La comunidad latinoamericana residente en España vive con resignación estos días de coronavirus. Muchos se han quedado sin empleo, otros no pueden acceder a las ayudas del Gobierno y casi todos están atrapados en la imposibilidad de regresar a sus países ante la falta de recursos y el cierre de fronteras.
Una gran parte sufre los efectos globales del migrante: trabajos precarios o sin cobertura legal, en ocasiones irregularidad administrativa, imposibilidad para acceder a mejores empleos y dificultad para conseguir hogares en buenas condiciones, entre otros.
Circunstancias que en estos días de pandemia, cuando España ya registra casi 80.000 infectados y cerca de 7.000 muertes, se incrementan para esta población que, pese a sus fuertes vínculos históricos con el país que les acoge, sigue encontrando muchas barreras para vivir dignamente.
DOBLEMENTE GOLPEADOS
Como toda crisis, la del coronavirus está golpeando de manera doble a los más vulnerables. En este caso, la comunidad latinoamericana comparte situaciones próximas a las familias vulnerables españolas y también a la del resto de inmigrantes.
“El confinamiento les impacta más cuando las condiciones habitacionales son precarias o cuando la brecha digital es mayor”, explica a Efe Catalina Perazzo, directora de Sensibilización y Políticas de Infancia en Save the Children España.
A esta dificultad de confinamiento se suma la falta de un trabajo en condiciones legales con un contrato suscrito a la Seguridad Social, lo que les impide acceder a las ayudas aprobadas por el Gobierno para paliar los efectos de la pandemia.
“Lo que estamos viendo es, por un lado, cómo impacta a las familias y, por otro, que dentro de las vulnerables hay muchas que son inmigrantes y sobreviven en una economía sumergida o precaria”, afirma.
A pesar de ello, la ONG aplaude algunas decisiones tomadas como la paralización de trámites y citas que afectan a los procesos de regularización de inmigrantes.
“Estamos ante una doble realidad, en la que se han parado muchos trámites para los que están de forma irregular, pero también se está hablando de que quizá haya alguna regularización”, analiza Perazzo antes reclamar que las administraciones garanticen la salud y la alimentación para niños y familias con independencia de “su situación legal”.
SIN RED DE SEGURIDAD
La comunidad inmigrante comparte la incertidumbre laboral con millones de españoles, pero la mayoría lo hace sin un red de apoyo familiar, tan crucial en estos momentos.
Miguel es ecuatoriano, lleva 11 años en España y la mayoría de su familia sigue viviendo en Guayaquil, pero tiene algunos familiares cerca, entre ellos una hermana y una sobrina con las que comparte residencia.
“Nosotros estamos todos bien y nos apoyamos, pero muchos amigos nuestros lo están pasando muy mal”, advierte este portero que, pese a que ha solicitado que le reduzcan las horas de trabajo para no pasar tanto tiempo fuera de casa, sigue haciendo una jornada completa.
Se conforma porque al menos no ha perdido su empleo, pero recuerda que otros compatriotas no están corriendo la misma suerte.
“Es lo que hay, al menos yo sigo cobrando, pero tengo una amiga que trabajaba en una floristería y la han echado; se iba a Ecuador y le cancelaron el vuelo y ahora tiene síntomas del coronavirus”, narra Miguel, quien pese a todo mantiene el optimismo.
“Seguiremos adelante como siempre lo hemos hecho”, enfatiza.
LAS EMPLEADAS DEL HOGAR, AL LÍMITE
A Claudia le tiembla la voz mientras explica su situación. Tras 15 años en España y ya nacionalizada, esta empleada del hogar boliviana no sabe si podrá afrontar el pago del alquiler del mes que viene porque sus ingresos han desaparecido por completo.
“Todas las casas que limpio me dijeron que ya no fuera más, por mi seguridad, porque yo voy en transporte público y no querían que me expusiera al virus, pero es mi único ingreso, no sé cómo pagaré las facturas el próximo mes”, responde a Efe.
Claudia se queja de que ninguna de las medidas que ha aprobado hasta ahora el Ejecutivo español ayudará a paliar su situación ni la de tantas mujeres latinoamericanas que son trabajadoras domésticas y quienes estos días no están pudiendo desplazarse a las casas.
Además desconfía de la hipotética prestación que podría aprobar el Gobierno para este tipo de empleada, que en un 90% son mujeres.
“Nos pedirán justificantes y mil papeles, ya me ha pasado más veces, si soy soltera y no tengo familiares a mi cargo, eso me coloca muy atrás en las listas, preferiría estar en mi país pero ni tengo dinero para ir ni las fronteras están abiertas”. EFE