La “alianza cívico militar” que el chavismo ha impuesto como doctrina revolucionaria en la Fuerza Armada Nacional bolivariana tiene más de negocio que de ideología, al menos para un tercio de los generales del Ejército venezolano, que exhiben todo tipo de empresas para contratar con el Estado aunque las leyes lo prohíben expresamente. La siguiente investigación fue realizada por el Occrp (Organized Crime and Corruption Reporting Project), organización global de periodismo de investigación y publicada por varios medios de comunicación venezolanos, entre los que se incluye Armando.info como parte de una alianza periodística para develar la corrupción.
Por OCCRP / armando.info
Escasez extrema de alimentos y medicinas, hiperinflación, represión política y escándalos de corrupción: una crisis tan compleja podría haber doblegado a más de un gobierno. Pero no al venezolano, donde altos oficiales del ejército han sido recompensados por mantener el statu quo, incluso mientras el país se hunde en una espiral de ruina económica.
Una investigación de Occrp (Organized Crime and Corruption Reporting Project) expone los nexos financieros entre la administración del presidente Nicolás Maduro y una camarilla de generales que están detrás de empresas privadas que recibieron lucrativos contratos estatales y otros beneficios. Para algunos analistas, este tipo de retribuciones son clave para asegurar la lealtad al régimen de Maduro,
en medio de una situación política y económica que se deteriora.
Una serie de documentos internos del Ejército Bolivariano, conocidos por Occrp, fueron el punto de partida de la investigación. Un equipo de reporteros luego revisó registros empresariales y de propiedad, tanto en Venezuela como en Estados Unidos. También entrevistaron a varios oficiales con conocimiento sobre empresas relacionadas con generales. Occrp tuvo además acceso a una copia completa del Registro Nacional de Contratistas (RNC) del 2017, antes de que el gobierno decidiera eliminar buena parte de la información que estaba disponible.
Los documentos revelan por primera vez que, para 2019, Venezuela contaba con 312 generales activos en el Ejército, la rama más poderosa de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana (Fanb). Casi un tercio de estos altos oficiales están vinculados a empresas que están habilitadas para hacer negocios con el gobierno. De estos, 35 son socios o están en juntas directivas de compañías privadas que aparecen en el RNC. La investigación se centró en este grupo, que OCCRP bautizó como el Club de los 35 (ver perfiles).
Los miembros del Club de los 35 se relacionan con 41 empresas privadas habilitadas para contratar con el Estado. Fueron fundadas a partir de 2004 y se concentran en sectores económicos clave como la construcción, la alimentación, el transporte y el petróleo. En total, obtuvieron 220 contratos a lo largo de los años. También se han involucrado en actividades tan diversas como la publicidad, la venta de equipos de salud, la importación de juguetes y el turismo.
“Se convierte en una especie de doctrina militar que algunos oficiales creen una empresa”, dijo Pedro Mendoza, un ex teniente de la Guardia Nacional Bolivariana, otra rama de las Fanb, que decidió abandonar su país en 2019 y cruzó la frontera
hacia Colombia.
Mendoza describió la actitud de la administración Maduro hacia sus generales como: “Tú me proteges, me mantienes en el poder y yo te doy a ti la posibilidad de que tengas beneficios económicos”.
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