente de la Cámara de Diputados, Iván Flores.
“La mayoría de los demócratas tenemos que estar de acuerdo con esta fórmula”, afirmó de su lado Mario Desbordees, el presidente del partido oficialista Renovación Nacional.
Por su parte, el excandidato presidencial de la centro izquierda, Alejandro Guillier, afirmó que la propuesta llegaba “demasiado tarde” y planteó la necesidad de convocar a elecciones anticipadas.
Así emplazó a Piñera en Twitter: “La posibilidad de construir un nuevo Chile requiere que usted llame a elecciones anticipadas de presidente de la República y la totalidad del Congreso Nacional”.
El politólogo Claudio Fuentes, profesor de la universidad Diego Portales, dijo a la AFP que “la estrategia del gobierno es abrir la discusión de cuál es el mejor mecanismo y seguramente van a defender una figura derivada que sean representantes, como congresistas, los que participen activamente en el debate de la nueva Constitución”.
Entre los cambios que contempla el proyecto de Piñera está “definir mejor los derechos de las personas y establecer cómo se van a respetar”, precisar “las obligaciones del Estado” y crear “mejores mecanismos de participación” ciudadana.
– Observación en terreno –
El anuncio sobre la Constitución ocurre en momentos que varias organizaciones de derechos humanos reclaman la detención del uso de perdigones por parte de la policía, que deja a cerca de 200 personas con heridas oculares graves.
La crisis, sin precedentes desde el retorno a la democracia, ha dejado 20 muertos -cinco a manos de fuerzas del Estado-, más de 1.000 heridos, denuncias de tortura y abusos.
Ante la intensificación de las denuncias y la conmoción que causó el caso de Gustavo Gatica, un estudiante de 21 años herido en sus dos ojos, el director de Carabineros anunció el domingo un “uso acotado” de las escopeteas antidisturbios.
El gobierno, por su parte, afirmó este lunes que invitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) para realizar una visita al país destinada a observar la situación de los derechos humanos.
El Alto Comisionado de Derechos Humanos de la ONU, encabezado por la expresidenta chilena Michelle Bachelet, envió también una misión a Chile para investigar las denuncias.
AFP