En diciembre hubo al menos 17 violaciones a la libertad de expresión, con 13 víctimas, por lo que fue el mes de 2019 con menor cantidad de casos registrados. Los cuerpos de seguridad y funcionarios del Estado representaron el 90% de los victimarios, y la intimidación fue el hecho más frecuente (6 casos) seguido de las restricciones administrativas (4) y la censura (3).
En Venezuela los medios de comunicación tradicionales migraron forzadamente a Internet para garantizar su permanencia y alcance; sin embargo, la web también es territorio de persecución y censura contra quienes divulgan información que contraria la versión oficial o, en este caso, expone tramas de corrupción.
Desde la mañana del primero de diciembre el sitio web de ArmandoInfo fue víctima de ataques de inyección de código SQL1, lo que ocasionó su caída durante 45 minutos, después de la publicación de un trabajo de investigación que expone una presunta red de corrupción en torno a los Comités de Abastecimiento y Producción (CLAP). Miembros del equipo afirman que los ataques son dirigidos desde IP venezolanas.
Al día siguiente el diputado de la Asamblea Nacional (AN), Luis Eduardo Parra, hostigó al periodista del portal digital ArmandoInfo, Roberto Deniz, pues en la investigación sobre los CLAP se vincula a Parra con presuntos hechos de corrupción.
A través de su cuenta en Twitter, el diputado calificó al equipo de ArmandoInfo como «una red de extorsionadores», y publicó una fotografía de Roberto Deniz donde aseguró que se había «fugado del país burlando la justicia», ignorando que trabajadores del portal tuvieron que exiliarse luego de las amenazas recibidas por la publicación de la primera parte de este trabajo de investigación.
El Estado en contra de los periodistas
El uso del sistema policial y Judicial para perseguir la opinión vulnera el derecho a la Libertad de Expresión. En Venezuela se sigue utilizando como un mecanismo de censura e intimidación que se aplica en contra de quienes emiten opiniones o publican información crítica al gobierno de Maduro, el hostigamiento no diferencia entre ciudadanos de a pie o empleados públicos, y directores de medios de comunicación.
El secretario de Seguridad Ciudadana del Municipio Guaicaipuro, César Molero, denunció al poliguaicaipuro Gerardo Colmenares Niño por publicar en su estado de WhatsApp un mensaje en el que se expresó en contra de la alcaldesa Wisely Álvarez, el domingo primero de diciembre en Los Teques, estado Miranda.
El funcionario policial publicó en su teléfono: «Domingo de caliweba y yo trabajando mamagüeva alcaldesa» y Molero a través de una llamada telefónica informó a la subdelegación del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalistica (Cicpc) de Los Teques el mensaje publicado, quienes le acusaron de instigación al odio aplicando la ilegítima normativa “contra el odio, por la convivencia pacífica y la tolerancia”.
El 20 de diciembre el periodista Víctor Ugas fue detenido por funcionarios de las Fuerzas de Acciones Especiales (FAES) de la Policía Nacional Bolivariana, es asistente del diputado opositor Gilber Caro, quien también fue detenido.
Ugas permanece desaparecido, recordamos que el comunicador social estuvo cuatro años preso por el Sebin, tras ser señalado como el responsable de publicar una serie de fotos del cadáver del exdiputado Robert Serra en la morgue de Bello Monte.
El mismo día funcionarios de la Dirección de Contrainteligencia Militar (Dgcim) citaron a declarar al periodista y vicepresidente de Información del diario El Universal, Elides Rojas, presuntamente por un mensaje que publicó a través de su cuenta en la red social Twitter, referido a una aeronave que sufrió un accidente el jueves 19 de diciembre dejando varios fallecidos. El mensaje decía “La aeronave siniestrada cerca de aeropuerto Caracas iba cargada de enchufes”.
Rojas informó que fue acusado penalmente por instigación al odio y le impusieron medidas cautelares de prohibición de salida del país.
La violencia física se hizo visible el tres de diciembre a las afueras de la AN, cuando el conductor del programa Zurda Konducta que se transmite por Venezolana de Televisión, Luis Hugas, agredió a Fernando Tineo, reportero del portal digital Venepress, mientras el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, rendía declaraciones. Hugas hizo gestos amenazantes hacia Tineo y segundos después le propinó un golpe en la cara.
Cierre de medios
El 18 de diciembre funcionarios del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (Sebin) allanaron la sede del los medios de comunicación Venepress y Telecaribe, acción que desencadenó en el cierre de los medios. En un comunicado, las empresas explicaron: «mediante un operativo de una rama policial de los servicios de inteligencia del gobierno de Venezuela, se ha impuesto una medida de cierre a su funcionamiento e instalaciones (…) a las 6pm, aproximadamente, se decidió “asegurar” el bien y bloquear el acceso a nuestras oficinas hasta tanto un tribunal disponga de los bienes incautados”.
Al día siguiente se negó el acceso al personal periodístico y administrativo a las oficinas, violando de forma expresa principios consagrados en las normas más elementales de respeto a la libertad de información y de expresión.
Deportan de Colombia a un venezolano por hacer una grabación
Espacio Público condena la criminalización judicial e inminente deportación arbitraria de Miguel Ángel Calderón Quintero, venezolano residenciado legalmente en Bogotá, por publicar un video en el que reporta la situación de la calle donde circulaba y señala que en esa área habita el Presidente de la República de Colombia.
Según la Clínica Jurídica para Migrantes de la Universidad de Los Andes, en este caso se violan los derechos a la libertad personal, debido proceso, libre circulación, unidad familiar e igualdad y no discriminación, ya que la decisión del Estado colombiano estaría fundada en estereotipos negativos contra venezolanos/as en Colombia que generaron irregularidades en perjuicio de Miguel y su familia.
Fuentes de Migración Colombia informaron al medio El Espectador que se trató de una determinación tomada por razones de seguridad nacional, y no de su legalidad en territorio colombiano. «Hay videos y fotografías del señor haciendo seguimientos a la casa del presidente. El viernes (pasado) tomaba videos y fotos. Fue detenido por eso, le quitaron el celular y ahí estaba el material. Por eso se tomó la decisión de expulsarlo del país», señaló una nota publicada por el diario el 24 de noviembre de 2019.