Desde la Asociación Venezolana en Chile manifestamos nuestra mayor preocupación sobre la falta de medidas efectivas respecto a las personas migrantes venezolanas que actualmente solicitan repatriación. Especialmente tras el reciente fallecimiento de un ciudadano venezolano residente en Chile, que se encontraba a la espera de retorno en el dispositivo de alojamiento transitorio donde fue derivado, junto a más de un centenar de personas. Murió a los 40 años de un paro cardíaco y sin obtener los resultados de su análisis PCR para diagnosticar COVID-19, con lo que eso implica en el actual contexto sanitario.
Luego de la detección de personas COVID-19 positivo, entre quienes pernoctan en la calle Bustos 2021, de la comuna de Providencia en Santiago, se determinó su posterior traslado al establecimiento escolar municipal Arturo Alessandri Palma, la cual consideramos una medida parcial y preventiva, pero que está lejos de ser una solución sostenible en el tiempo y bajo las mismas condiciones actuales, que no garantizaron la adecuada atención sanitaria a nuestro connacional fallecido, aunque se había solicitado su traslado a un centro de salud, lo cual obtuvo una respuesta negativa de la autoridad correspondiente.
Las más de 600 personas migrantes venezolanas que solicitan repatriación se encuentran en profundos focos de exclusión y grave situación de vulnerabilidad. Se trata de niñas y niños, mujeres embarazadas, personas viviendo con enfermedades crónicas y adultos/as mayores. Han recibido apoyo en atención social de organizaciones migrantes, pro migrantes y vecinos/as del sector, pero estas medidas también son insostenibles a largo plazo y no dan abasto frente a la contingencia sanitaria actual, precisa la intervención estatal y gubernamental de maneras altamente efectivas y urgentes.
Una de estas medidas, sería testearles en su totalidad para detectar COVID-19 y proceder desde las indicaciones sanitarias del caso, según los resultados. Principalmente, una vez se ha conocido que más de 20 personas a la espera de retorno dieron positivo para su diagnóstico, por lo que deberían estar en residencias sanitarias y no en un lugar rodeado de personas, sin poder realizar el aislamiento social necesario ni recibir ningún tratamiento médico e insumos para este fin.
Por esa razón, hacemos un llamado a las distintas instituciones del Estado chileno, como el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la Defensoría de la Niñez, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Desarrollo Social y el Departamento de Extranjería y Migración, para activar mecanismos necesarios y eficientes que protejan los derechos humanos, la salud y la integridad física de estas personas, mientras se encuentren todavía en territorio chileno. Asimismo instamos al Estado de Chile y de Venezuela, mediante sus cancillerías, a establecer una mesa de trabajo, con enfoque en la protección de derechos, para el retorno seguro y digno de todas las personas migrantes que así lo soliciten.
Comunicado de prensa