Una nueva oleada de sangre mancha a Colombia, la amenaza de viejos fantasmas de violencia que por un momento parecieron haberse espantado regresa para recordarle al país que todavía subsisten los problemas que alimentan el conflicto, y que tras la seguidilla de nueve masacres ocurridas en los últimos veinte días se hizo de nuevo evidente.
Por / infobae.com
En lo que va del año, según fuentes como la fundación Ideas para la Paz (Idepaz) y la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, en Colombia se han perpetrado 45 masacres. Desde el 25 de agosto, fecha en que Idepaz dio el último parte, han ocurrido dos más.
Las causas y los autores son distintas, las víctimas, en la gran mayoría de los casos, son población civil y en las últimas matanzas ocurridas en agosto han sido jóvenes y menores de edad.
Por culpa de estos hechos, el miedo y la zozobra ha regresado al país, en especial a los lugares más afectados históricamente por el conflicto, en los que la violencia nunca se fue del todo, y que este año, sin importar que una pandemia halla caído sobre el mundo entero obligando a toda la población a confinarse, ha recrudecido.
¿Homicidios colectivos o masacres?
Pese a lo crudo de los hechos, la frecuencia de las muertes y los cientos de víctimas que ha dejado, en el país se ha desatado un debate semántico y técnico promovido por el Gobierno Nacional que no es para nada menor.
Para el presidente Iván Duque, y su gobierno, lo ocurrido en Colombia no debe calificarse como “masacres” sino más bien como “homicidios colectivos”, algo que incide directamente en las cifras de seguridad que presenta como resultados de su gestión.
De acuerdo a la definición del Libro Blanco de las Cifras del Sector de Seguridad y Defensa, el término “Homicidio Colectivo” -que fue incluido en 2014 por el entonces ministro de Defensa Juan Carlos Pinzón- se entiende como “aquellos hechos en los cuales resultan muertos cuatro (4) o más personas en estado de indefensión en el mismo lugar, a la misma hora y por los mismos autores; no se contabilizan aquellos casos en donde las personas pertenecían a los grupos subversivos, bandas criminales, delincuencia organizada y común o si eran parte de la Fuerza Pública”.
Es por esto que, según el presidente Duque, desde que asumió mandato en Colombia han ocurrido 34 de estos “homicidios colectivos”, los cuales han dejado 173 víctimas.
No obstante, el consenso internacional sobre este tipo de hechos está dado por la definición de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), que se decanta por el término “masacre” y dice que estas ocurren “cuando tres o más personas son asesinadas en un mismo hecho y por un mismo perpetrador”.
Bajo esta definición, según el registro de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos solo en 2019 habrían ocurrido 35 masacres, una más que el acumulado de “homicidios colectivos” que el Gobierno presentó como parte de seguridad de sus dos años de Gobierno.
Es más, según cifras de la ONU, tras un bajón histórico en 2017, con 12 masacres registradas un años después de la firma del Acuerdo de Paz, el número más bajo desde 2009, en 2018 cuando Duque ganó las elecciones y asumió el poder en agosto, hubo un repunte a 27 masacres, cifra anual superior a los últimos cuatro años previos del Gobierno de Juan Manuel Santos.
Las 47 masacres registradas en 2020 han dejado un saldo de 188 víctimas, una cifra superior a todos los registros de los últimos siete años -en 2013 se registraron 71 masacres-, con el agravante de que aún quedan cuatro meses del año y la oleada de violencia no da señales de aminorarse.
Los departamentos donde más se concentran masacres son Antioquia (11), Cauca (7) y Nariño (7), Norte de Santander (4) y Putumayo (4) los cuales suman 33 masacres, es decir el 70% del total nacional. Del mismo modo concentran más del 74% de las víctimas totales.
En estos territorios también se concentra el mayor número de asesinatos de líderes sociales y defensores de derechos humanos, 183 de estos casos ha registrado la Fiscalía entre 2016 y 2020. En todos estos departamentos, además, hay presencias de ELN, Clan del Golfo, disidencias de FARC y otras bandas criminales, aunque en cada uno las dinámicas de la violencia que ejercen estos actores son diferentes.
El año de las masacres
Tan solo a cinco días de iniciado el 2020 se presentó la primera masacre. Ocurrió en Tibú, municipio de Norte de Santander, las victimas fueron tres y nunca fueron identificadas.
Cuatro hechos más de este tipo ocurrieron en enero, dejando un saldo de 18 muertes en el primer mes del año. Las más notorias ocurrieron en 17 de enero, una en Tarazá (Cauca) y otra en Jamundí (Valle del Cauca). En la primera murieron tres personas presuntamente por una incursión armada del grupo autodenominado Los Caparros y una disidencia de FARC; en la segunda asesinaron a cinco personas en medio de una confrontación de la columna Jaime Martínez, disidente de FARC con un grupo armado local dedicado al narcotráfico.
En febrero hubo una seguidilla de hechos violentos el 12 en Cáceres (Antioquia), el 14 en Puerto Leguízamo (Putumayo) y el 16 en Medellín (Antioquia), que dejaron en total 14 muertes. Otras cuatro masacres más se contaron ese mes.
El nueve de marzo en Cúcuta (Norte de Santander) municipio fronterizo con Venezuela, se registró el asesinato de 8 personas en la frontera. De acuerdo con las autoridades los perpetradores de la masacre habrían dado muerte a las personas en territorio venezolano y después las trasladaron al corregimiento de Palmarito, zona rural del municipio. Este mes ocurrieron otras cinco masacres más, dejando un total de 28 víctimas.
En abril, ya con la cuarentena decretada en todo el país, ocurrieron siete masacres que dejaron 24 personas muertas. En Puerto Asís (Putumayo) se presentó una seguidilla de masacres los días 4 y 10, cada una dejando 3 muertos. En este municipio había ocurrido la última registrada en marzo, con cuatro muertos más, es el municipio donde más masacres han ocurrido en el 2020.
Mayo dejó cuatro masacres y 9 muertos; junio tres masacres y 11 muertos.
En julio ocurrió otra masacre con gran número de muertos, el día 18 en Tibú, donde murieron 7 personas, una de ellas el líder campesino Ernesto Aguilar Barrera, en un hecho que ocasionó el desplazamiento de 120 habitantes del municipio. Además ocurrieron 4 masacres más que sumaron 14 muertos.
Agosto el mes sangriento
Este ha sido un mes particularmente violento y sangriento, a la fecha se han registrado 13 masacres que dejaron 58 muertos.
El conteo empezó el 3 de agosto con el hallazgo de 8 cuerpos sin vida en Palmarito, corregimiento de Cúcuta (Norte de Santander) y de otros 5 en el lado venezolano de la frontera. Los cuerpos tenían impactos de bala y otros signos de violencia y al menos uno era menor de edad. En este lugar ya había ocurrido una masacre similar en marzo, las primeras hipótesis de las autoridades hablaron de un combate entre el ELN y Los Rastrojos.
Solo al día siguiente en Puerto Santander (área metropolitana de Cúcuta), se registró el asesinato de otras seis personas en el sector de Puente Angosto, una zona que está bajo el control de Los Rastrojos.
El 10 de agosto empezaron las noticias que asociaban masacres con jóvenes y menores de edad, algo que fue una constante durante todo el mes. El primero de estos hechos no podría catalogarse técnicamente como una masacre, ya que fueron dos víctimas y no tres (el parámetro de la ONU) sin embargo, por la edad de Cristian Caicedo (12) y Maicol Ibarra (17) el hecho no puede desligarse de la oleada de violencia que está sacudiendo a Colombia.
A estos niños las Autodefensas Gaitanistas de Colombia (AG) -también conocidas como Clan del Golfo- los mataron a quemarropa por violar la medida de toque de queda que habían impuesto en el marco de la pandemia por coronavirus sobre la población de Leiva, en Nariño, a donde los jóvenes asistían a clases y estaban llevando una tarea.
Al día siguiente, el país se enteró del asesinato de 5 jóvenes en Cali, cuyas edades oscilaban entre los 14 y 18 años y hacían parte de la comunidad de Llano Verde, un barrio principalmente afro de la ciudad. Los cadáveres fueron encontrados tirados en un cañaduzal (cultivo de caña) con signos de tortura. A esta tragedia se le sumó la explosión de una granada días después durante el sepelio que se realizaba en el barrio por la muerte de estos jóvenes.
Sobre este caso, el viernes 28 de agosto la Policía informó de la captura de dos individuos a quienes señala de haber cometido el atroz crimen. Se trata de los vigilantes del cañaduzal que de acuerdo con la Fiscalía “habrían cultivado sentimientos de resentimiento y odio” contra los jóvenes que recurrentemente entraban a la plantación a bañarse en el riachuelo y comer caña. Además, dijo el fiscal Barbosa, por lo menos uno de los presuntos responsables integraba la banda delincuencial de los “Suzuki”.
El 15 de agosto 8 jóvenes fueron asesinados en Samaniego (Nariño). Brayan Cuarán Rosero, John Sebastián Quintero, Daniel Vargas, Óscar Andrés Obando, Laura Michel Melo Riascos, Rubén Darío Ibarra, Bayron Patiño y Campo Elías Benavides habrían regresado a su pueblo natal para pasar la cuarentena, todos estudiaban entre Cali, Pasto y Pereira.
Ellos estaban en una fiesta cuando cuatro hombres armados y con capucha irrumpieron en la reunión y abrieron fuego contra los jóvenes. Fueron 20 minutos en que los armados los intimidaron y torturaron, antes de fusilarlos. Aún no se ha identificado la autoría de este crimen.
En Pueblo Viejo, corregimiento de Ricaurte (Antioquia), se confirmó la muerte de tres indígenas de la comunidad Camawari Awá el 18 de agosto, que fueron asesinados por actores armados, aunque no se sabe aún la fecha en que habría ocurrido la masacre.
Dos días después cinco cuerpos fueron hallados en la vereda Cinaruco, que pertenece a El Caracol (Arauca). Se señala como responsable al grupo residual de las FARC, Estructura 10.
El 21 de agosto en El Tambo (Cauca) cuatro personas fueron masacradas presuntamente por la “Nueva Marquetalia” la disidencia de FARC que dirige Iván Márquez y Jesús Santrich.
Ese mismo día en Tumaco (Nariño), se conoció la masacre de otras seis personas, entre las cuales había un menor de 17 años y tres jóvenes entre los 22 y 24.
El 24 de agosto en Venecia (Antioquia) otros tres jóvenes entre 15 y 17 años de edad fueron masacrados en un ataque sicarial.
El 25 de agosto, los cuerpos de tres jóvenes más fueron hallados sin vida en una vía del Catatumbo (Norte de Santander). La masacre se habría perpetrado en el corregimiento de Capitán Largo, una zona de influencia del ELN.
El último hecho reportado ocurrió el 27 de agosto en zona rural de Andes (Antioquia) donde tres jóvenes Arlex James Rodríguez Mora, de 27 años; Gilberto Alejandro Potes Valois, de 19 años; y Alexis Ospina Cruz, de 14 años de edad, fueron encontrados sin vida.
La hipótesis que manejan las autoridades es que se trató de una disputa por la venta de droga en la zona.
Características de la nueva violencia.
Entender las razones detrás de esta nueva oleada de sangre es complejo debido a las dinámicas mismas del conflicto colombiano, el cual desde la firma del Acuerdo de Paz en 2016 entre el Gobierno y las FARC ha mutado completamente.
Según Luis Fernando Trejos, experto en conflicto armado, lo que está viviendo el país hoy no es la misma violencia que tenía cuando estaban las FARC en armas.
Esto no quiere decir que antes no ocurrieran masacres, por el contrario, los registros de la ONU indican que los años con mayor número de asesinatos de este tipo en la última década fueron ente 2009 y 2012 -final del Gobierno de Álvaro Uribe y principios del de Juan Manuel Santos- sino que la forma en la que ocurren, el tipo de victima que deja, y las motivaciones detrás de ellas son esencialmente diferentes.
“La violencia post FARC es una violencia muy diferente. Aquí hay más rupturas que continuidades, es una nueva etapa de la violencia armada”, dice Trejos.
Para el experto esta “nueva violencia” se diferencia por varios factores:
1. Fragmentación de actores: Mientras que antes habían “oligopolios de violencia” representados en los grandes grupos armados con presencia nacional como las FARC, el ELN y las AUC, ahora existen pequeños grupos que controlan desde pequeñas veredas, municipios y subregiones.
Sólo hay dos grupos con presencia nacional, el ELN y las AGC, pero estos últimos funcionan con “sucursales” o “federaciones” del crimen por fuera de Córdoba y Urabá, sus principales zonas de influencia.
2. No es un conflicto ideológico: Salvo el ELN los demás están desideologizados lo que se traduce a una degeneración de sus prácticas. Nadie intenta tomarse el poder, el ELN aunque aún lucha por un “metarrelato político ideológico” ya solo busca mantener control de las regiones donde tiene presencia.
3. No hay conflicto militar sino delincuencial: No se están formado ejércitos irregulares – como lo eran las FARC- ni unidades de combate; sino de unidades de sicarios y de predadores de rentas, “gente que sirva para extorsionar y ajusticiar ante un incumplimiento”.
4. No luchan contra el Ejército ni la Policía: A diferencia de las FARC que era “una máquina de guerra contra el Estado”, estas “bandas delincuenciales” no buscan confrontar a la institucionalidad, sino controlar a la población y los territorios para explotar en ellos las rentas ilegales.
Para Trejos, estas dinámicas explican por qué la mayoría de las víctimas de estas masacres son civiles, en ocasiones líderes sociales y comunales, pero, en especial las de agosto, personas que de una forma u otra violaron las medidas que estos grupos ilegales impusieron a punta de fusil durante los meses de la cuarentena.
“El Estado debe cambiar el enfoque para enfrentar esta nueva violencia, si lo siguen haciendo con la misma lógica con las que combatían las FARC seguirán en desventaja estratégica”, afirma el experto.
Concluye que el enfoque no puede ser meramente policivo o militar, sino que la seguridad debe ser abordada desde la oferta institucional en los territorios donde no la haya o su fortalecimiento donde es precaria. Esto significa proveer de salud, educación, justicia, mercado y rentas legales y “la promoción de la sociedad civil”.
La ruta, afirma, está trazada en los acuerdos de Paz, cuyas reformas en materia rural, agraria, de participación política y esclarecimiento de la verdad, ayudarían a llevar la institucionalidad que tanta falta hace en los territorios en donde los grupos delincuenciales imponen su ley. Pero, a juzgar por los últimos años del Gobierno de Iván Duque, esto no parece ser una prioridad.