Raisa Urribarri, integrante de la junta directiva de Internet Society, aseguró que el hecho de que a los venezolanos no se les garantice el derecho al acceso a internet se asocia directamente al desmejoramiento de su calidad de vida y de los servicios básicos. Para ella esto se traduce entonces en una reducción de los espacios en los que los ciudadanos pueden comunicarse libremente y tener acceso a la información.
Indicó que para que un venezolano pueda tener internet de calidad se tiene que hacer una inversión de aproximadamente 400 dólares y pagar mensualmente cerca de 40 dólares. No obstante, hizo énfasis en que contratar el servicio no garantizaba por completo el acceso a él, pues las fallas constantes en el sistema eléctrico también influían en la prestación del mismo.
De acuerdo con Urribarri, en 2019 un venezolano promedio debía reunir 62 sueldos para poder comprar un teléfono de gama media. Este año ese número aumentó a 183 (salarios mínimos). Es por esto que considera que «recuperar nivel socio-económico de los venezolanos es fundamental para tener mejor internet», pues para tenerlo y aprovecharlo debidamente es también necesario tener un buen equipo.
A su juicio, en Venezuela es necesario crear un marco real en el que se armonice la inversión del sector privado y también la del gobierno, el cual debe contar con un organismo competente que garantice la neutralidad de la red y de las decisiones importantes que se tomen en torno a la materia de las telecomunicaciones.
«Es necesario en Venezuela reunirnos de forma multisectorial, que es la negociación entre las empresas, los gobiernos de turno, es decir el Estado regulador con recursos económicos, organismos técnicos y academia, y las organizaciones de la sociedad civil como Espacio Público, Espacio Libre, Redes Ayuda», expresó Urribarri.
En ese sentido, Iris Puyosa señaló que los primeros pasos que debían darse para solucionar los problemas de conectividad y acceso a internet son atender las problemáticas relacionadas a las restricciones de la libertad de expresión y actualizar las políticas públicas que rigen el sector de las telecomunicaciones en el país.
Puyosa insistió en que coartar el derecho a la libertad de expresión influía también en que no se pudiesen abrir debates de asuntos públicos en la internet. «Hay un marco regulatorio que hace difícil que nosotros podamos tener un internet realmente libre donde se posibilite el desarrollo de otros derechos políticos y sociales y que son importante para la convivencia de todos nosotros.»
Puntualizó que en Venezuela debe empezar a trabajarse bajo el modelo de universalidad de internet desarrollado por la Unesco, en el que se contemplan cuatro aristas principales: «internet como derecho humano, internet abierto, internet accesible, y gobernanza entre las partes interesadas.»