Casi todos los debates en Colombia, como en gran parte de América Latina, giran en torno al avance coronavirus y a las fórmulas para contener la pandemia. Pero el miércoles, cuando se conoció la violación de una menor indígena perpetrada por un grupo de militares, todo se congeló. El crimen, por el que han sido detenidos siete uniformados, no solo ha conmocionado el país sino que ha acabado convulsionando su agenda, ha avivado una discusión jurídica en torno a la cadena perpetua y ha vuelto a poner al Ejército en el ojo del huracán. El Gobierno de Iván Duque, empezando por el presidente, condenó sin matices a esos soldados, que admitieron su culpabilidad. Sin embargo, el fiscal general, Francisco Barboza, recibió críticas por el tipo penal empleado en la imputación, el de “acceso carnal abusivo”. Este sábado, indígenas del pueblo embera katio rechazaron la violencia de los militares con un plantón convocado en la ciudad de Cali.
Por FRANCESCO MANETTO / elpais.com
La violación trascendió gracias a una denuncia de la Organización Nacional Indígena de Colombia (ONIC), que relató lo ocurrido en la comunidad de Santa Cecilia, en el pequeño departamento de Risaralda (centro-occidente del país). El pasado lunes una niña de 13 años “fue secuestrada y abusada sexualmente por un grupo indeterminado de soldados del Ejército Nacional de Colombia, pertenecientes al Batallón San Mateo, quienes aprovechando el aislamiento y la situación generada por la pandemia acometieron el hecho”. El caso dio pie a una reacción inmediata de las autoridades. El mandatario apeló a la recién aprobada por el Congreso cadena perpetua para los asesinos y violadores de menores. “Si nos toca inaugurar la cadena perpetua con ellos, lo haremos con ellos”, afirmó Duque en referencia a los soldados, “pero la vamos a inaugurar para que cojan escarmiento esos bandidos, esos sinvergüenzas que creen que pueden pasar por encima de la dignidad de nuestros niños”.
Esas palabras generaron un intenso debate jurídico, porque esa norma todavía no puede aplicarse, como le hizo notar desde las redes sociales, por ejemplo, Rodrigo Uprimny, del Centro de Estudios de derecho, justicia y sociedad De Justicia. Falta todavía el desarrollo de la reforma constitucional que autorizó la ley y, cuando esté lista, no podrá imponerse de forma retroactiva. De momento, los siete militares implicados fueron, informó la Fiscalía, “imputados por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, seis de ellos en calidad de autores y uno más como cómplice”. “Los cargos fueron aceptados por los procesados”, agregó el ente acusador, que agregó que un juez “atendió la petición e impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad en centro carcelario para los procesados, la cual deberá cumplirse en una guarnición militar que cuente con las condiciones necesarias”.
El tratamiento recibido por los uniformados generó críticas en algunos sectores de la oposición, ya que este se caso se suma a una larga cadena de escándalos que han afectado al Ejército, una institución clave en un país que acaba de dejar atrás un conflicto armado con las FARC. El ministro de Defensa rechazó la violación, ordenó a la cúpula de la fuerza terrestre colaborar con la justicia y manifestó que “los responsables merecen una sanción severa”. Pero también hubo malestar, incluso en las filas del Gobierno, por la figura utilizada por la Fiscalía en el comienzo del procedimiento judicial: “acceso carnal abusivo”, que remite al delito de abuso, en lugar de, por ejemplo “acceso carnal violento”.
La misma vicepresidenta, Marta Lucía Ramírez, quiso dejarlo claro. “Yo por supuesto siempre soy muy respetuosa con la autonomía de todas las entidades, pero tengo que decir que en este caso en particular estoy totalmente en desacuerdo. Aquí hay una violación, aquí no se trata de un abuso ni de un acceso, es violento. Esto es una violación. Y si no llamamos las cosas por su nombre después vamos entonces a ver al juez de garantías teniendo un tratamiento benigno que no puede haber en este caso. Cualquier acto sexual con menor realmente se entiende siempre como violación”, lamentó durante una conferencia de prensa.
El fiscal Barbosa rechaza los cuestionamientos y mantiene que los responsables se enfrentan a penas de hasta 30 años de cárcel. “Este país es el país de palo porque bogas y palo porque no bogas”, dijo en una comparecencia. “Y este es un país en donde las críticas arrecian ante las acciones, ante las reacciones institucionales y las críticas arrecian cuando no hay acciones institucionales”. “En 72 horas”, siguió al reivindicar su trabajo, “se logró identificar a los responsables, se les imputó un delito, se les impuso una medida de aseguramiento, se aceptaron los cargos y se pondrá una pena de máximo 30 años de prisión”. “Este es un éxito desde el punto de vista investigativo”, enfatizó. Mientras tanto, en un país donde los militares han gozado tradicionalmente de privilegios en las investigaciones judiciales, las comunidades indígenas, precisamente las más desprotegidas en medio de la emergencia sanitaria de la covid-19, han advertido de que no bajarán la guardia. Su único reclamo: que se haga justicia.