En más de tres meses los familiares de los militares presos políticos solo han recibido cuatro llamadas de dos minutos cada una. La comunicación es sin privacidad, porque un funcionario custodia al detenido mientras él habla por altavoz.
Por Crónica Uno
“No tenemos privacidad. Las llamadas son básicamente para que nos digan qué le podemos llevar y cuándo. No podemos constatar su estado de salud de esta forma”, denunció un pariente, quien por medidas de seguridad pidió mantener su nombre en reserva. Las declaraciones las hacen anónimas porque tienen miedo de que luego castiguen al detenido por dar información de lo que pasa adentro.
El 14 de marzo fue la última visita en la Dirección General de Contrainteligencia Militar (Dgcim), en Boleíta Norte, un día después de que el mandatario Nicolás Maduro decretó estado de alarma, por los casos de COVID-19 confirmados en Venezuela.
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