Emmanuel García nació en las afueras del Hospital Uyapar. Su madre, Marlis Rojas, escuchaba de lejos las palabras del miliciano que no la dejó ingresar por la entrada de emergencia. El dolor la aturdió hasta que no pudo más: parió en el piso.
Por Laura Clisánchez / correodelcaroni.com
“Yo me regresé”, contó Marlis. O al menos eso intentó. “No iba a discutir con él”. Luego de que el miliciano le ordenara dar la vuelta al edificio y entrar por el acceso principal, la mujer de 31 años, en plena labor de parto, no pudo más. Casi podía sentir a su bebé caerle entre las piernas. Fue entonces cuando se acostó, en las áreas verdes cercanas a la emergencia, para tener a su hijo.
Su cuñada, que es enfermera, fue quien recibió al niño entre sus brazos, nacimiento que llamó la atención de todos los que estaban en el lugar; tanto que finalmente un médico acudió a atenderla. Se la llevaron en silla de ruedas hasta el piso 3 del hospital. Marlis seguía unida a su bebé por el cordón umbilical.
Para apaciguar a la opinión pública, Marlis fue atendida por el personal de salud. La directora del recinto hospitalario, Yanitza Rodríguez, emitió un comunicado en el que informó que “lo importante es que está en buenas condiciones”.
El trato irrespetuoso y negligente hacia Marlis, y demás casos similares, constituye una forma de violencia contra las mujeres, quienes son especialmente vulnerables durante el parto. Este es un problema de salud pública y una vulneración de sus derechos fundamentales.
Según el artículo 76 de la Constitución venezolana, el Estado debe garantizar asistencia y protección a la maternidad desde la concepción, durante el embarazo y el parto, tomando en cuenta que el maltrato puede desencadenar complicaciones para la mujer y su hijo, las cuales deben ser evitadas.
En 2017 la administración de Nicolás Maduro aprobó un plan para garantizar el acompañamiento comunitario de las mujeres en el proceso de gestación, durante el embarazo y el postparto llamado Plan Parto Humanizado. Sin embargo, en Ciudad Guayana el proceso de parto está lejos de ese adjetivo: “humanizado”.
El sector salud es uno de los más afectados por la emergencia humanitaria compleja y esto tiene un impacto directo sobre situaciones que afectan los derechos de la mujer en materia de salud sexual y reproductiva, embarazo y postparto.
En una cama compartida en el tercer piso del Hospital Uyapar está Jessica Alvillar, quien lleva cuatro días hospitalizada. Siente la falta de apoyo, “no hay una comodidad como tal, hay que amorocharse en las camas”, protesta.
Jessica fue una de las que vio entrar a su compañera unida aún a su bebé por el cordón umbilical, escena que la sorprende y que pareció encender un interruptor en el personal de la salud. Fue solo entonces cuando mejoraron el trato hacia las demás parturientas a raíz del suceso. “Se pusieron las pilas los milicianos y nos atendieron bien”, reconoce Rosángela Lezama, su compañera de habitación.
Entretanto, en la entrada del centro asistencial, sentada en una acera con su niña en brazos, se encuentra Mercedes Marcano. La joven de 17 años espera presentar a su hija, a quien decidió llamar Dariannys Yulieth. Mientras la sujeta entre sus brazos y le acomoda el lazo rosado que lleva en la cabeza, Mercedes evoca todo lo que sucedió el día que dio a luz, hace dos meses.
Ya en labor de parto, a Mercedes la enviaron del Uyapar hasta el hospital de Guaiparo, por lo que tomó un taxi y se marchó. Al llegar a Guaiparo la remitieron al Ruiz y Páez, en Ciudad Bolívar, pero ya era demasiado tarde: había perdido mucho líquido y sangre, Dariannys estaba preparada para nacer.
Fue entonces cuando la madre de Mercedes decidió llevarla nuevamente al Uyapar, por miedo a que a su hija la dejaran morir en Guaiparo. “Allá no están pendiente de ti, en Guaiparo te lanzan una camilla y te dejan parir sola”, lamentó Mercedes. Fue en el pasillo de la maternidad, en una silla, donde dio a luz.
“Cuando yo parí me pidieron todo. Faltaba hasta la propia inyectadora con la que te van a puyar”, comenta con tono irónico. Pero todo cambió en la atención postparto: la institución le dio todos los medicamentos que ella necesitaba. Ella atribuye esa acción al hecho de que el hospital debía responsabilizarse en caso de que algo le sucediera a ella o a su bebé, pues asegura que había perdido mucha sangre.
Según la Organización Mundial de la Salud (OMS), en su comunicado para la Prevención y erradicación de la falta de respeto y el maltrato durante la atención del parto en centros de salud, es más probable que las mujeres adolescentes, las solteras, las de nivel socioeconómico bajo, las que pertenecen a una minoría étnica, las inmigrantes y las que padecen VIH, entre otras, sufran un trato irrespetuoso y ofensivo.
Esta organización advierte que garantizar el acceso a la salud materna -que incluye la garantía de un trato respetuoso y comprensivo- puede reducir los índices globales de mortalidad materna.
Para ello sugiere fomentar la educación y capacitación de agentes del estado en materia de derechos humanos, violencia contra la mujer y la atención materna respetuosa además de priorizar la atención segura, de alta calidad y centrada en las personas.
Pero estos cuidados contrastan con los del hospital de Guaiparo o el Uyapar, en los que una queja es suficiente para no recibir atención, tal como teme una embarazada que por miedo no reveló ni su nombre ni su experiencia, “yo no opino, no me meto en eso porque sino no me atienden y a mí me van a hacer cesárea”, puntualizó.