En Venezuela, la situación de los derechos económicos, sociales y culturales empeoró dramáticamente en 2019, según informe anual de Amnistía Internacional, documento en el que se reporta que el acceso a todo tipo de métodos anticonceptivos es extremadamente limitado y en algunas ciudades, inexistentes. Desde 2015 observan un repunte de 65 % de los embarazos en adolescentes.
Por Mabel Sarmiento / Crónica Uno
En el informe más reciente que presenta Amnistía —y en el cual se detalla la situación de los derechos humanos en la región de las Américas— se concluye que la desigualdad, la corrupción, la violencia, la degradación medioambiental, la impunidad y el debilitamiento de las instituciones continúan siendo una realidad habitual en toda la región, lo que para miles de personas se tradujo en violaciones de derechos humanos cotidianas.
Hacen énfasis en la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos al destacar que desde 2015, en Venezuela, los embarazos a temprana edad aumentaron 65 %, lo que afecta además el derecho a la educación de las niñas, de acuerdo con lo reforzado por la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (Oacnudh).
“En el marco de la emergencia humanitaria, el Gobierno siguió negándose a reconocer la gravedad de la crisis y a aceptar ayuda de las agencias humanitarias. Esto favoreció el aumento del flujo de venezolanos a países vecinos para acceder a bienes básicos. Incluso esto provocó que muchas mujeres abandonaran la nación para dar a luz en otros territorios”, dice el informe.
Horas después de hacer públicos los resultados, el gobernante de Venezuela, Nicolás Maduro, hablaba en cadena nacional sobre el parto humanizado. «A parir seis muchachos cada una para que crezca la patria», dijo Maduro. Su comentario fue considerado una burla para la mujer venezolana a la que, por la falta de políticas públicas en materia asistencial, se le vulnera hasta el derecho a tener una buena higiene personal. La mayoría vive sin agua y así lidia con su período menstrual.
Para el cierre del año, se estimaba que 4,8 millones de personas habían abandonado el país en busca de protección.
Para Amnistía Internacional, la mortalidad materna también fue motivo de preocupación, pues manejó informes de muertes ocasionadas por abortos en condiciones de riesgo.
Igual tomó en consideración que las personas que viven con VIH enfrentan peligro por la escasez e intermitencia de los antirretrovirales, y reproducen cifras de las ONG que dicen que 70 % o más de los 300.000 ciudadanos que necesitan tratamientos se ven afectados por el desabastecimiento.
En 2019 continuaba la alarmante escasez de servicios de salud y medicamentos básicos, así como el éxodo del personal asistencial, cita el informe. Asimismo, los cortes de electricidad, cada vez más frecuentes y prolongados, causaron daños irreparables en infraestructura y servicios de salud.
Ese año continuaba la reaparición, tal como lo seguían informado las ONG, de enfermedades como sarampión y difteria. Se mencionan resultados de la Encuesta Nacional de Hospitales, la cual señala que entre noviembre de 2018 y febrero de 2019, 1557 personas fallecieron como consecuencia de la falta de suministros en los hospitales.
El documento hace énfasis en la vulneración del derecho a la alimentación: la hiperinflación y las políticas económicas y sociales redujeron la producción de alimentos y debilitaron los sistemas de distribución.
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