El arbitraje solicitado por el empresario farmacéutico español Raimundo Santamarta para reclamar una indemnización multimillonaria al Estado venezolano puede llevar años, pues la duración media prevista en este tipo de casos es de unos 42 meses, dijeron hoy a Efe fuentes del despacho de abogados Cremades, que defiende los intereses del demandante.
Santamarta ha iniciado un procedimiento de “arbitraje internacional” para que Venezuela lo indemnice con al menos 200 millones de dólares por, a su entender, la “confiscación ilegal” de los bienes de la planta de producción de SM Pharma en Maracaibo, entre otros motivos.
El empresario, que apela al Acuerdo para la Protección de Inversiones entre el Reino de España y la República de Venezuela (en vigor desde 1997), invirtió en ese país en la década de los años setenta y desarrolló un “exitoso” negocio farmacéutico, informó en un comunicado el despacho español Cremades y Asociados.
“Sin embargo, desde 2015, diversos entes y autoridades gubernamentales venezolanos han venido desplegando medidas para obstaculizar las actividades de la familia Santamarta, todas ellas discriminatorias y arbitrarias”, según los abogados.
Y esto condujo, añadieron, “a la toma del control operativo de SM Pharma y, finalmente, la confiscación ilegítima de los bienes de las sociedades del grupo, despojándolo por completo de su inversión”.
ARBITRAJE POR FALTA DE ACUERDO
El empresario envió el 17 de abril de 2019 una carta de “notificación de disputa” a las autoridades de Venezuela para manifestar su “consentimiento” para iniciar un “arbitraje internacional” y trató de llegar a “un arreglo amistoso”, pero “no fue posible”, según el comunicado citado.
Ahora, Santamarta ha interpuesto una “reclamación de arbitraje” en su condición de inversionista español, que se ha iniciado bajo los auspicios del Reglamento de Arbitraje de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional (CNUDMI) y será decidido por un “tribunal arbitral”.
La solicitud de arbitraje se envió el 17 de enero pasado y fue recibida por la República de Venezuela este martes, aseguraron a EFE las fuentes de Cremades y Asociados, que representa a Santamarta junto al despacho venezolano WDA Legal.
El procedimiento, tras la notificación presentada a Venezuela, seguirá con la elección de los árbitros por las partes.
Venezuela tiene 30 días para esto y, después, los árbitros nombrados por cada una de las partes tienen un mes para nombrar un presidente.
EFE preguntó también sobre este asunto a la Embajada de Venezuela en España, pero no obtuvo respuesta.
El proceso de intervención de la empresa farmacéutica comenzó en el segundo semestre de 2018. El 9 de febrero de 2019, el Gobierno español deploró la confiscación “sin justificación y sin respetar las leyes venezolanas”.
Unos días antes, el gobernador del estado de Zulia, el oficialista Omar Prieto, indicó que los propietarios de SM Pharma recibieron 140 millones de dólares por medio del mecanismo estatal de asignación de divisas, que controla el flujo de las monedas extranjeras en el país caribeño.
“Ha recibido durante muchos años recursos del Estado”, aseguró entonces Prieto, quien acusó a los dueños de haber mermado la producción de medicinas para declarar la empresa en quiebra como parte del “golpe económico” que, en su opinión, intentan dar los empresarios al presidente Nicolás Maduro.
EFE
Gobierno español condena la confiscación de la farmacéutica SM Pharma en Venezuela