La contratista de defensa estadounidense Huntington Ingalls Industries Inc se sumó a la larga lista de acreedores para exigir que se cumpla con un fallo contra Venezuela, miembro de la OPEP, según documentos judiciales presentados el viernes.
La unidad de construcción naval de Huntington Ingalls Industries recibió a principios de este año una sentencia por 138 millones de dólares de un tribunal de Misisipi contra el Ministerio de Defensa de Venezuela, por no cumplir con el pago de unas reparaciones a dos buques de la Armada del país sudamericano.
Las labores comenzaron antes que se endurecieran las relaciones entre Washington y Caracas, durante el gobierno del fallecido presidente Hugo Chávez. La economía del país miembro de la OPEP, que posee multimillonarias reservas de crudo, ha colapsado bajo el gobierno de Nicolás Maduro, y debe miles de millones de dólares a acreedores.
El viernes, Huntington Ingalls registró su fallo, de Misisipi, en la corte federal de Delaware, y solicitó que el caso sea asignado al juez que lleva el juicio de la minera canadiense Crystallex que intenta cobrar las deudas de Venezuela con una participación en el refinador estadounidense Citgo Petroleum Corp, una unidad de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
“Anticipamos que Ingalls luego presentará una petición para un escrito de apego sobre PDV Holding, matriz de Citgo, y se pondrá en la lista”, escribió Russ Dallen, socio gerente del banco de inversión boutique Caracas Capital Markets, en una nota a los clientes.
Ni Huntington Ingalls ni el Ministerio de Información de Venezuela respondieron de inmediato a las solicitudes de comentarios.
Las sanciones de Estados Unidos prohíben tomar las acciones de PDV Holding. La protección forma parte de un esfuerzo de la administración de Donald Trump por mantener a Citgo bajo el control de la oposición. La licencia expira en octubre, aunque en períodos anteriores ha sido renovada. PDVSA utilizó el paquete accionario de su filial Citgo como garantía para sus bonos con vencimiento en 2020 y para un préstamo de 2017 de la petrolera estatal rusa Rosneft. Reuters