La Fiscalía de Kleve (oeste de Alemania) ha reabierto la investigación de las circunstancias que llevaron al presunto suicidio del refugiado kurdo-sirio Amad A., encarcelado durante nueve semanas a pesar de haber sido detenido por error, informó este viernes el semanario “Der Spiegel”.
El caso, que ocurrió en 2018, plantea muchos interrogantes, desde las circunstancias de la muerte del joven de 26 años, que pereció a causa de un fuego en su celda, hasta el motivo por el que no había sido liberado después de que se descubriese que la orden de detención se refería a otro individuo.
De acuerdo con “Der Spiegel”, un policía identificado como Frank G. está siendo investigado por la Fiscalía, después de que esta semana trascendiese que la fiscal que instruía el caso de robo por el que fue detenido Amad A., le había informado por teléfono de que se había encarcelado a la persona equivocada.
Tras recibir la llamada, que se produjo cuando el refugiado ya llevaba tres semanas en prisión preventiva, Frank G. no emprendió ninguna acción para ponerle en libertad; seis semanas después, un fuego en la celda causó graves lesiones a Amad A., que falleció dos semanas más tarde.
El hecho de que la confusión de la identidad de Amad. A con el verdadero sospechoso del robo, un ciudadano de Mali con un nombre similar, hubiese pasado desapercibida durante tanto tiempo causó una oleada de indignación, en medio de acusaciones de racismo institucional.
Aunque el policía Frank G. había testificado ante una comisión de investigación creada en el Parlamento regional para esclarecer los hechos, ocultó el dato de que la Fiscalía le había informado de la inocencia del preso; ahora se enfrenta a un procedimiento disciplinario.
Ya en 2018, expertos en incendios pusieron en duda diversos aspectos del informe pericial sobre el fuego en la celda de Amad. A, que éste presuntamente prendió con el propósito de suicidarse, llevado por la desesperación, destacando que la reconstrucción de los hechos no era plausible.
El caso despierta reminiscencias de la muerte, aún por esclarecer, de Oury Jalloh, un solicitante de asilo de Sierra Leona, abrasado en una celda de la comisaría de Dessau (este de Alemania) en 2005.
La versión de los policías de servicio es que el joven de 23 años se prendió fuego de forma deliberada, a pesar de que estaba atado de pies y manos a la cama; el último de los procesos judiciales -plagados de irregularidades según diversas organizaciones de derechos humanos- se cerró en 2017 sin ningún condenado. EFE