Los argumentos señalados por las 27 organizaciones opositoras firmantes del documento unitario, en el cual manifiestan que no participarán en el fraude electoral convocado por Nicolás Maduro para el próximo diciembre, resultan categóricos.
Es cierto que el régimen, prevalido del control que ejerce sobre todos los poderes públicos y en su capacidad represiva, acabó con la posibilidad de cualquier tipo de elección libre y competitiva.
Las condiciones con respecto al proceso de 2015 variaron de forma significativa. El gobierno secuestró el uso de la tarjeta de la UNIDAD. Los directivos que la representaban aún se encuentran sometidos a procesos penales. En el documento, además, se muestra una reláfica muy completa de lo ocurrido luego del concluyente triunfo de la oposición en los comicios de diciembre de 2015: la Sala Electoral del TSJ, presidida entonces por Indira Alfonzo -quien como recompensa ahora fue designada presidente del CNE- dictó una sentencia cautelar que suspendió la elección parlamentaria del estado Amazonas, dejando sin representación a esa entidad. El TSJ nunca emitió una sentencia favorable, con el fin de impedir que dentro del Hemiciclo se conformara la mayoría calificada que le dio el pueblo venezolano a la oposición democrática. Luego, los magistrados de la cúpula judicial declararon de forma inconstitucional en ‘desacato’ a la Asamblea Nacional. Esto le ha impedido, en la práctica, ejercer plenamente las competencias constitucionales que le son propias, artículo 187 de la CRBV.
También es verídico que la Asamblea Nacional instaló un Comité de Postulaciones electorales, integrado incluso con diputados de la fracción del régimen, con la finalidad de designar un nuevo CNE, pero el TSJ nombró de manera arbitraria a los cinco rectores principales y los diez suplentes del organismo, abortando la posibilidad de contar con un árbitro confiable.· El TSJ ha violado la inmunidad parlamentaria de más de treinta diputados activos de la AN, dictando además sobre la mayoría de ellos, medidas privativas de su libertad; hoy se encuentran presos, en el exilio o resguardados en sedes diplomáticas. Hay 139 diputados sometidos a acoso o persecución política y cinco en prisión.
Las condiciones que los partidos exigen para participar son las que prevalecen en todos los países democráticos: 1) Restablecer el derecho al voto para todos los venezolanos, incluyendo a los que han tenido que emigrar y el Registro Electoral auditado y confiable; 2) Garantizar que el voto sea ejercido libremente, sin coacción o intimidación; prohibir la migración de electores de sus centros electorales naturales; 3) Detener las inhabilitaciones y enjuiciamiento de los dirigentes políticos y restablecer plenamente sus derechos a la actividad política; 4) Participación plena de todos los partidos políticos; reposición de sus legítimas autoridades, suprimidas por la ilegal intervención de los tribunales, al igual que el uso de los símbolos y colores partidistas; liberación de los presos políticos; 5) Un CNE independiente, nombrado por el Comité de Postulaciones Electorales de la AN, conforme a lo pautado por la Constitución y la Ley; designación de todos los órganos subordinados de manera independiente, así como de las Juntas Electorales y miembros mesa. Respeto al trabajo de los testigos electorales y demás funcionarios; 6) Cronograma electoral que garantice el derecho al voto y el acatamiento a los lapsos para cada una de las actividades del proceso desde su convocatoria; 7) Campaña electoral equitativa con igual acceso a los medios de comunicación públicos y privados; prohibición de cadenas oficialistas. Asistencia equitativa a los espacios públicos y garantía de libre tránsito por todo el territorio nacional; 8) Imparcialidad del Plan República, de modo que la FAN asuma que el proceso electoral es esencialmente un acto civil; 9) Auditorias de todos las estaciones del sistema electoral, incluyendo las nuevas máquinas de votación y el proceso automatizado; 10) Observación Electoral nacional e internacional calificada en todas las fases del ciclo electoral.
Tanto el diagnóstico de la situación –presentado por mí de forma sintética- como la definición de las condiciones para realizar unos comicios transparentes, son acertados. Estos son los temas que fueron discutidos con Noruega en República Dominicana y Barbados. El desafío consiste en cómo actuar, también en el plano electoral, frente a un régimen situado al margen de la ley, que desprecia la democracia, aferrado de forma obsesiva al poder, afincado en sus cuerpos represivos y apoyado por potencias mundiales en donde dominan dictaduras o teocracias a las que les importa un rábano los derechos humanos, los periodos acotados, los gobiernos alternativos, la soberanía popular y todos los principios republicanos y democráticos.
Ante esos retos concretos el documento unitario no ofrece opciones. Surgen, entonces, preguntas como las siguientes: ¿para volver a participar en comicios hay que restituir previamente el Estado de derecho y lograr la plena garantía de todas las condiciones que los principios democráticos exigen? ¿En un régimen autoritario –y el de Maduro lo es en abundancia- las fuerzas democráticas no pueden participar en comicios hasta que se restablezca el orden constitucional? La respuesta de los firmantes a esas interrogantes resulta demasiado vaga: afirman que lucharán por “verdaderas elecciones libres”. ¿Cómo lo harán sin partidos, ni sindicatos, ni gremios, ni federaciones estudiantiles; sin sociedad civil organizada; solo con el apoyo de la comunidad internacional? Los firmantes prometieron elaborar en los próximos días una estrategia de cambio. Esperemos que la presenten para volver a opinar.
@trinomarquezc