La primera es la del régimen. Quiere realizar ese proceso como sea, a su medida, con tres propósitos muy claros. Uno: tener una Asamblea Nacional que le apruebe los numerosos, leoninos y antipatrióticos convenios financieros milmillonarios que ha hecho con sus aliados internacionales en los últimos cinco años. Dos: liquidar a la verdadera oposición que lo ha enfrentado en todo este tiempo, resultado de la voluntad popular, expresada en las elecciones de 2015. (Ya se sabe que el régimen ejecutó de inmediato el desmantelamiento de la mayoría absoluta obtenida entonces por la oposición y acometió una criminal escalada para anular todas las decisiones parlamentarias, así como la prisión, persecución y exilio contra buena parte de sus diputados. Y eso para no hablar de las elecciones presidenciales de 2013 y 2018, manchadas por el fraude y la trampa.) Tres, tener su propia “oposición”, dócil y entreguista, prestada a la farsa de acompañarles ante el mundo como parte de una supuesta institucionalidad democrática existente en Venezuela.
Una segunda posición es la de esta aparente oposición, que coincide con la del régimen acompañándola con su participación en las “elecciones” programadas para diciembre. Persigue fundamentalmente un solo objetivo: sustituir a la verdadera oposición. (En realidad, ellos no parecen haberse planteado nunca sustituir al chavomadurismo.) Y al formar parte de la Asamblea Nacional a “elegirse” –independientemente de su ilegitimidad– pasarían a ser los interlocutores del régimen, es decir, la supuesta oposición. Sólo así se explicaría sus permanentes ataques contra aquella y no al régimen chavomadurista.
La tercera la posición es la de quienes creen de buena fe que debe participarse en esas elecciones. Son los mismos que hacen suyo el mantra según el cual “si todos votamos la oposición gana”, o aquel otro que asegura que “contra una avalancha de votos no hay fraude que valga”. Y uno, en verdad, quisiera que tuvieran razón. Por desgracia, la experiencia dice lo contrario. ¿O habrá que recordarles la masiva y entusiasta participación electoral de 2015 y el clamoroso triunfo de la oposición entonces, el mismo que le permitió obtener la mayoría absoluta de la Asamblea Nacional electa, y cómo luego el régimen desconoció la voluntad popular?
La cuarta es la posición de la auténtica oposición, cuyos partidos han sido secuestrados por el régimen y –como ya se señaló antes–presos, perseguidos y exilados varias decenas de sus diputados. Otros han sido reclutados por el chavomadurismo, seguramente por razones pecuniarias. Así las cosas, al no tener garantías mínimas, y luego del feroz y persistente ataque de que han sido objeto por parte del régimen, esa mayoría opositora ha decidido no participar en las supuestas elecciones parlamentarias. Ninguna de las condiciones mínimas que han solicitado ha sido aceptada, lo que demuestra el interés del régimen en que no participen de ninguna manera, hecho que resalta, por sí sólo, el absurdo del TSJ al haber despojado de las tarjetas y símbolos partidistas a sus legítimas autoridades y entregárselos a aliados suyos.
La verdad es que no hay condiciones de ningún tipo que hagan confiable este proceso. No hay condiciones jurídicas efectivas, vistas las numerosas violaciones a la Constitución, las leyes y el sentido común. No hay condiciones políticas, si la mayoría de los partidos opositores han sido secuestrados por el régimen y entregados a sus socios (¡Ni la dictadura pérezjimenista llegó a tanto en las elecciones de 1952!). No hay condiciones electorales, técnicas ni logísticas mínimas para celebrar estos comicios, sin duda complejos al ser una elección múltiple por la cantidad de curules a disputarse.
Pero es que, ante la tragedia del Covid 19, no hay ni siquiera condiciones sanitarias mínimas. (Por cierto que la República Dominicana realizó elecciones presidenciales a comienzos de julio y desde entonces se han multiplicado exponencialmente los contagios y muertes por el virus chino en ese país. Hasta en Estados Unidos se ha planteado la posibilidad de aplazar los comicios de noviembre.) En cambio aquí –donde avanza incontenible esa pandemia a causa de la incapacidad del régimen y el desastre de la salud pública– ni el CNE ni los que piensan participar en esas elecciones se han detenido a analizar esta situación. ¿Pensarán que la gente va a hacer colas y aglomeraciones para votar en unas elecciones cuestionadas, arriesgando su salud?
Está visto que si ese proceso se realiza “a lo Jalisco” será un completo fracaso porque el gran ausente será el pueblo, y no porque tenga vocación abstencionista –que nunca la ha tenido, por cierto– sino para protestar ante el despropósito que se quiere acometer.