En los días que corren hemos leído con asombro y mucho estupor que se piensa recurrir o ya se recurrió ante el Tribunal Supremo de Justicia para que éste determine el problema suscitado con la elección de la nueva directiva de la Asamblea Nacional.
Se estaría demandando que esa instancia decida quién tendría la razón en todo este embrollo.
Lo primero que a uno se le viene a la mente es la pregunta sobre las motivaciones y objetivos que persiguen los que acometen tan extraña acción judicial.
Me refiero a las razones de fondo, sobre todo, cuando de personajes políticos con cierta exposición mediática se trata. Toda vez que no me como el cuento, especialmente viniendo de un político, de que “como ciudadano” tenga interés en esclarecer unos hechos que por lo demás quedaron suficientemente evidenciados y documentados para todos los venezolanos y la mayoría de los gobiernos democráticos del hemisferio y más allá.
Que un ciudadano de a pie, poco informado y sin acceso adecuado a los medios, intente un recurso judicial de tal naturaleza, lo podemos comprender y atribuir a una posición sincera, a un interés legítimo de saber la verdad, movido por la buena fe, que a veces puede ser ingenua, pero que, en definitiva, es un ejercicio de un derecho.
Pero cuando es un político informado y con posiciones públicas asumidas el que lo hace, ya nuestra apreciación no puede ser la misma. Y como no nos chupamos el dedo, lo primero que hacemos es recelar, conjeturar y poner el olfato a funcionar.
Porque ¿en qué cabeza cuerda de venezolano de hoy puede caber que el TSJ, arma de comprobada sumisión a la tiranía chavista, va a decidir algo que la perjudique o contraríe? ¿Acaso no está más que sabido y probado que el TSJ ha atropellado el derecho a diestra y siniestra sin ningún pudor? ¿Que su entrega a la voluntad del tirano es un hecho incontrovertible?
¿Se desconoce acaso que el TSJ no ha sentenciado una sola vez en contra del poder chavista durante estos últimos años, en ninguna de las materias que han sido sometidas a su consideración, incluso más allá de los asuntos políticos?
¿Se cree que el TSJ va a decidir reconociendo la realidad de los hechos del día 5 de Enero, tal y como sucedieron? Si Maduro se pronunció a favor de los corruptos y traidores que montaron su tinglado en esa fecha, impidiendo la entrada de la mayoría de los parlamentarios democráticos ¿es dable racionalmente pensar que ese tribunal fallará ajustado a las evidencias y la Ley?
En Venezuela, el Estado de Derecho ha sido pisoteado no solo por Miraflores, también por el TSJ, la Fiscalía General, la Contraloría General, el CNE y los organismos de seguridad. Pretender que alguno de ellos, a estas alturas del partido, se pronuncien contrariando el poder es ingenuidad o ignorancia, si se trata de un ciudadano de a pie.
Pero cuando es un político con cierto recorrido y bien informado el que impulsa una iniciativa como la que nos ocupa, debemos comenzar por sospechar un interés político inconfesable, porque no nos queda la menor duda de que en el presente caso el personaje de marras sabe a ciencia cierta lo que verdaderamente aconteció el día 5 de Enero. Sabe quién tiene la mayoría en el parlamento, y al manifestar una supuesta confusión, está delatando que anda en una operación política muy concreta para golpear a una mayoría que se empecina en no aceptar, a la vez que lleva agua al molino del chavismo.
¿Cómo no pensar entonces, con bastante fundamento, en que hay complicidad y cinismo en tal conducta?
Y es lo mismo que hemos observado estos días cuando un político más que amortizado, que solo infunde lástima porque ha caído en lo más bajo, tiene el tupé de declarar de manera descarada que Juan Guaidó no tenía los votos para ser reelecto. ¿Están este personaje y el de la acción judicial jugando en comandita?
¿Qué buscan con tratar de perjudicar a la mayoría parlamentaria y a Juan Guaidó, cuestionando la directiva electa legítimamente en la Asamblea Nacional?
La tiranía chavista ha lograd
o con su poder corruptor comprar voluntades por mucho tiempo. En esta oportunidad del 5 de Enero, echando mano del mismo expediente, se intentó de nuevo desconocer a la representación legítima del pueblo venezolano asaltando el parlamento con la fuerza militar para imponer una directiva fraudulenta y sobornada.
Fracasaron los tiranos porque los venezolanos repudiaron esa acción y ni siquiera los reconocen las democracias del mundo.
Pretender que sea un tribunal sometido al poder el que dilucide una situación a todas luces clara, no puede ser más que un ejercicio de cinismo y complicidad.