La Confederación Sordos de Venezuela (Consorven), realizó un estudio donde entrevistaron a 251 personas en 10 estados del país, entre las que participaron 30 representantes de Organizaciones de Personas con Discapacidad (OPD), 45 cuidadores y 176 personas con diferentes tipos de discapacidad, con el cual se pretende conocer el acceso que tienen las PcD a los servicios básicos.
Juan Ángel De Gouveia, presidente de Consorven, recordó que a principios del año 2020, el Programa Mundial de Alimentos publicó que una de cada tres personas en Venezuela, pasa dificultades para alimentarse con el mínimo de nutrientes requeridos.
“A partir de los datos obtenidos en la investigación que recién hicimos, es posible prever que esta situación haya empeorado, pues el 53,7% de las Personas con Discapacidad entrevistadas, aseguraron que su acceso a los alimentos ha disminuido con la llegada del coronavirus al país”. Dijo De Gouveia.
En ese sentido, recordó que la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD), exige al régimen garantizar un nivel de vida adecuado a las personas con discapacidad y sus familiares, teniendo como primer elemento el derecho a la alimentación.
En cuanto a la parte académica/educativa, 88,8% de las Personas con Discapacidad que se encuentran estudiando, informaron que sus actividades educativas han disminuido desde la cuarentena.
“Ciertamente el régimen venezolano ha implementado un plan de clases online con el objetivo de continuar con las actividades educativas en todo el país, donde los estudiantes deben recibir y enviar asignaciones vía correo electrónico a sus respectivos docentes; sin embargo los resultados demuestran que una gran mayoría de las personas con discapacidad que se encuentran estudiando, no han podido continuar con sus actividades educativas, debido a la falta de internet y a la ausencia de técnicas especializadas que se adapten a sus necesidades específicas”.
Recalcó que en ese contexto, para evitar un escenario de discriminación, es fundamental señalar que la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad exige al Estado “hacer ajustes razonables en función de las necesidades individuales”.
Por otro lado, de acuerdo a la percepción de las Personas con Discapacidad y los cuidadores, “los servicios básicos han empeorado notablemente durante la cuarentena, haciendo más difícil la situación humanitaria en el país y colocando barreras ambientales difíciles de superar para las personas con algún tipo de discapacidad”.
En ese sentido, 32,7% de los entrevistados reportó que el servicio de agua potable ha empeorado; 32,6% señaló lo mismo sobre el servicio de electricidad y 25,8% acerca del gas doméstico.
Muchos mostraron preocupación al no contar con agua, siendo el vital líquido uno de los mecanismos indispensables para evitar el contagio y propagación del virus. “Este escenario, coloca en una situación de riesgo a las personas con discapacidad, además de vulnerar sus derechos a un nivel de vida adecuado y digno, tal como lo estipula la Convención Sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela”.
En ese particular, Consorven exhorta al régimen a que garantice el normal funcionamiento de los servicios básicos, “en especial el agua potable, pues es un recurso elemental para las distintas estrategias de prevención frente la Coronavirus (Covid-19); también debe garantizar la participación de los estudiantes con alguna discapacidad en el Plan Educativo on-line implementado en el marco de la Cuarentena Nacional.
También es necesario destacar que hay PcD que necesitan atenciones particulares, debido a que sin ellos, su calidad de vida puede verse seriamente comprometida. “Este estudio determinó que 68,5% reportó necesitar medicamentos, 27,2 % necesita rehabilitación, 12% terapia psicológica, 7,6% aseo personal. De ellos, 70% afirmó haber visto reducido su acceso a tales requerimientos durante la cuarentena; situación delicada que coloca en riesgo a las personas que lo necesiten”.
De Gouveia explicó que lo antes expuesto, se debe también a la escasez de gasolina por la cual atraviesa el país y que impide -en la mayoría de los casos- que las personas afectadas puedan acceder a estos requerimientos, debido a la falta de medios de transporte para movilizarse.
En ese particular, la CDPD compromete al régimen a “proporcionar los servicios de salud que necesiten las personas con discapacidad específicamente como consecuencia de su discapacidad (…); además de garantizar esos servicios lo más cerca posible de las comunidades de las personas con discapacidad, incluso en las zonas rurales”.
Finalmente, exhortó al régimen a garantizar el acceso a los distintos requerimientos de atención particulares que necesitan las Personas con Discapacidad para mantener su calidad de vida y dignidad.
Nota de prensa