Venezuela atraviesa graves momentos de represión, que se ocultan bajo las medidas restrictivas que ha dictado el régimen de Maduro provocadas por la crisis del Coronavirus. Cientos de protestas por hambre, por falta de servicios básicos como el agua, la electricidad, el gas y la gasolina se suman a múltiples episodios de saqueo de establecimientos comerciales en todo el país, que traen como consecuencia detenciones masivas.
En medio de este malestar social, la dictadura ha emprendido una nueva ola de persecución contra civiles y militares disidentes, e incluso contra familiares y amigos. El pasado sábado 25 de Abril, el temido Grupo FAES (Fuerzas de Acciones Especiales de la GNB) detuvo en su residencia, en Guarenas, Estado Miranda, al Coronel de la Guardia Nacional (retirado) Oscar Pérez Romero (65), a su esposa Noraima Laviana Borque, a la dueña de la residencia donde habitan, Marifrancy Marcano y a una amiga de la familia, Ana María Pernía, desconociéndose los motivos de estas detenciones, ya que los funcionarios no portaban orden de allanamiento ni orden de aprehensión.
El Coronel fue visto el pasado año acompañando al Presidente Juan Guaido en los acontecimientos del 30 de Abril. En el mismo operativo fue detenido el Sargento de la Guardia Nacional (retirado) Leonardo Carillo Primera. La información que hemos recibido dice que el Coronel fue brutalmente golpeado por los agentes del FAES delante de su familia, y la residencia fue saqueada y muebles y objetos personales dañados.
El pasado 20 de Abril, según información recaudada por medios de prensa y otras fuentes, se presentó una situación irregular en el Destacamento 441 de la Guardia Nacional ubicado en Puerta Morocha, Estado Miranda, donde unos oficiales pretendieron sustraer unas armas del almacén de dicho destacamento y encabezar una presunta sublevación, que se suma a otras que ya han ocurrido en el país, debido al malestar imperante dentro de las Fuerzas Armadas Nacionales, quienes están padeciendo junto con sus familias, las mismas necesidades y carencias que la sociedad civil.
Según la actuación del cuerpo de Inteligencia Militar (DGCIM), estos oficiales pretendían dirigirse a la cárcel militar de Ramo Verde, (CENAPROMIL) donde permanecen encarcelados compañeros de armas acusados de delitos políticos. Todos los presuntos sublevados fueron detenidos.
A raíz de estos sucesos, se han presentado nuevas detenciones de civiles, familiares de oficiales participantes o que el régimen ha relacionado con esta situación. Mencionamos entre otros posibles casos que estamos verificando, la detención por parte de funcionarios de la División General de Contrainteligencia Militar ( DGCIM) de Yolimar y Andreina Alemán Castellano, hermanas del Teniente Richard Alemán Castellano, que fueron detenidas junto con el esposo de Andreina, el Cap. de la GN Chaya Barroeta Erickson y Manuel Castellano, primo del Teniente, sin que al dia de hoy se conozca donde se encuentran.
Por otro lado, familiares y abogados de los presos políticos que fueron sacados de la Cárcel Militar de Ramo Verde (CENAPROMIL) abruptamente, la semana pasada, sin orden de traslado emitida por el Tribunal que lleva las causas de dichos oficiales, siguen sin conocer con certeza al dia de hoy, en donde se encuentran y cual es su estado físico. Ellos son: Coronel Pedro Zambrano, Coronel Romel Acevedo, Coronel Ervin Jesús Gragirena Echezuria, Mayor Adrián de Gouveia, Capitán Jesús María Alarcón, Sto 2do. Darwin Morillo Mujica, Comisario Roberto Bracho.
Los oficiales que fueron detenidos por los hechos del dia 20 de Abril antes mencionado son a saber: Cap. Dimas Omar Murillo Rubio, Cap. Jhon Contreras Gómez, Cap. (retirado) Renny Olivares Moreno, Teniente (retirado) Richard Alemán Castellano.
El Instituto CASLA obtuvo información sobre un nuevo lugar de detención dirigido por el Grupo FAES, donde habrían construido celdas de máxima seguridad, y que estaría ubicado en el barrio 23 de Enero al Oeste de Caracas, donde operan varios “colectivos” afectos al oficialismo, que trabajan conjuntamente con el FAES, y que ha sido denunciado con anterioridad.
Manifestamos nuestra preocupación por la grave y vulnerable situación por la que atraviesan los presos políticos venezolanos. Denunciamos la detención arbitraria de civiles y la construcción de nuevos centros de reclusión para detenidos políticos, con celdas que no guardan los estándares internacionales contenidos en la Resolución aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas del 17 de Diciembre del 2015, sobre Reglas Mínimas para el Tratamiento de Reclusos.
Nota de prensa