Ninguna de las siete empresas mexicanas y personas físicas que despacharon despensas para los llamados Comités Locales de Abastecimiento (CLAP) al régimen venezolano de Nicolás Maduro, a través de empresas fantasma, y que establecieron un acuerdo reparatorio ilegal con la entonces Procuraduría General de la República (PGR) en 2018 fue sujeta de acción penal ni del bloqueo de sus cuentas bancarias.
Por: Claudia Solera | excelsior.com.mx
Estas personas físicas y morales que fueron denunciadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda, ante la PGR de la administración pasada, y a las que simplemente se les impuso una multa de entre 750 y 110 mil dólares fueron: José Ramón Aquique, director ejecutivo comercial de Kosmos (La Cosmopolitana y Productos Serel); Jorge Carlos Fernández Francés, dueño de El Sardinero Es Servicio, SA de CV, uno de los mayores proveedores de Group Grand Limited; Aristóteles Vaca Pérez, representante legal de Almacenes Vaca SA de CV y Rice&Beans Co. SA de CV, uno de los más importantes distribuidores de granos hacia Venezuela; Jaime García García, vinculado a las empresas Bonobox, Jaifar Comercial, SA de CV y Delmar Logística; El Khoury Karam Raphael Jihad y Luis Hoyo García, de Delmar Logística, SAPI de CV, empresa encargada de la logística y traslado de despensas de México hacia Venezuela; y por último, Almacenes Vaca SA de CV.
El 19 de junio de 2018 la UIF interpuso una denuncia ante la PGR con el folio DEN-UIF-40-2018 y los 14 sujetos señalados fueron Group Grand Limited, SA de CV, empresa vinculada a Álvaro Pulido y Alex Saab, acusado por Estados Unidos, como testaferro de Nicolás Maduro, y recientemente detenido en el archipiélago africano de Cabo Verde; El Sardinero Es Servicio, SA de CV; Deshidratados Alimenticios e Industriales, SA de CV; Empresas Bonobox, SA de CV; Jaifar Comercial, SA de CV; Grupo Brandon, SA de CV; Rice & Beans Co, SA de CV; Productos Serel, SA de CV; 4 PL Industrial Sociedad por Acciones Simplificada; Asasi Food Free Zone Company; Group Grand Limited, Delmar Logística, SAPI de CV; Jaime García García y Raphael Jihad El Khoury Karam.
“Y se extinguió la acción penal de estas 14 personas físicas y morales, aunque sólo siete participaron en el acuerdo reparatorio”, aseguró Santiago Nieto, titular de la UIF, a Excélsior.
El 18 de octubre de 2018, la PGR, a través de Israel Lira, entonces titular de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO), denunció que las exportaciones de comida a Venezuela se hacían mediante un “esquema fraudulento”, con “operaciones inusuales” y productos de “baja calidad” con “sobreprecios”.
Sin embargo, sucedió un hecho insólito, como lo publicó Excélsior el pasado 7 de julio. Las empresas y personas físicas denunciadas establecieron un acuerdo reparatorio con la PGR, de acuerdo con Santiago Nieto, y es ilegal porque, a pesar de que se detectó una irregularidad de 156 millones de dólares, se les impuso una donación de sólo tres millones de dólares, y en lugar de que este dinero se depositara en una cuenta de la Tesorería de la Federación (Tesofe), como sucede en este tipo de casos, se fue a la Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).
“Al haberse denunciado el presunto lavado de dinero ante la entonces PGR, como ha señalado el Departamento del Tesoro de EU, esta dependencia tenía la obligación de descartar la posibilidad de que existiera algún delito al que correspondiera la prisión preventiva oficiosa en términos el artículo 19 de la Constitución Federal, lo cual hubiera hecho imposible la celebración de acuerdos reparatorios, además de que no continuó la investigación, porque ninguno de los implicados estuvo sujeto a un proceso ante la autoridad judicial. También el haber permitido que el dinero se fuera a la Acnur y no a la Tesofe, acredita una serie de responsabilidades administrativas de servidores públicos”, señaló por su parte Rodolfo Martínez, socio de la Firma Jurídica Trusan & Roma, Abogados.
Por este acuerdo, en 2019, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República y la Secretaría de la Función Pública.
Primer acuerdo
El primer acuerdo reparatorio se firmó el 12 de octubre de 2018. Cuatro personas físicas se comprometieron a entregar mil 300 contenedores marítimos (que almacenaban alrededor de dos millones de despensas), a no efectuar ningún otro acto comercial con Venezuela y a pagar tres millones de dólares a la Acnur (Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados).
Las cuatro personas físicas con las que se estableció el primer acuerdo, y que se les embargaron las despensas, y entregaron tres millones de dólares a la Acnur, depositando cada uno un total de 750 mil dólares, fueron El Khoury Karam Raphael Jihad y Luis Hoyo García, vinculados a Delmar Logística, SAPI de CV, empresa encargada de la logística y traslado de despensas de México hacia Venezuela; Jorge Carlos Fernández Francés, dueño de El Sardinero Es Servicio, SA de CV, uno de los mayores proveedores de Group Grand Limited y Aristóteles Vaca Pérez, representante legal de Almacenes Vaca SA de CV y Rice&Beans Co. SA de CV, uno de los más importantes distribuidores de granos hacia Venezuela.
Empresarios de El Sardinero entrevistados por Excélsior aseguraron que ellos cumplieron al pie de la letra coneste acuerdo reparatorio, que pagaron su parte de la donación, que detuvieron su negocio con Venezuela y que le entregaron las más de dos millones de despensas a autoridades de la Cancillería mexicana de la administración pasada.
Quien llegó directamente a decomisar las despensas no fueron autoridades de la PGR, dependencia con la que se firmó este acuerdo reparatorio, sino de la Secretaría de Relaciones Exteriores, a lo cual a los empresarios sí les pareció extraño, pero no lo cuestionaron.
El Sardinero es Servicio, S.A. de C.V. emitió facturas fiscales a Group Grand Limited, empresa constituida en Hong Kong, por 238 millones de dólares, de acuerdo con la investigación de la UIF.
Además, empresarios de El Sardinero explicaron que ellos le ofrecieron los mejores precios a los representantes venezolanos, como Álvaro Pulido, socio de Saab, quien personalmente se encargaba de gestionar estas diligencias, y que en México se vendieron las despensas a precios competitivos y con marcas de productos reconocidas y de buena calidad.
Algunos de los dueños y ejecutivos de estas empresas mexicanas, como de El Sardinero, se reunieron con el propio Álvaro Pulido en el lujoso Hotel Villa Magna de Madrid para acordar los términos del negocio, según fuentes conocedoras de la operación. Pese a las evidencias que había para ese entonces, en público Saab y Pulido negaban su participación en el negocio de los CLAP. Pero en ese momento Saab y Pulido empezaron a desplazar la sociedad Group Grand Limited en favor de Asasi Food Fzc, la inscrita en Emiratos Árabes Unidos, y por otra compañía turca de nombre Mulberry Proje Yatirim.
Precisamente, data de abril de 2018 una carta en la que Group Grand Limited ordena a Corpovex, la estatal venezolana encargada de centralizar las importaciones públicas y firmar los contratos con los intermediarios de los CLAP, la “cesión de los derechos financieros correspondientes al contrato CPVX-CJ-CONT-0086-2017” en favor de la turca Mulberry Proje Yatirim. Dicho contrato ascendía a casi 426 millones de dólares y, al menos, fue el segundo que obtuvo Group Grand Limited para los CLAP, tras uno inicial suscrito a finales de 2016 por 340 millones de dólares.
Grupo Brandon, con rastro casi fantasmal en Nuevo León, en 2018 casi monopolizó los envíos de leche en polvo con distintas marcas, pero también de pobrísima calidad nutricional, como demostró Excélsior y Armando.Info.
Hasta ocho marcas diferentes de Grupo Brandon se encontraron en las cajas CLAP repartidas por el régimen venezolano. Se trataba de leche en polvo con altas concentraciones de sodio y de carbohidratos.
Información de la aduana venezolana revelaba que en los primeros seis meses de 2018, Grupo Brandon exportó casi 30 mil toneladas, de leche en polvo, sólo detrás de El Sardinero y de Rice & Beans.
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