Durante el 5 y el 8 de febrero de 2020 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realizó la histórica visita in loco a Venezuela en la frontera colombo-venezolano ante la negativa del régimen de facto para que estos ingresaran al país, posterior a una visita oficial por parte del gobierno interino de Venezuela y de la embajada permanente de Venezuela ante la Organización de Estados Americanos (OEA).
Así, en esta presentación de observaciones preliminares sobre el Informe de la visita, estuvieron presentes el Secretario Ejecutivo de la CIDH, Paul Abrao, la comisionada y relatora para Venezuela, Esmeralda Arosemena, el relator para la libertad de expresión, Edison Lanza, la relatora para DESCA, Soledad García, el comisionado presidente de CIDH, Joel Hernández y la comisionada Julissa Mantilla.
Así, el Secretario Ejecutivo hizo referencia al impedimento de entrada al país y respaldó que la CIDH tiene competencia para hacer seguimiento sobre Venezuela, recibir denuncias y realizar las labores cuasi jurisdiccionales propias de la Comisión Interamericana, esto debido a que Venezuela sigue formando parte de la OEA y de la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Agregó que el Mecanismo Especial de Seguimiento para Venezuela tiene un papel determinante en la labor de seguimiento sobre la situación venezolana y lo que la CIDH pueda hacer al respecto. Tan es así, que en el Informe Anual 2019, se hizo referencia al caso de Venezuela en el capítulo IV.B.
Por último, hizo referencia al uso excesivo de la fuerza en el marco del COVID-19, la masacre contra pueblos indígenas, el caso de Henderson Maldonado, Darvinson Rojas, las declaraciones estigmatizantes por autoridades del régimen, las medidas de contención desproporcionadas, el aumento significativo de protestas sociales, los traslados no autorizados de privados de libertad y las desapariciones de estos, las detenciones arbitrarias, lo sucedido en el Centro de reclusión de Guanare y demás.
Por su parte, el comisionado presidente Joel Hernández García, mencionó la misión histórica y atípica y arrojó cifras importantes sobre la labor de la CIDH para Venezuela en los últimos años. Así, se han tomado acciones novedosas para responder de manera oportuna a la alta demanda sobre el tema venezolano y la urgencia de este. Recuerda que desde el 2017 existe SACROI para articular las denuncias y responder con celeridad. Tan es así, que se incrementó en un 40% las audiencias públicas en el marco de los periodos de sesiones sobre Venezuela, en las cuales se trataron temáticas sobre libertad de expresión, situación de migrantes, persecución política, ejecuciones extrajudiciales y demás.
Adicionalmente, se han dictado 42 medidas cautelares desde el 2016, siendo este el número más elevado desde el 2002. De estas, existen medidas novedosas como aquella referida a los detenidos en la DGCIM o la situación de hospitales.
Por último, esperó con énfasis el restablecimiento de la democracia en Venezuela.
Por otro lado, la comisionada Esmeralda Arosemena y relatora de país sobre Venezuela, recordó el carácter histórico de la visita. Esta visita sirvió para constatar en terreno de flujo masivo de venezolanos y conocer de primera mano las situaciones que han llevado a millones a abandonar el país, la dramática situación que se vive las mujeres y niños, adultos mayores y en general, le ha dejado una huella profunda de lo que significa la realidad venezolana a la Comisión Interamericana.
La comisionada detalló el Informe de manera detallada en donde se rescatan diversas manifestaciones. En primer lugar, se advierte que la represión a la protesta pacífica se ha intensificado gravemente. En segundo lugar, hizo mención especifica y detallada sobre el carácter democrático y legítimo de la Asamblea Nacional, así como aquel ilegitimo de la Asamblea Constituyente, la ausencia de garantía mínimas para la celebración de elecciones, la falta de independencia judicial y la no subordinación del estado a lo civil.
Lo anterior, es una clara evidencia de la alteración del orden constitucional y completa ausencia del estado de derecho. Concluye que el estado venezolano ha vulnerado sistemáticamente al derecho de la vida, libertad, integridad, reunión, expresión, y como consecuencia de la militarización, se siguen registrando ejecuciones extrajudiciales y operativos con uso excesivo de la fuerza letal.
Además, la comisionada hizo mención específica sobre las torturas, tratos crueles e inhumanos de los que son víctimas cientos de privados de libertad, de forma sistemática, no solamente contra civiles, sino con ensañamiento contra traidores o desertores militares especialmente, por delitos que la CIDH rechaza, como la traición a la patria y demás.
También se refirió a la grave situación humanitaria compleja y a la falta de autonomía universitaria, así como a los hostigamientos contra diputados, lo cual recuerda que no es algo nuevo, ya que desde el 2015, la Comisión registra persecuciones contra aquellos disidentes, en lo que se incluye y persiste la criminalización de la protesta.
La comisionada concluye con la formulación de un conjunto de recomendaciones para garantizar el respeto de los derechos humanos y la estabilidad democrática. En este sentido, la CIDH se encuentra en disposición para brindar acompañamiento que se requiera y superar la crisis institucional que sufre Venezuela.
En otro sentido, la comisionada Mantilla registró la visita al puente internacional Simón Bolívar, al Hospital Universitario Erasmo Meoz, a la visita Escalabriniana y a un comedor de más de 4000 platos diarios para venezolanos migrantes. Así, habla de la violación compleja de los derechos humanos producto de la migración forzada. Además, no solo hace mención a los migrantes sino también a los desplazados, niños y niñas, víctimas de tratas y demás grupos en situación de vulnerabilidad.
Por último, señaló que la situación no solo afecta a Venezuela y a Colombia, afecta a toda América.
La relatora García Muñoz y el relator Lanza se refirieron a la situación de vulneraciones a los DESCA y a la libertad de expresión. En este sentido, el Informe país del 2017, se redactaron los apartados desde la perspectiva de indivisibilidad, por lo cual hace que Venezuela sufra, desde hace años, de las peores tragedias DESCA de América.
Así, la pobreza y desigualdad se enmarcan en un contexto de crisis humanitaria compleja, debido a la falta de acción del Estado, donde la capacidad adquisitiva, las brechas salariales, el hambre y la educación se ven fuertemente afectadas, al punto de que el 90% del país no obtiene mensualmente los recursos suficientes para cubrir una dieta alimenticia básica y mínima.
Por su parte, el relator Lanza sobre la libertad de expresión se refirió al cierre de medios televisivos internacionales y nacionales, la censura previa contra periodistas, el robo de sus equipos, la creación de leyes que sancionan la libertad de expresión y las restricciones arbitrarias contra periodistas en el estado de alarma actual y el estado de excepción continuo que se vive desde hace más de 2 años.
Por último, señaló algo vital y es que estos ataques a la prensa no son nuevas: son producto de 20 años de ataques permanentes.
Nota de prensa