Representantes del Observatorio de Derechos Humanos de FundaRedes exigieron a la Defensoría del Pueblo que se garantice el respeto a los migrantes venezolanos a quienes se les ha vulnerado su derecho a migrar y regresar, al libre tránsito, y a una atención digna en medio de la pandemia de COVID-19.
Gerardo Rincón, coordinador del Observatorio de DDHH de FundaRedes en Táchira, consignó ante la Defensoría un escrito donde se evidencia que más de 27 mil ciudadanos han solicitado entrar a Venezuela según migración Colombia, pero el Estado venezolano limitó el ingreso solo a 1200 personas cada semana, a razón de 900 en Táchira y 300 en Apure, restricción que se traduce en que pasará mucho tiempo para que estas personas logren llegar a sus hogares, y mientras tanto permanecen en condición de calle en ese país vecino.
El coordinador del Observatorio de DDHH de FundaRedes, acompañado por activistas de la organización, recordó que estos miles de venezolanos que buscan regresar a su país, en uso de su legítimo derecho, se encuentran desprotegidos en la frontera, con miles de niños, mujeres embarazadas y personas de la tercera edad, expuestos en situación de calle, sin un lugar donde dormir, ni alimentos, en pleno desarrollo de la crisis de salud mundial generada por la pandemia.
Así mismo dijo Gerardo Rincón que, una vez logran ingresar a Venezuela, los migrantes son trasladados a estos centros denominados PASI (Puntos de Asistencia Social Integral) donde el Estado venezolano tampoco les garantiza condiciones dignas pues están sin alimentos o les proporcionan comida descompuesta, sin agua potable, sin lo que se requiere para la higiene personal, y sin la infraestructura mínima para alojamiento.
Denunció que el Estado venezolano se ha visto imposibilitado para recibir a sus propios connacionales que hoy decidieron retornar, y aun así no cede en la necesidad imperiosa de permitir el ingreso de la ayuda humanitaria, para tener los recursos básicos y así poder atender a todos los hermanos que vuelven a su tierra.
En tal sentido FundaRedes solicitó de manera formal ante la Defensoría del Pueblo que se garantice el respeto a los derechos de estos miles de ciudadanos, restituyendo su libre posibilidad de ingresar al país, además, el Estado está en la obligación de establecer políticas públicas en materia de atención primaria a los connacionales y que se les dé el trato digno que merecen ya que está contemplado en la Constitución y las leyes. En caso de que el Estado se vea imposibilitado a cumplir con esta atención, deberá permitir el ingreso de la ayuda humanitaria que mitigue la situación de los venezolanos.
Reiteró que desde FundaRedes y su Observatorio de DDHH continuarán con la documentación, registro y denuncia de este tipo de situaciones que atenta contra la dignidad humana, y que ha puesto en una condición de riesgo mayor a miles de personas que intentan volver a través de las fronteras terrestres de Venezuela. (Prensa FundaRedes).
Nota de prensa