Resulta obvio que el chavomadurismo sólo participará en unas votaciones que le garanticen “el triunfo”.
Pensar lo contrario es una estupidez, a juzgar por la experiencia en esta materia. Una estupidez similar a la que vocean algunos opositores que insisten en aquello de participar en cualquier elección para “no perder espacios” o -candidez infantil, sin duda- en aquello otro de que “si votamos todos gana la oposición”. Como si Venezuela fuera una democracia ejemplar y no un régimen de fuerza, violador de la Constitución y las leyes de la República.
Dentro de este contexto hay que enjuiciar la reciente amenaza del gorilato castrense, según la cual la oposición venezolana “no será poder político” mientras ellos estén allí. Lo grotesco de tan insolente pronunciamiento es que sus voceros se creen por encima de la soberanía popular, ya que si la oposición ganara las elecciones entonces ellos impedirían su ascenso al poder. En dos platos: darían un golpe de estado y desconocerían la voluntad mayoritaria de los venezolanos. Por cierto que ni siquiera para cubrir las apariencias el inefable CNE madurista se ha pronunciado al respecto, mucho menos el régimen.
No han faltado, desde luego, los atorrantes “abogados del diablo” restando la gravedad que encierra una amenaza de ese tipo por parte de quienes manejan las armas de la República y tienen el monopolio de la violencia, aparte de controlar el “Plan República”, es decir, la vigilancia y manejo de actas y votos. Sostienen que se trata de otra provocación más para alentar el abstencionismo opositor y continuar exasperando a la dirigencia opositora. De esta manera, los empujan a no participar en las elecciones de diciembre próximo, con lo cual garantizan que la minoría del régimen se imponga una vez más.
Típica verdad a medias, que pueden tragársela ciertos espíritus cándidos, pero no algunas inteligencias lúcidas. Ciertamente es una provocación para engordar el abstencionismo. ¿Pero de quién procede esa provocación? Nada menos que de una cúpula militar que ha dado suficientes muestras de estar al servicio de una parcialidad política y de atacar, sin disimulo y aviesamente, a la oposición democrática, llegando al colmo de negarse de antemano a reconocer su triunfo electoral, en caso de que se produjera. No se trata de cualquier provocación entonces.
Habría que analizar otras motivaciones de esa amenaza militarista. Nadie puede creer que se trate de una malcriadez a estas alturas del proceso, después de casi dos décadas de una participación cada vez mayor del elemento castrense en la conducción y sostenimiento del régimen y de intervenir descaradamente en la política partidista y electoral. No se trata de cualquier provocación, insisto.
De nada ha servido que la Constitución les prohíba esa forma de actuar. Nada les importa lo que reza el artículo 328: “La Fuerza Armada Nacional constituye una institución esencialmente profesional, sin militancia política, organizada por el Estado para garantizar la independencia y la soberanía de la Nación y asegurar la integridad del espacio geográfico, mediante la defensa militar, la cooperación en el mantenimiento del orden interno y la participación activa en el desarrollo nacional, de acuerdo con esta Constitución y con la ley”.
Tampoco acatan el siguiente mandato constitucional, expreso y tajante, sin lugar para interpretaciones distintas: “En el cumplimiento de sus funciones, está al servicio exclusivo de la Nación y en ningún caso al de persona o parcialidad política alguna”. Sin embargo, al igual que casi todo el texto constitucional, este artículo se viola permanentemente en función de un perverso proceso de ejercicio de poder indefinido, totalmente contrario a la alternabilidad democrática y republicana.
En cualquier caso, no hay que olvidar que nuestra historia ha registrado una larga tradición militarista desde los inicios de Venezuela como República. Así, durante el siglo XIX sólo hubo cuatro presidentes civiles: José María Vargas, Manuel Felipe Tovar, Juan Pablo Rojas Paúl y Raimundo Andueza Palacio. Los demás fueron generales, imbuidos por la idea del militarismo, entendido como la preponderancia de los militares en la concepción y el desarrollo del gobierno y sus ejecutorias.
El siglo XX arrancará bajo las largas tiranías de los generales Cipriano Castro (1899-1908) y Juan Vicente Gómez (1908-1935). Luego serán presidentes los también generales Eleazar López Contreras e Isaías Medina Angarita, entre 1936 y 1945. A este último lo sustituirá, mediante un golpe de Estado, una Junta Cívico Militar. Y sólo en diciembre de 1947 Venezuela podrá elegir por primera vez un presidente civil, el escritor Rómulo Gallegos, por el voto universal, directo y secreto. Pero lo derrocarán los militares meses después, en noviembre de 1948. Luego advino la llamada Década Militar (1948-1958), iniciada por el coronel Carlos Delgado Chalbaud, asesinado en 1950, y continuada por el entonces coronel y después general Marcos Pérez Jiménez hasta enero de 1958. Desde 1959 hasta 1998 fue cuando sólo hubo presidentes civiles, aunque el morbo golpista y militarista estaba latente siempre.
Piense el lector si con estos antecedentes históricos puede despreciarse la amenaza del gorilato actual.