La Fiscalía General de la República (FGR) de El Salvador señaló este domingo que el presidente del país, Nayib Bukele, supuestamente usurpó la facultades del Congreso al prescindir de este órgano de Estado para decretar un estado de emergencia para enfrentar la pandemia del COVID-19.
“Un estado de emergencia decretado por el presidente de la República debe ser sometido al control de la Asamblea Legislativa, por lo que emitir un estado de emergencia por un período de 30 días, resulta un acto de usurpación de facultades”, raza un comunicado de la FGR.
Cerca de la medianoche de este domingo, Bukele declaró dicho estado para frenar el avance del COVID-19, amparado en una ley que se lo permite si el Congreso no puede reunirse, medida que fue catalogada por diputados y analistas como un “desconocimiento” del órgano Legislativo.
Según el Ministerio Público, “en este caso no se cumplen las condiciones” establecidas por la citada legislación.
“La Asamblea Legislativa no estaba imposibilitada para reunirse en estos momentos, por lo que tiene la legitimidad legal y constitucional para analizar el estado de emergencia”, añadió el Ministerio Público.
Explicó que ante esta situación, la FGR “presentará una demanda de inconstitucionalidad ante la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia contra el decreto ejecutivo”.
Pese a que la FGR señaló el supuesto acto de “usurpación de facultades”, no detalló si abrirá una investigación penal contra el mandatario y sus ministros.
El presidente Bukele reaccionó mediante su cuenta de Twitter e indicó que “parece que sus jefes los despertaron a redactar este comunicado, a la carrera”.
En una inesperada conferencia de prensa, el secretario jurídico de la Presidencia, Conan Castro, anunció que “el señor presidente de la República, a través de decreto ejecutivo, decreta estado de emergencia” sin cambiar “una coma” de lo aprobado por los diputados el 14 de marzo y ampliado el 30 de abril.
La declaración se hizo de medianoche frente al vencimiento este sábado del estado de emergencia decretado desde mediados de marzo por el Congreso y ante el posible colapso del sistema sanitario.
Los diputados de los partidos mayoritarios en el Congreso, ambos opositores, adelantaron que no extenderían de forma automática la medida, por lo que está convocada para la mañana de lunes la comisión que la analizará y para la tarde la sesión plenaria para su votación.
Diputados opositores y expertos en derechos humanos catalogaron, casi de inmediato, la acción del Ejecutivo de Nayib Bukele como un “desconocimiento” del Congreso y de “estado de excepción”.
“Este es un estado de excepción disfrazado que no puede ser declarado bajo ninguna circunstancia por el Ejecutivo”, señaló la diputada Patricia Valdivieso, de la derechista Alianza Republicana Nacionalista (Arena).
Un grupo de organizaciones humanitarias aseguraron mediante un comunicado de prensa que la medida del Gobierno es “nula” y llamaron a la Fiscalía a promover una investigación contra los funcionarios del Ejecutivo por la supuesta “alteración del orden constitucional”.
El presidente salvadoreño criticó los señalamientos de la oposición y publicó en su cuenta de Twitter un decreto ejecutivo de 2009 del expresidente Mauricio Funes (2009-2014), en el que también se declaró emergencia nacional por las lluvias causadas por un huracán.
“Dicen que es un golpe a la democracia y no sé qué más… ¿Se habrán ofendido cuando Funes declaró Estado de Emergencia, sin pasar por la @AsambleaSV (Asamblea Legislativa)?”, añadió.
Mario Duran, titular de Gobernación, advirtió durante la referida conferencia de prensa que el sistema de salud salvadoreño “esta a días del colapso”, por lo que respaldÓ la toma de medidas extraordinarias.
El ministro de Salud, Francisco Alabí, secundó esta declaración y señaló que el país, de continuar el ritmo de contagios, no será capaz de “poder dar atención médica a todos los pacientes”.
Según el recuento oficial, El Salvador registra 1.338 casos confirmados del COVID-19 y 27 fallecidos. EFE