Nicolás Maduro espera que la directiva que pretendió designar ilegalmente en la Asamblea Nacional (AN) apruebe cambios en la participación accionaria que tienen las empresas en los contratos petroleros, dijeron el miércoles cinco legisladores de la disidencia.
Un choque por la presidencia del legislativo se desató el domingo, cuando el chavismo nombró como supuesto jefe del Congreso a Luis Parra, un diputado expulsado de la oposición. Pero el presidente encargado, Juan Guaidó, logró ser reelegido el mismo día con 100 votos, de 167 posibles, emitidos individualmente y en voz alta por cada legislador, en una sesión pública realizada en el diario El Nacional al este de Caracas.
Ahora, Maduro quiere que los legisladores respaldados por el chavismo otorguen validez legal a las nuevas inversiones de compañías petroleras de países aliados, como Rusia, que han visto que el Congreso, dominado por la oposición, condiciona los nuevos acuerdos.
Los ajustes a los contratos petroleros forman parte de un esquema en el que los inversionistas intercambiarían bonos impagos de Venezuela por participaciones en campos y cobrar las deudas con producción petrolera, señaló el parlamentario Ángel Alvarado, diputado de la Comisión de Finanzas del Congreso.
Los bonistas que participen en ese esquema podrían correr el riesgo de incumplir las sanciones de Washington, que prohíben a estadounidenses hacer tratos con el gobierno.
Las modificaciones en las estructuras de los contratos -que puedan variar de una a otra, pero hasta ahora siempre con mayoría para la estatal petrolera venezolana PDVSA- requieren por ley nacional el aval del Parlamento.
El Congreso cuestiona las reformas que ayudan a Maduro a consolidar su poder. El domingo, el mandatario dijo que la Asamblea Nacional, encabezada por Parra, constituía un nuevo liderazgo.
“Parra está puesto allí para tratar de refrendar esos acuerdos petroleros”, señaló el diputado José Guerra. “Parra no llega allí solo. Llega allí empujado para esas aprobaciones”.
Un portavoz de Parra no respondió a solicitud de comentarios.
Rusia es la única nación que ha respaldado a Parra. Estados Unidos, la Unión Europea y la mayoría de los países latinoamericanos reconocen a Guaidó como jefe del parlamento.
Eso ha llevado a los legisladores a creer que Rusia, cuya compañía petrolera estatal Rosneft es uno de los mayores inversores en el sector petrolero de Venezuela, podría ser uno de los beneficiarios de los nuevos acuerdos.
“Estos acuerdos necesitan la aprobación de la Asamblea Nacional, y es por eso que el (reconocimiento de Parra) de Rusia es sospechoso”, dijo Alvarado a periodistas, quien añadió que “el interés de Rusia es ganar porcentajes (de participación) en los campos petroleros”.
Ninguno de los legisladores especificó cuáles empresas mixtas podrían ampliar su participación, pero Luis Stefanelli, un diputado que forma parte de la comisión de Energía, dijo que Maduro estaba buscando nuevos inversores para campos que producían muy por debajo de su capacidad.
La producción petrolera de Venezuela se ha desplomado por merma de inversiones, falta de personal y sanciones de Estados Unidos.
Una fuente del sector financiero dijo que era poco probable que los principales bonistas participen de ese esquema de cancelación. El régimen tiene pagos pendientes con los tenedores de bonos por más de 11.000 millones de dólares.
Otro legislador señaló que la principal motivación detrás de la propuesta de Maduro de cambio en la estructura accionaria de los contratos era obtener también la aprobación para realizar luego elecciones parlamentarias anticipadas y recuperar el Congreso para el chavismo.
Ni el Ministerio de Información de Venezuela ni PDVSA respondieron a las solicitudes de comentarios.
Reuters