Una orden de aprehensión contra Evo Morales, acusado de sedición y terrorismo, destapes de denuncias de malos manejos en empresas e instituciones públicas que salpican la gestión del expresidente y de algunos de sus ex ministros, y detenciones de exfuncionarios han marcado la penúltima semana del año en Bolivia.
Por Tuffí Aré Vásquez | Infobae
El caso más sonado de las últimas horas corresponde a la Empresa Nacional de Telecomunicaciones (ENTEL), que de acuerdo a auditorías ordenadas por el nuevo ministro de Obras Públicas, Iván Arias, sufrió pérdidas de alrededor de Bs 1.700 millones (unos 250 millones de dólares) en el periodo 2006-2019, que corresponde a la gestión gubernamental de Morales. La documentación presentada por el ministro Arias y por el ahora máximo ejecutivo de la estatal de telecomunicaciones, Elio Montes, compromete particularmente al exministro Oscar Coca Antezana y a algunos de sus colaboradores. En una rueda de prensa, tanto Arias como Montes afirmaron que el anterior Gobierno usaba a ENTEL como su “caja chica” para financiar incluso eventos artísticos y deportivos con afines al MAS.
Otra de las denuncias ha derivado en la reciente detención de ex funcionarios del ministerio de Comunicación por el caso de la contratación directa de la empresa mexicana Neurona Consulting, que habría provocado un daño al Estado boliviano por alrededor de Bs 13 millones (unos 2 millones de dólares). Por esta situación, el nuevo gobierno ha pedido la detención de la exministra de comunicación Gísela López, de la gestión de Evo Morales, que se encontraría en Argentina, según dijo Roxana Lizárraga, que ocupa desde hace poco más de un mes esa cartera. Son unas 22 personas las acusadas de cometer en este caso los delitos de uso indebido de infuencias, negociaciones incompatibles con el ejercicio de funciones públicas, incumplimiento de deberes, contratos lesivos al Estado y conducta antieconómica.
Otro de los destapes de cifras por auditorías que encargó el ministerio de Obras Públicas compromete a la Administradora Boliviana de Carreteras (ABC). De acuerdo a la documentación entregada por las nuevas autoridades, de los Bs 77 mil millones (unos 10 mil millones de dólares) invertidos durante el gobierno de Evo Morales, el 77 por ciento presenta observaciones en la gestión de los proyectos. En la denuncia se establece que alrededor de Bs 2.500 millones (poco más de 300 millones de dólares) fueron pagados en proyectos deficientes, mientras que se habrían destinado Bs 80 millones (10 millones de dólares) en boletas de garantía sin ejecutar. Las auditorías realizadas establecen un posible daño económico al Estado boliviano por Bs 81 millones (unos 10 millones de dólares), mientras que hay unos Bs 475 millones (unos 65 millones de dólares) en riesgo por juicios.
Sobre la situación de la mayor empresa estatal de Bolivia, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), hace unos días el recientemente posesionado presidente José Luis Rivero declaró que la compañía está “totalmente en quiebra”, atribuida a casos de corrupción y a que en más de una decena de pozos perforados no se encontraron hidrocarburos. Sin embargo, su fuerte declaración precipitó su cambio por una nueva autoridad y el ministro de Hidrocarburos aclaró que no está en quiebra pero sí en crisis. Una de las tareas encomendadas por el Gobierno de transición es una auditoría para entregar un diagnóstico del estado de la empresa al nuevo gobernante de Bolivia que resulte electo en los próximos comicios. De acuerdo a declaraciones del experto en hidrocarburos, Alvaro Ríos, en YPFB trabajan más de 6.000 empleados y hay una declinación de la producción diaria de gas, en tanto que las utilidades sobrepasaron en su momento los 1.000 millones de dólares y ahora podrían estar en poco más de 70 millones de dólares. El nuevo presidente de YPFB, Herland Soliz, dijo que en la compañía estatal trabajan unas 10.000 personas y anunció para los próximos meses una auditoría.
Otra denuncia que salió en las últimas horas fue la del senador Oscar Ortiz, que se ha referido a la orden de aprehensión que pesaría contra un alto ejecutivo de una red de televisión, al que acusó tener nexos con el anterior gobierno para favorecer a un conglomerado de empresas como otra red de televisión y un periódico, beneficiándose con un millonario presupuesto de propaganda estatal, además de ayudar a una fábrica aceitera y una firma de seguros. También se ha mencionado al Banco Unión, de propiedad estatal, en el presunto favorecimiento a una de las compañías.
En los últimos días también volvió a quedar detenida la ex ministra de Desarrollo Agropecuario, Nemesia Achacollo, que fue uno de los pilares del gabinete de Evo Morales, por una acusación de desvíos millonarios de recursos del Fondo Indígena, uno de los casos de corrupción más emblemáticos del anterior Gobierno. El nuevo director del Fondioc, Rafael Quispe, ha reactivado el juicio ante la constatación de que la ex ministra estaba en libertad y que no se han recuperado los recursos.
La última denuncia que se ha conocido en las horas más recientes toca a la Gestora Pública, creada por el gobierno de Morales para administrar los fondos de pensiones. El viceministro de Pensiones y Servicios Financieros, Osvaldo Jáuregui, ha revelado que en 2017 el Estado boliviano pagó 3 millones de dólares, de un total de 5,1 millones, a la empresa panameña Sysde International INC, encargada de la provisión de software a la Gestora Pública, que nunca entregó.
De acuerdo con datos del Sistema de Contrataciones Estatales (Sicoes), la Gestora firmó dos contratos modificatorios con la empresa panameña, en enero y abril de la gestión pasada. En estos contratos modificatorios, se cambió el acuerdo y la empresa ofreció un software diferente al pactado en un principio, que tampoco entregó.
Dos casos a la justicia
Los casos que hasta el momento han pasado a la justicia son los del contrato con Neurona en el ministerio de Comunicación y el de ENTEL. La ministra de Comunicación Roxana Lizárraga fue una de las primeras en acelerar una demanda contra una ex alta autoridad del gobierno de Evo Morales y otras 22 personas.
De acuerdo a Lizárraga, la empresa Neurona Consulting se habría beneficiado de al menos ocho contratos y órdenes de servicio para la elaboración de estrategias comunicacionales referidas a la demanda marítima boliviana, producción de material audiovisual y artes gráficas. Según el senador Óscar Ortiz, el daño económico al Estado sería de aproximadamente Bs 13 millones. “Esta es la primera denuncia que ha presentado la Contraloría, todas estas personas que ha sido denunciadas ya están registradas y se han pedido los informes migratorios e informes a la Unidad de Investigaciones Financieras para que no salgan del país y puedan responder por este caso”, anunció la ministra de Comunicación.
En este momento son auditados 90 casos de contrataciones realizadas por el Ministerio de Comunicación, entre ellos el gasto del presupuesto de este ministerio. “Puedo adelantarles que más del 70 por ciento del presupuesto del Ministerio de Comunicación lo han ejecutado para la campaña del señor candidato Evo Morales”, dijo Lizárraga.
Respecto al caso ENTEL, el ministro de Obras Públicas, Iván Arias, adelantó que recurrirán a la Fiscalía para que se demande a los responsables de los daños al Estado. El Gobierno habla de un “Clan Coca”, con cuatro personas que enfrenta cargos por concusión, coacción y beneficios a razón del cargo.
De acuerdo a la denuncia, un 65 por ciento de los telecentros creados por ENTEL no operan. También se ha mencionado una pérdida de Bs 12,5 millones (casi 2 millones de dólares) por un contrato con la empresa india Vihaan Networks, por un equipo que nunca fue entregado. Otro punto hace referencia a Bs 15 millones (unos 2 millones de dólares) en pérdidas por la creación de la unidad Billetera Móvil. Además, calculan un daño de Bs 350 millones (unos 50 millones de dólares) por sobreprecios en tarifas de internet. También mencionan el despilfarro de Bs 57 millones (8 millones de dólares) en eventos deportivos y artísticos, además del gasto de Bs 3 millones (400 mil dólares) en dotación de Wifi a La Casa Grande del Pueblo. Finalmente se ha mostrado un vehículo de lujo y un departamento en Lima,Perú, para el uso de los exejecutivos.
A propósito de las denuncias, el economista Pablo Mendieta considera que se debe hacer una auditoría seria en cada repartición pública, que entregue sus resultados hasta marzo, y, al mismo tiempo, un diagnóstico independiente, sector por sector, hasta el mismo mes, de tal forma de tener una visión clara de la situación y no sólo denuncias aisladas y no sistemáticas. “De lo contrario, corremos el riesgo de que no se conozca la verdad. Haciendo una analogía con las elecciones, necesitamos una misión de la OEA en cada caso y sus resultados, más que denuncias, que, aunque bien intencionadas, podrían caer en sensacionalismo”, afirmó el jefe del Centro Boliviano de Economía (CEBEC).