Tarek William Saab ofreció un balance por el 50 aniversario del Ministerio Público

Tarek William Saab ofreció un balance por el 50 aniversario del Ministerio Público

 

Este martes 26 de noviembre, el fiscal de Maduro, Tarek Wiliam Saab, ofreció un balance por el 50 aniversario del Ministerio Público. “Quiero recordar hoy, algunas de las cifras que distinguen nuestra gestión al frente del Ministerio Público, durante los últimos 2 años y 3 meses. Hemos develado 21 tramas de corrupción en la industria petrolera, por las cuales hay 103 funcionarios procesados de Petróleos de Venezuela y sus filiales, entre ellos 28 altos gerentes”, dijo durante rueda de prensa.

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Agregó que han “judicializado a más 100 funcionarios del Ministerio Público, aproximadamente 150 personas por actos de corrupción. En total, por delitos de corrupción se han realizado 8.605 imputaciones y 2.504 acusaciones”.

Destacó que “Se han obtenido 739 sentencias condenatorias, para un total de 1.209 personas condenadas Desde nuestra llegada el Ministerio Público, hemos presentado en casos de drogas 9.455 acusaciones y hemos obtenido 3.657 sentencias condenatorias”.

“Durante este lapso, las autoridades venezolanas han incautado 76 toneladas de drogas, de las cuales 51,2 toneladas corresponden a incautaciones de cocaína”, añadió

Enfatizó que en “estos 27 meses hemos imputado a 505 funcionarios de cuerpos de seguridad como presuntos responsables de vulneración a los derechos humanos. De esta cifra han sido privados de libertad 390 efectivos”.

En este sentido, expresó que “Han sido acusados un total de 766 funcionarios por los delitos de homicidio, tortura, tratos crueles, inhumanos o degradantes, privación ilegítima de libertad, violaciones de domicilio, entre otros”

“En materia de delitos comunes, el Ministerio Público ha presentado 293.163 imputaciones y 81.001 acusaciones. En casos de homicidios se presentaron 7.835 acusaciones y 1.183 imputaciones”, sostuvo.

Por último, dijo que el MP ha creado la Sub-dirección de Recuperación de Activos, con el propósito de  “impulsar la adecuada indemnización a la nación en casos de corrupción”.

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