Las negociaciones del Brexit, hasta hace pocos días el evento más relevante para el futuro de la economía del Reino Unido, han quedado congeladas ante la apremiante crisis del coronavirus, mientras aumentan las especulaciones sobre una extensión del periodo de transición más allá del 31 de diciembre.
Esta semana estaba previsto que comenzara la segunda ronda de diálogo entre Londres y Bruselas para cerrar los detalles de la futura relación entre ambos lados del canal de la Mancha, pero ambas partes han optado por posponerla.
El Gobierno británico ha resaltado que continúa comprometido con el plazo marcado para alcanzar un acuerdo, aunque cada vez son más las voces que ponen en duda la viabilidad de ese objetivo y sugieren que la posibilidad de una prórroga va a estar sobre la mesa en los próximos meses.
Ambos equipos están valorando la posibilidad de continuar las conversaciones por medio de videoconferencia, pero por ahora no se ha optado por esa vía.
Anoche, se intercambiaron los borradores legales sobre los que pensaban trabajar en conjunto estos días y una portavoz del Ejecutivo británico indicó que esperan más contactos la próxima semana, sin ofrecer otros detalles.
Más allá de las dificultades para negociar cara a cara, la nueva relación comercial que previsiblemente se establecerá requerirá cambios sustanciales en el modo de funcionar de las empresas, tanto británicas como europeas, que precisamente por la crisis del coronavirus tienen ahora más difícil cualquier adaptación.
La epidemia, además, consume recursos en prácticamente todos los ministerios del Gobierno británico, lo que dificulta que puedan dedicar los esfuerzos previstos para una negociación amplia y compleja.
El portavoz oficial del primer ministro, Boris Johnson, ha recalcado que “no es cierto” que el Ejecutivo esté considerando una extensión del plazo, aunque diversos funcionarios han indicado al diario Financial Times que la fecha del 31 de diciembre ya no parece tan inamovible como hasta ahora.
“Si no podemos continuar con las negociaciones de manera adecuada, entonces estamos ante un mundo distinto”, indicó a ese diario un alto funcionario.
El acuerdo de salida de la UE aprobado tanto por el Parlamento británico como por la Eurocámara estipula que Johnson debe decidir en junio si pide una extensión del periodo de transición, el plazo en el que el Reino Unido sigue vinculado a las estructuras del bloque comunitario, aunque oficialmente ya no pertenece a él.
En caso de llegar a la fecha límite del 31 de diciembre sin haber firmado una nueva relación bilateral ni una extensión, se produciría un escenario similar al de un Brexit sin acuerdo, lo que amenazaría con dañar las economías de ambos lados del canal.
A pesar de las dificultades para seguir avanzando, el Gobierno británico recalca que mantiene su voluntad de “considerar modos alternativos para continuar el diálogo” y está explorando maneras de “flexibilizar la estructura” de las negociaciones.
“Tenemos confianza en que esto se puede hacer y, la verdad, no creo que retrasar las negociaciones del Brexit otorgue la certidumbre necesaria en ambos lados del canal de la Mancha”, ha dicho el ministro de Exteriores, Dominic Raab, en la Cámara de los Comunes.
En los pasillos del palacio de Westminster, sede del Parlamento, se valora la posibilidad de que la negociación pase a ser un diálogo continuo a través de métodos telemáticos, en lugar de basarse en encuentros periódicos.
El plan inicial era celebrar reuniones cada dos semanas en Londres y Bruselas, de manera alternativa, y el pasado día 2 se sentaron por primera vez frente a frente el negociador comunitario, Michel Barnier, y el británico, David Frost.
Esa primera reunión sirvió para constatar las significativas diferencias con las que se iniciaron los contactos, en particular en aspectos como los derechos pesqueros de los comunitarios en aguas británicas y las normas que deberá seguir el Reino Unido para asegurar una competencia justa.
El futuro acuerdo no debe incluir solo aspectos como el intercambio de mercancías y los arreglos arancelarios, sino también otras cuestiones clave como el acceso de las firmas de servicios financieros, los derechos de aviación y aspectos de la seguridad compartida.
EFE