El historiador estadounidense Mark Feldstein afirmó este martes que “criminalizar” la actividad de WikiLeaks, fundado por Julian Assange, equivaldría a “criminalizar el propio periodismo”, al testificar ante el tribunal londinense que dirime su extradición a Estados Unidos.
El académico, que empezó su declaración el lunes, compareció de nuevo por parte de la defensa para concluir su intervención, después de que antes lo hiciera el abogado Clive Stafford Smith, que explicó que las revelaciones del portal fueron “clave” para impulsar litigios por presuntos abusos y crímenes de guerra perpetrados por EE.UU.
A preguntas del abogado defensor, Mark Summers, Feldstein dijo que “es muy común” que los periodistas traten de “recabar de forma activa información de empleados gubernamentales”, como supuestamente hizo Assange con el exsoldado estadounidense Chelsea Manning, y dijo que penalizar eso “sería escalofriante”.
Discrepó con el fiscal, James Lewis -en representación de la Justicia de Estados Unidos-, cuando este arguyó que, a diferencia del caso del australiano, al que se acusa de colaborar con piratas informáticos, los periodistas reciben información “pasivamente”.
“No puede ser correcto decir que la única manera en que los periodistas pueden obtener información es si les llega de forma anónima por correo electrónico”, declaró el experto en periodismo de la universidad de Maryland, en la corte penal londinense de Old Bailey.
Feldstein también afirmó que el contenido del auto de procesamiento emitido por Washington contra Assange, cuya entrega reclama por 18 delitos de espionaje e intrusión informática, prueba que el Gobierno del presidente Donald Trump “tiene a la prensa en su punto de mira”.
EE.UU. atribuye al australiano, de 49 años, haber conspirado con Manning en 2010 y con otros “hackers” entre 2007 y 2015 para publicar ilegalmente información secreta en WikiLeaks.
Las revelaciones en el portal expusieron crímenes de guerra en Irak y Afganistán, archivos sobre las detenciones extrajudiciales en la prisión de Guantánamo y cables diplomáticos que desvelaron abusos de derechos humanos en todo el mundo.
En esta segunda fase de su juicio de extradición, que quedó pospuesto en febrero, se prevé que la defensa llame a declarar a varios testigos para sustentar su tesis de que las acusaciones de EE.UU. tienen motivaciones políticas, aunque la fiscalía sostiene que se trata de meros actos criminales.
Al final del proceso, que durará unas cuatro semanas, la jueza Vanessa Baraitser emitirá su dictamen, que con toda probabilidad será recurrido por la parte perjudicada, lo que significa que todo el proceso podría alargarse durante años.
EFE