El Gobierno de España tiene previsto aprobar mañana el ingreso mínimo vital, una ayuda económica que beneficiará a alrededor de 850.000 familias que sufren pobreza severa y están en riesgo de exclusión social.
El mecanismo entrará en vigor el próximo 1 de junio, que es el próximo lunes, y los cálculos iniciales del Gobierno apuntan a que beneficiaría a unos 2,3 millones de personas.
Los beneficiarios podrán acceder a una ayuda que oscilaría entre los 462 y los 1.015 euros, dependiendo de las circunstancias de cada unidad familiar.
La medida, que tendrá un coste calculado de 3.000 millones de euros anuales, es estaba discutiendo desde hace meses en el Ejecutivo, que ha acelerado su aprobación debido a las graves consecuencias sociales de la pandemia de coronavirus, con un fuerte aumento del desempleo y la pobreza.
En Madrid y otras grandes ciudades han vuelto las “colas del hambre” para recibir comida, mientras que los bancos de alimentos han visto un importante aumento de la demanda de ayuda.
Según un informe del Banco de España de marzo, antes de la pandemia, unos doce millones de personas (casi la cuarta parte de la población española) estaban en situación de riesgo de pobreza.
Esta situación podría haberse visto agravada debido a la pandemia del COVID-19, que en el país generó las llamadas “colas del hambre”, con miles de personas acudiendo a puntos sociales para recibir alimentos.
Para pedir esta ayuda, los beneficiarios tendrán que tener más de 21 años y menos de 65, haber residido permanentemente en España en el año anterior a la petición y no tener ingresos, entre otros requisitos.
El esquema, algunos de cuyos detalles se han filtrado ya a la prensa, incluirá mecanismos y sanciones para prevenir y evitar el fraude entre los receptores.
España se sumará así a otros países que tienen fórmulas parecidas a ingresos mínimos vitales, como Italia y Portugal -que la conceden si el beneficiario no deja de buscar empleo-, o Francia, que la otorga a los mayores de 25 años que perciban ingresos bajos.
EFE