De nuevo se impone comentar las sanciones que han sido acordadas por autoridades de otros países contra los jerarcas chavistas y las empresas estatales que manejan a su antojo y sin ningún control, destruidas o quebradas en ejecución de una ideología mortífera, a la que se suma la ignorancia, la incompetencia profesional y una corrupción nunca vista de los funcionarios que han puesto al frente de ellas.
En esta oportunidad se trata de una sanción de EE.UU a la empresa rusa Rosneft que comercializa el petróleo venezolano de PDVSA. Como se conoce, a través de los rusos, la firma venezolana ha venido evadiendo las sanciones norteamericanas.
Opinar sobre este asunto nos obliga a referirnos a ciertas opiniones vertidas en los medios no solo por los voceros de la tiranía, que, por supuesto, las rechazan, sino también por quienes, presentándose como opositores al régimen, se hacen eco de ellas al pie de la letra.
Lo primero que debe recordarse aquí, porque algunos lo encubren interesadamente, es el hecho de que las sanciones contra personeros del gobierno venezolano comenzaron en el año 2017.
Principalmente, fueron EEUU y la Unión Europea los primeros actores internacionales que las pusieron en práctica.
Las restricciones que traían consigo no son por causa de índole comercial o financiero, de allí que la regulación internacional sobre estas materias no tenga pertinencia o aplicación, como ciertas opiniones equivocadamente lo han señalado. Sus motivaciones y naturaleza están vinculadas más bien a circunstancias muy concretas relativas a violaciones de normas internacionales sobre derechos humanos, delitos en general y corrupción.
El régimen chavista y un grupo de cómplices que se dicen opositores a él, han pretendido que compremos el discurso que afirma que las penurias que pasa el pueblo se deben a tales penalizaciones. De modo que el enorme desastre económico de Venezuela, las expropiaciones, controles de precios y cambio, despilfarro, malversación del patrimonio público, la corrupción administrativa, destrucción de las empresas del Estado, el descalabro de los servicios públicos, el hambre, el desabastecimiento que padece el país, la crisis eléctrica y la ruina de las empresas del Estado, según aquellos, es producto de tales sanciones.
Nada más alejado de la realidad. ¡A otro perro con ese hueso!, diría el ciudadano de a pie medianamente informado.
Porque cualquiera que superficialmente se tome la molestia de averiguar sobre el tema, muy rápido descubrirá que las causas y primeros efectos de la terrible situación social que vivimos los venezolanos, los arrastramos desde antes del año 2017, y que no fueron generados por las sanciones, las cuales, además, apuntaron inicialmente a funcionarios gubernamentales sindicados de delitos de lesa humanidad, de latrocinio o de vínculos con el negocio del narcotráfico o el terrorismo.
Las sanciones norteamericanas no tienen nada que ver con el libre comercio o la libre empresa, como algunos descaminados y otros cínicos han querido hacer ver, al querer enrostrar a EE.UU una supuesta incongruencia con los principios sobre libre mercado que siempre ha defendido.
Las sanciones, por otra parte, excluyen las importaciones de bienes esenciales como los alimentos y medicinas, las cuales pueden ser comerciadas sin ninguna limitación.
Por su parte, las europeas tienen como motivación el hecho de que el régimen se opone a realizar elecciones libres en Venezuela.
Este tipo de medidas, cuando están impulsadas por razones de otra índole, como las que persiguen dominar o sojuzgar un pueblo determinado, amenazando sus derechos o poderes soberanos, irían, sin duda, contra el Derecho internacional.
Pero si se trata de sanciones que apuntan a ayudar a un pueblo sometido por una tiranía, como es el caso venezolano, y sobre el que las NN.UU, su Alto Comisionado para los DDHH, han señalado en sus informes todo tipo de delitos de lesa humanidad cometidos, aquellas tienen una sólida justificación jurídica, moral y política.
Que la aplicación de esas medidas al régimen sirva también a otro tipo de intereses geopolíticos de quienes sancionan, no es de extrañar. En el mundo que vivimos no podemos sustraernos a esas realidades que también se cruzan en el camino e inciden.
Las sanciones sobre la tiranía chavista son un medio de presión para que se pueda encaminar una solución negociada a la crisis venezolana. El objetivo es ése. A mi juicio, esa presión es apropiada y se justifica ampliamente, a pesar de los efectos indeseables que pueda comportar eventualmente más allá del gobierno usurpador. Es la vía idónea para resolver nuestro gravísimo problema que trasciende nuestras fronteras, se proyecta al hemisferio americano todo y exige una salida pacífica perentoria.
La comunidad internacional y algunos países individualmente están resueltos a dar un finiquito a una situación que con los días se agrava más. El Grupo de Lima, crecido en número en las últimas semanas, se ha pronunciado a favor de unas elecciones presidenciales como único medio para superar la crisis.
Si los tiranos de Miraflores no acceden a avenirse a un arreglo que evite males mayores para el país y para ellos mismos, las sanciones se profundizarán, y no queremos siquiera mencionar el infierno en el que podríamos hundirnos. Las calamidades que ya experimentamos, palidecerían ante lo que podría venir si no terminamos de ponernos de acuerdo en un desenlace consensuado.