El presidente de la Asociación de Profesores de la Universidad Simón Bolívar (APUSB), William Anseume, se refirió a la nueva sentencia del Tribunal Supremo de Justicia que deja sin efecto la tan cuestionada 0324.
“El problema no está en la superficie. No es un asunto de si admitimos éste o aquel aspecto de una sentencia emanada por un Tribunal Supremo de Justicia espurio. El tema es ¿vamos a aceptar en las universidades algún tipo de imposición, venga de donde venga y como venga? Me explico: Ese Tribunal no está reconocido por nadie sensato dentro ni fuera del país, no sólo está deslegitimado y cuestionado, sino que algunos de sus miembros, incluyendo a la reiterada ponente poseen sanciones. La Asamblea Nacional, que a su vez ha sido desconocida por ese tribunal y perseguida, es el poder del Estado que nos queda como poder constituido. Esa Asamblea hasta designó unos magistrados, un Tribunal Supremo que funciona a trancas y barrancas fuera del país, porque, entre otras complejas cosas que le ocurren, resultó perseguido y exiliado. Ahora bien, ¿vamos a permitir que sea este TSJ el que nos imponga las condiciones, o, como hemos dicho hace mucho tiempo desde la APUSB, haremos en rebeldía nuestra selección de autoridades?”, expresó el profesor Anseume.
“La Universidad es autónoma o no lo es. En nuestro caso, la autonomía está claramente establecida en la Constitución y La Ley de Universidades. No es un capricho de universitario rebelde. La universidad es un poder del Estado venezolano y como tal debe hacer respetar sus derechos, así como lo es, o debería ser, el Banco Central. La Constitución señala que serán las universidades las que se darán sus normas de gobierno. De ese modo ningún otro poder tiene posibilidad de violentar esa disposición, a menos que ocurra un cambio constitucional que no va a ocurrir, que no ha ocurrido. Pero: ¿estamos dispuestos, en estos momentos, después de tantos recursos desconocidos por años, a hacer elecciones como el Tribunal ordene sin potestad para ello? De ningún modo. La universidad tiene la obligación ética y moral, la obligación legal de hacer cumplir la Constitución y de hacerse respetar. En ese sentido, reconozco como un triunfo de los pocos que se han dado contra la dictadura, y que incluye por supuesto la elección parlamentaria de 2015, insisto, reconozco como un triunfo que se hayan visto obligados a desdecirse de su sentencia 0324. Es un triunfo de la universidad venezolana y del país. Sin embargo, de ningún modo aceptaremos los universitarios ninguna imposición distinta, ninguna imposición. En la universidad no hay imposición que valga. Ni siquiera proviniendo de las autoridades, en desconocimiento de la comunidad. El régimen se entrampó con su Ley Orgánica de Educación, creyendo que con ella resolvía su manera de apoderarse de las universidades, pero tampoco así lo logró. Lo que habría que cambiar es el artículo de esa Ley que convierte a las universidades en un estamento político casi como el de una nación o un municipio, y que ellos llaman democrático. Pues mucha más democracia ha habido en las universidades aunque son espacios académicos en busca y difusión del conocimiento. Ya veremos si en las Fuerzas Armadas son capaces de elegir siquiera a los comandantes”, agregó.
“El TSJ puede recomendar lo que quiera, como ciudadanos y universitarios que son; no ordenar a las universidades. Tiene que haber, por último una coherencia, aunque sea mediana en términos políticos en el país. La universidad no tiene porqué obedecer a ése ni a ningún otro TSJ. Tampoco nadie en su sano juicio democrático puede en este momento contrariar a nuestra Asamblea Nacional en estos aspectos: su desconocimiento del TSJ, su desconocimiento, por ende, de estas sentencias, su defensa junto a nosotros de la Autonomía como principio inquebrantable. ¿Hacer cambios con las sugerencias? Esto tal vez sea posible, con el tiempo, producto de las intensas discusiones internas que no se han dado y que llevan un tiempo muy largo para el estatus de las necesidades, para la premura electoral que el mismo régimen dictatorial le impuso a las casas de estudio superior. Esos cambios deben esperar su tiempo. En ningún caso debemos aceptar ni mucho menos promover órdenes gubernamentales de la dictadura en las universidades. Al contrario, es la universidad la que está obligada a ordenarles a quienes se adueñan del poder a retornar a la legalidad, a la constitucionalidad, a la democracia, a la concordancia, a la paz y a la libertad que todos añoramos. La universidad, está demostrado, es el camino a la reconstrucción nacional”, finalizó.
Nota de Prensa